Hay de todo. Primero, los productores. En Chile hay dos que son, a su vez, los mayores actores a nivel global, SQM y Albemarle. Son los más importantes en un mercado atomizado y los dos están en el salar de Atacama. A SQM, la estrategia nacional del litio la dejó amenazada, pero le abrió una ventana. A Albemarle, la dejó por ahora intacta.

Segundo, empresas sin operaciones de producción de litio, pero que quieren ingresar a Chile. Entre ellas, varias mineras juniors cuyo modelo consiste en estructurar proyectos, desarrollarlos y luego venderlos, algo común en la minería. Todas aplauden la estrategia. La razón es evidente, según uno de ellos: hasta el 20 de abril, cuando el Presidente Gabriel Boric anunció una política de asociación público-privada para el desarrollo de la industria, no tenían opción de extraer litio. Ahora la tienen, aunque sea con una participación minoritaria, según definió el gobierno.

Tercero, empresas a las que el gobierno abrió opciones preferentes para el desarrollo de la industria, Codelco y Enami, mientras no exista una Empresa Estatal del Litio, cuya tramitación parlamentaria será incierta y dificultosa.

Cuarto, empresas que declaran tener tecnologías de extracción directa para reemplazar la demonizada evaporación en piscinas.

Quinto, los consumidores de litio: fabricantes de baterías de litio y de automóviles eléctricos que buscan asegurar abastecimiento.

Todos podían tener -unos más, otros menos- oportunidades de negocios por la nueva estrategia. La pretensión presidencial es reservar un 30% de los “más de 60 salares y lagunas salinas” que mencionó Boric en su discurso para protección ambiental y desarrollar el resto en asociaciones con privados en las que el Estado tendrá control o participación mayoritaria, dos términos distintos que el gobierno no ha terminado por precisar. Aquello, sin embargo, ocurrirá en los salares denominados estratégicos, cuya definición tampoco está resuelta. “A partir de mayo, los ministerios de Minería y Medio Ambiente conducirán este proceso en el cual se definirán bases y condiciones para poder determinar que salares son susceptibles de ser desarrollados”, respondió Minería a Pulso.

Hay otras cosas por resolver: las mineras junior y otras personas jurídicas tienen concesiones mineras sobre los actuales salares, pero la condición de no concesible del litio, decretada en 1979, hace incierto su futuro. Así, esos derechos podrían ser letra muerta. Sus dueños dicen que no, que esos derechos son relevantes: el Estado no puede explorar libremente en territorio de otros. Y forzar judicialmente la petición de servidumbres puede tardar años.

El Ministerio de Minería responde así a Pulso sobre la validez de esas pertenencias: “Desde el año 1983 (posterior a la promulgación del Código Minero) se han otorgado concesiones para otros minerales distintos del litio, puesto que a partir de 1979 el litio fue declarado un mineral no concesible. Las pertenencias posteriores al 79 que no hayan caducado, están vigentes. La estrategia define que las empresas que desarrollen con el Estado la etapa de exploración tendrán un derecho preferente para asociarse en la etapa de explotación”. “El Estado no puede hacer tabla rasa con esas pertenencias”, dice un actor con interés en el asunto. El reporte de 2015 de la Comisión Nacional del Litio decía que las pertenencias mineras de Corfo, Codelco y Enami abarcaban la mitad de la superficie de los salares chilenos. La otra mitad sustenta el optimismo de los privados.

En un mercado global liderado por SQM y Albemarle, en Chile no están actores como la estadounidense Livent o la china Ganfeng Lithium Group. La nueva apertura del Estado a proyectos con presencia privada -aunque no sea mayoritaria- podría abrir opciones a esas compañías. ¿Cómo? Adquiriendo los proyectos existentes. Y ahí China tendría ventaja. “No tienen problema en asociarse con el Estado. Y hay muchos mirando”, dice un banquero.

A continuación, una lista de los que están y los que quieren estar.

Tiene el 20% del mercado mundial: en 2022 vendió 157 mil toneladas de carbonato de litio, el 75% de lo que se extrajo desde el salar de Atacama. El primer juicio del mercado fue un castigo de 15% el viernes 22, un día después del anuncio presidencial. Algo se recuperó esta semana. La intención gubernamental de quitar el control de su operación en el salar de Atacama amenaza una posición, la de arrendatario de 81 mil hectáreas en ese salar, que en 2022 aportó el 80% de sus ingresos, más que el 47% de 2021. Pero aunque la amenaza, también le abrió una oportunidad: su contrato en el salar de Atacama termina en 2030. El gobierno le propone modificar ese contrato y ceder el control de su operación a Codelco, pero a cambio podría seguir, aunque como minoritario, de ese mismo negocio más allá de 2030.

La empresa en la que participan Julio Ponce y la china Tianqi aceptó sentarse a negociar. A favor tiene un contrato que el gobierno se comprometió a respetar. En contra tiene que, si no se allana, el gobierno ha amenazado con cederle el mayor y mejor activo de litio del mundo, a partir de 2030, a un tercero. SQM ha diversificado su portafolio para depender menos de Chile, pero aquello no se acerca a lo que tiene. En 2025 agregará 55 mil toneladas de hidróxido en China y Australia. En 2022 ganó US$ 4 mil millones, pero pagó al Fisco más de US$ 5 mil millones en rentas de arrendamiento e impuestos a la renta.

La mayor empresa de cobre de Chile y el mundo tiene el derecho preferente para entrar a un negocio que desde hace años miró con desdén. Codelco será la contraparte de SQM en una negociación que será difícil. La encomienda del gobierno se originó en la segunda mitad de 2022, reveló su presidente, Máximo Pacheco. Desde esa fecha la empresa ha venido trabajando los números para esa negociación: ya tiene bancos de inversión y estudios de abogados externos contratados, cuya identidad guardan con hermetismo. Todo lo dirigirá Máximo Pacheco como presidente del directorio, pero la mesa completa se involucrará en las definiciones. Ahí participa Eduardo Bitran, el negociador estrella de los contratos de 2017 con SQM. De seguro tendrá un rol estelar. “Será una negociación entre dos grandes corporaciones”, resume alguien de Codelco. La firma ya ha contactado a personas de SQM para lo que viene.

Codelco ya tenía un pie en el litio, pero su paso ha sido lento. En 2016 el gobierno de Michelle Bachelet le encargó explotar el litio en el salar de Maricunga, un salar de una superficie que no supera el 10% del salar de Atacama y donde hay otros actores -Minera Salar Blanco y Simco- con un camino más avanzado. En 2017, Codelco creó Salar de Maricunga SpA., una filial para desarrollar ese proyecto, presidida por Jaime San Martín, un ex SQM que llegó a Codelco en 2017. Codelco está recién terminando exploraciones en Maricunga. La empresa tiene también pertenencias en otro salar: Pedernales, donde no ha hecho casi nada.

El foco cambió bruscamente para Codelco. La estrategia nacional del litio la ubicó en el centro de las metas más inmediatas. Y Codelco lo asumió como una gran oportunidad -en una época difícil para sus grandes proyectos estructurales- para diversificarse más allá del cobre.

El nerviosismo de la estadounidense Albemarle, firma basada en Baton Rouge, Luisiana, duró segundos. La noche del jueves 20 de abril, Boric encomendó a Codelco negociar con “las empresas que actualmente están en el salar”. Aludía así a dos: SQM y Albemarle. Pero en el mismo discurso, Boric habló del contrato de 2030. Así, interpreta Albemarle, redujo la negociación a un solo actor: SQM.

Albemarle es el primer y más antiguo productor de litio en Chile. Pero entonces no era Albemarle: en 1975 Foote Minerals ingresó al Salar de Atacama asociada a Corfo. En 1984, la Sociedad Chilena de Litio comenzó a producir litio, y en 1989 Corfo vendió su 45% a Foote. En 1998 la alemana Chemetal ingresó a Foote, en 2004 Rockwood Holding compró Chemetal y 2015 Albemarle compró Rockwood.

La posición de Albemarle en el salar de Atacama hace difícil una negociación. Su contrato termina en 2043 y el gobierno la excluyó de las tratativas. “No está considerado”, dijo el vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente, hace una semana. Poco después, el martes, recibió en Corfo a Ignacio Mehech, country manager de Albemarle en Chile. Y la estadounidense se apuró en decir que Corfo había ratificado que no había nada que temer. “La declaración del Presidente del respeto irrestricto de nuestro contrato hasta 2043 es una señal inequívoca”, escribió Mehech ese día.

Albemarle produjo 50 mil toneladas en el salar en 2022 y pagó US$ 650 millones por el arrendamiento de 16 mil hectáreas a Corfo.

Así, para Albemarle la estrategia del litio no es una amenaza. Por ahora. En Codelco asumen que la renegociación con Albemarle será también una realidad. Y tan temprano como este mismo año.

El proyecto de Salar Blanco pretende iniciar su construcción a fines de este año: tiene permisos ambientales, consulta indígena y autorizaciones de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Pretende invertir US$ 700 millones y producir 20 mil toneladas de carbonato de litio, a partir de 2026. Ninguna otra empresa tiene tanto adelantado en el salar de Maricunga. Ni siquiera Codelco. Y por ello, el plan gubernamental lo interpretaron de buena manera.

Salar Blanco es uno de los tres proyectos de Lithium Power International, una junior basada en Sydney, Australia. Los otros dos están en Australia. En Maricunga, Salar Blanco tiene 2.541 hectáreas, de las cuales 1.125 hectáreas son previas a 1979.

El director de Lithium Power, Russell Barwick, reaccionó así: “Está muy en la línea de lo discutido y esperado”. La estrategia nacional, dijo el grupo, beneficiaba al proyecto Maricunga en su primera fase -con las pertenencias pre 79- y la segunda, con sus otros derechos.

La empresa está estructurando el financiamiento de su proyecto y ya ha enviado señales: Codelco es su socio natural en Maricunga. Lo que resta definir es si Maricunga es estratégico. “Para proyectos de valor estratégico para el país, esta asociación deberá tener una participación mayoritaria del Estado”, dijo Boric.

En Minería responden así: “Codelco es quien está llevando las negociaciones en este caso. La estatal ya cuenta con un CEOL (Contrato Especial de Operación de Litio) anterior al anuncio de la estrategia, donde está desarrollando un proyecto en etapa de exploración”.

La ventaja de Salar Blanco la pone en la mira de grandes actores, dice un actor local que advierte que chinos y europeos podrían comprar el proyecto, algo para lo que Lithium Power, una minera junior, fue creada.

El grupo de Francisco Javier Errázuriz Ovalle tiene pertenencias en los alrededores del salar de Atacama y en el salar de Copaisa, en la frontera con Bolivia. Todas posteriores a 79. Su proyecto más avanzado es Maricunga, donde está aliada a un fondo de Singapur, Simbalik.

En Maricunga tienen 966 hectáreas previas a 1979. El plan de Simco es invertir US$ 350 millones. En una eventual alianza con Codelco y Salar Blanco para consolidar todo en un solo operador, Errázuriz cree tener algo que ofrecer que ninguno de los otros dos tiene: una tecnología de extracción directa probada que remplaza a la técnica de las piscinas de evaporación, algo que la estrategia nacional del litio incentiva (ver entrevista en páginas 6-7).

El grupo Errázuriz ha tenido una larga aspiración por ingresar al negocio del litio. Productor de yodo desde los 80 a través de Cosayach, el grupo ganó en 2022 una cuota de 80 mil toneladas metálicas de litio (o 425 mil toneladas de carbonato de litio) al ofertar US$ 60 millones, pero la Suprema anuló todo el proceso.

Si Codelco será la artillería que se focalizará en lo estratégico, Enami será la infantería que podrá focalizarse en los otros salares.

Enami creó el 12 de diciembre de 2022 la filial Enami Litio SpA. La estatal reportó campañas de exploración en salares en 2021 -Aguilar e Infieles-, pero pidió al gobierno un CEOL por cinco salares. A los dos anteriores sumó La Isla, Las Parinas y Grande. Donde hay privados.

Su gerente general, Jaime Pérez de Arce, definió esta semana los bordes de sus intenciones: desarrollar esos cinco salares con inversiones por US$ 1.500 millones, pero donde el Estado no ponga dinero y obtenga el control. La ecuación, así puestas las cosas, es poco atractiva, dice un privado con contactos con Enami.

La china Tianqi y su aliado australiano IGO tienen el 51% de Talison Lithium y Albemarle posee el restante 49%. Talison opera una de las mayores reservas de litio del mundo, pero de roca, no de salmuera: Greenbushes. Tianqi es también dueña del 23% de SQM, una inversión que en un comienzo le trajo dolores de cabezas y ahora es un preciado activo. Tianqi nomina a tres de los ocho directores de SQM y pidió a la Fiscalía Nacional Económica levantar las restricciones que le impiden ser más activa en SQM -libertad para elegir directores; acceder a información del litio-, pero la autoridad lo rechazó. Las prohibiciones caducan a fines de 2024.

La china se ha mantenido silente, pero en la industria suponen que para ellos no sería tan problemático ni inusual compartir la propiedad con el Estado chileno en el salar de Atacama. Mal que mal, tampoco tiene el control de SQM y una renegociación con Codelco les permitiría permanecer en el negocio más allá de 2030. Para los chinos lo estratégico es tener acceso al recurso, al mineral. No solo eso. Tianqi podría ser una alternativa a partir de 2030 si SQM no accede a negociar. O podría comprar alguna junior chilena. O Salar Blanco. “Todo está abierto con los chinos”, dice un experto.

Es una sociedad paritaria entre Talison (Tianqi+Albemarle) y San Antonio Sociedad Contractual Minera, de la familia chilena Vecchiola, dueña de un grupo de servicios integrales a la minería. El proyecto reúne pertenencias en siete depósitos en Antofagasta y Atacama. En total, 39.400 hectáreas: Isla (16.500 hectáreas) Agua Amarga (3.100); Parinas (5.400); Grande (4.000); Aguilar (8.800); Piedra Parada (1.500) y Maricunga (104). La Isla es el que presenta la mejor “ley” del mineral: 1.080 mg/l de litio. El salar de Atacama, la joya de la corona, se acerca a una concentración de 2.000 mg/l.

Esta semana hubo novedades. El lunes, pocos días después del anuncio presidencial, los dueños del proyecto entregaron un mandato a la gestora local Asset Chile para la venta del proyecto Salares 7. De los siete, en cuatro la sociedad es la única propietaria y en un quinto tiene el 95% de la superficie. Es el valor de su activo, junto a los estudios y exploraciones realizadas. Para Tianqi y Albemarle, este proyecto es prescindible. Para otros grandes, puede ser la puerta de entrada. En la nueva estrategia del litio, los Siete Salares valen más que antes. Y están en venta.

Wealth Minerals es otra junior. En una presentación de marzo reporta dos proyectos en Chile: “100% de participación libre de royalties en 144 concesiones de exploración principales”, equivalentes a 46.200 hectáreas en el salar de Atacama (más del doble de lo que tiene Albemarle). En el salar de Ollagüe, fronterizo con Argentina, tiene 8.000 hectáreas.

Igual que otras empresas sin operaciones, solo con proyectos, el anuncio chileno fue aplaudido. “Estoy entusiasmado de que el Presidente Boric haya tenido el coraje de romper el estancamiento de la política gubernamental sobre el litio en Chile”, dijo el 24 de abril desde Vancouver, Canadá, su CEO Hendrik van Alphen. La firma destacó sus relaciones con Codelco y Enami y desde ya se postula a “convertirse en un socio de apoyo”. En Ollagüe, dice que Codelco tiene 4.600 hectáreas adyacentes, con claras sinergias “que podrían aprovecharse en una asociación”.

Wealth Minerals participó en la licitación de cuotas de inicios de 2022, pero no cumplió los requisitos administrativos.

Marcelo Awad, ex Codelco y ex Antofagasta Minerals, que representa a Wealth Minerals en Chile, admite que el uso de sus concesiones mineras en Atacama y Ollagüe dependerán de lo que defina el gobierno. “La única forma de desarrollar los salares es con el Estado. Pero hasta ahora no había ninguna: antes del anuncio era cero”, interpreta Awad. “A quienes no tenían producción se les abrió una posibilidad”.

Wealth Minerals compró en US$ 28 millones las concesiones en el salar de Atacama.

Es una junior canadiense que adoptó el nombre del país de sus ambiciones: Lithium Chile. En sus presentaciones reporta propiedades en 12 salares en Chile, con 111.978 hectáreas, y 20.800 en Argentina, en el proyecto Arirazo. Domiciliada en Calgary, Alberta, la empresa también incluye en sus “propiedades” en Chile al salar de Atacama, con 6 mil hectáreas. De sus 12 salares, el mayor es Llamara, (35.500 hectáreas), seguido de Helados (25.100 hectáreas), Laguna Blanca (14.700) y Turi (8.500).

La empresa es presidida por Steve Cochrane, quien aplaudió la política del litio. “Allanará el camino para que las empresas privadas exploren y desarrollen sus activos”, apuntó. Lithium recordó que Chile había nacionalizado el litio en 1979. “Contrariamente a nacionalizar la industria del litio en Chile, se ha establecido una asociación entre los sectores público y privado que debería permitir el rápido desarrollo de proyectos”.

En marzo, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial concedió una patente a International Battery Metals (IBAT), firma estadounidense que inscribió un “sistema modular de extracción de elementos desde soluciones de salmuera”. IBAT es dueña de la tecnología de extracción directa y es controlada por Ensorcia Metals. Y Ensorcia controla Sorcia Minerals, su filial para Latinoamérica. Rodrigo Dupouy preside Sorcia Minerals, quien se ha reunido con diversas autoridades.

La firma mira con buenos ojos la estrategia chilena y ampara su optimismo en el impulso a la extracción directa. La tecnología de Sorcia fue creada por el doctor en Química Física John Burba, accionista de IBAT, la que se emplea en el salar Hombre Muerto, en Argentina, propiedad de Livent. “Antes el mercado estaba absolutamente cerrado a dos actores y esto nos abre la puerta”, dice Dupouy, quien ha planteado una condición en cualquier alianza con el Estado: Sorcia debe mantener el control de la tecnología. La firma tiene un contrato de arrendamiento -con opción de compra- por 6.000 hectáreas en el salar de Tara, en Chile.

La francesa Eramet ha sido particularmente activa en sus gestiones en Chile. Desde 2017 que la plataforma de lobby registra encuentros con autoridades locales. A fines de ese año, ejecutivos de Eramet se reunieron con el entonces jefe de Corfo, Eduardo Bitran, para “informarse acerca de las oportunidades en el litio en Chile”. Los ejecutivos de la francesa han seguido en lo mismo: la CEO del grupo, Christel Bories, dijo recientemente que estaba abierta a asociarse al estado chileno, pero con una condición que la estrategia nacional del litio del actual gobierno deja fuera de juego: Eramet solo participaría en proyectos donde tuviese el control. Con 5.000 millones de euros en ventas anuales, el 63% de su actividad proviene del manganeso y el 28% del nikel. Recién en 2024 agregará litio a su portafolio.

Eramet está en Argentina y la puesta en marcha de su proyecto Centenario Ratones está prevista para el primer trimestre de 2024. En 2026 pretende producir 24 mil toneladas, pero ya tiene planes para crecer a 75 mil. Eramet tiene el 66,8% del proyecto y la china Singshan Group posee el 33,2% restante. En Salta, Eramet empleará extracción directa.

En una carta al DF, su representante en Chile, Huber Porte, pidió el viernes claridades: sin saber qué salares serán estratégicos y cuáles permitirán esquemas flexibles, “los proyectos van a estar congelados mientras no se conozca”.

CleanTech Lithium es una junior fundada por un socio chileno, Aldo Boitano, y un australiano, Jason Paul Baverstock, quienes tienen cerca del 20%. El fondo australiano Regal tiene otro 20%. La empresa cotiza en Londres desde hace un año y ha levantado 22 millones de libras para el desarrollo de sus proyectos.

En sus reportes declaran tres proyectos en Chile: 67 kilómetros cuadrados en Laguna Verde, 110 kilómetros cuadrados en Negro Francisco y otros 344 kilómetros en Llamara. Boitano cuenta que tienen campañas de exploración activas en los tres. La estrategia, agrega, “me parece que es una oportunidad”. La empresa trabaja el método de extracción directa.

A sus inversionistas, Clean Tech dijo que el control mayoritario del Estado se refiere a activos estratégicos, como Atacama, con el 37% de las reservas mundiales, o Maricunga. “El directorio ha recibido garantías de que los activos de CTL no requerirán la participación mayoritaria del Estado”, declaró en un reporte.

La ley de sus activos es baja en relación a otros salares -Laguna Verde tiene una concentración de litio de 206 mg/l-, pero eso mismo otorga una oportunidad: difícilmente sería declarado estratégico.

Nacida en 1995 en Shenzhen, China, BYD tiene varias líneas de negocio, una de las cuales es la fabricación de vehículos eléctricos. En Chile se estableció en 2014 y ha introducido flotas de taxis y buses eléctricos en el país.

En la licitación de 2022, BYD ganó una de las cinco cuotas entonces disponibles, en US$ 61 millones. La Suprema lo echó abajo. Un año algo después, consiguió entrar, no como minero, sino como fabricante de productos con valor agregado. Hace una semana firmó con Corfo un acuerdo: construirá hacia 2025, en Antofagasta, una planta para producir 50.000 toneladas de material catódico del tipo LFP (LiFePO4) al año, un insumo para las baterías de autos. Invertirá US$ 290 millones. Corfo les adjudicó 11 mil toneladas anuales de SQM, algo que proviene de los contratos de Bitran.

En su deseo manifiesto por el encadenamiento productivo, Corfo ya tiene otros interesados en otras 11 mil toneladas que deberá proveer SQM. Se dice que otra gran empresa china está en posición expectante.

Por las oficinas del gobierno han pasado muchas otras empresas interesadas en el litio chileno. La jefa de Invest Chile, Karla Flores, dijo que 46 empresas de 12 países distintos habían aterrizado solo en cuatro meses. Invest declinó identificarlas por confidencialidad. Pero la plataforma de lobby ilustra.

Una de las últimas fue Tesla, que llegó a Chile de la mano de la también estadounidense Albemarle. El 20 de febrero, ejecutivos de la empresa de Elon Musk se reunieron con Corfo, Cancillería y Minería. “Se plantea interés por conocer los planes de desarrollo de Corfo en la industria del mineral blanco e I+D”, dice uno de los resúmenes del encuentro.

Tesla produjo 1.369.611 vehículos en 2022 y facturó US$ 81 mil millones. La empresa dice que depende del suministro continuo de baterías de iones de litio y cita a dos grandes proveedores: Panasonic y la china CATL. Precisamente esta última fue otra de las que vino a Chile en marzo: ejecutivos de Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), que tiene el 37% del mercado global, se reunieron con los ministros de Economía y Minería.

Antes vinieron varias otras. Por ejemplo, la tecnológica basada en California, Lilac Sotutions, visitó a Corfo para promover su tecnología de extracción directa de litio. Lilac participó en la licitación de 2022, pero no cumplió los requisitos de postulación.

También pasó por la Corfo empresas alemanas, como ACI Systems GmbH. Materia: “Factibilidad de construir una planta para procesar carbonato de litio en contratos de Corfo”.

Y muchas chinas. Ejecutivos de Tsingshan Holding, socia de Eramet en Argentina, el octavo mayor productor de baterías de litio de China, llegó a Invest Chile el año pasado.

El mapa del litio chileno se está redibujando. Al rompecabezas aún le faltan piezas.