Este año ha sido para el hidrógeno un año de definiciones. Países como Estados Unidos, Australia y Canadá han anunciado incentivos para agilizar la implementación de esta tecnología, la que es considerada como uno de los pilares para que el mundo logre sus metas de descarbonización al 2050, ya que se estima que entre el 15% y el 20% de ese recambio pasará por ella.

En Chile se ha seguido un camino distinto. Según fuentes del gobierno, se está preparando el lanzamiento del Plan de Acción 2023-2030, el que entregará la hoja de ruta para el despliegue de la industria de hidrógeno verde. Este plan será dado a conocer en el segundo semestre: en agosto se terminará de ejecutar su preparación, lo que incluye talleres ciudadanos, mesas interministeriales, un consejo consultivo, un comité estratégico y una consulta pública.

Pero antes de eso está previsto que se den a conocer dos hitos importantes, que podrían ir en la línea de la adjudicación de los terrenos fiscales que están en el plan “Ventana Futuro” y que permitirá la instalación de plantas productoras de hidrógeno verde para posicionar a Chile como líder en la producción del llamado combustible del futuro.

Lo segundo sería la instalación de un comité estratégico del plan de acción de Hidrógeno. Este comité dará una asesoría en cuanto a líneas de acción y directrices de amplio consenso para el desarrollo del hidrógeno verde. Estará compuesto entre 5 y 8 participantes, quienes serán invitados por el ministro de Energía. Si se sigue la línea del consejo asesor instalado por el exministro Juan Carlos Jobet, que integró al expresidente Ricardo Lagos, es probable que ahora se incorporen Michelle Bachelet o Eduardo Frei-Ruiz Tagle.

A diferencia de lo que han hecho Estados Unidos, Canadá y Australia, que apostaron por el incentivo del hidrógeno a través de subsidios para hacer esta tecnología más competitiva en inversión y uso, la apuesta de Chile apunta a construir políticas que sean estables en el tiempo, para garantizar a los inversionistas que hay una política de Estado y de continuidad. La pretensión, con ello, es que lo que hayan hecho Jobet y lo que haga el actual ministro de Energía, Diego Pardow, lo mantengan gobiernos futuros.

Un “relato de Estado” apunta que el hidrógeno verde es un mercado de contratos de largo plazo, de 10, 15 o 20 años, muy distinto a cómo se mueve, por ejemplo, el mercado del petróleo. Por ello es gravitante generar confianzas y, desde esa perspectiva, muchos países están menos avanzados. Aseguran que Chile tiene medidos sus recursos naturales, un mecanismo que otros países no tienen, para certificar los electrones verdes que van al proceso industrial y la certificación de las capturas de carbono que son importantes para la creación de combustible sintético. Esto último se está haciendo desde 2015 junto a Japón, un país que está liderando la implementación de esta tecnología. “Hay procesos avanzados que, de no tenerlos, nos llevaría al menos 3 años para implementarlos”, explican los expertos.

El gran desafío chileno es ser capaz de transmitir que se trata de una política de Estado y estable. Según fuentes cercanas al Ministerio de Energía, ese es el mensaje que Pardow ha dado en diversas giras a países a los que Chile quiere exportar (Alemania, Holanda y Bélgica) y que ya han permitido el cierre de importantes acuerdos, principalmente con puertos relevantes como el de Rotterdam y Hamburgo.

Ese mismo mensaje se está entregando a inversionistas, gobernadores y alcaldes para que todos estén del mismo lado. Esto también implica estar de acuerdo con las comunidades y con la oposición. “Cuando se trata de inversión hundida por 10 o 20 años en un lugar, la promesa que uno debe hacer es que esto será estable en el tiempo. Esto ningún otro país lo ha hecho”, dicen desde el gobierno.

Otra definición que está clara y que será incorporada en este plan es un programa con beneficios tributarios para todas las inversiones que son importantes para la transición energética. Esto, porque al interior del gobierno son conscientes de que tienen que hacer algo más en atracción de inversiones.

“Estamos construyendo un mercado de exportación y de nada sirve lanzar un subsidio que será borrado en cinco años cuando empieces a exportar las moléculas de hidrógeno, por estar reñido con las normas de la OMC (Organización Mundial de Comercio)”. En este sentido, en el gobierno creen que Australia tendrá un gran problema si el hidrógeno y los derivados que producen, con subsidios estatales, salen de sus fronteras.

Si bien la estrategia de Chile está enfocada principalmente hacia la exportación (se ha hablado de US$30 mil millones para 2050), en una primera etapa es la demanda interna la que impulsará toda la cadena. Ahí sí se tienen contemplados incentivos como, por ejemplo, subir la carga tributaria a las emisiones, lo que hace más competitivo el hidrógeno verde. Lo más complejo de eso es llegar a la ecuación adecuada, para que no suban los costos a las industrias como celulosas y mineras, volviéndolas menos competitivas a nivel mundial. Lo concreto es que se está trabajando en esta definición del mix.

La estrategia de incentivos para impulsar la demanda interna y la transición a energías más limpias es una de las opciones que entrega el último reporte del World Energy Council: “La política fiscal es un instrumento eficaz para incentivar el cambio de los combustibles fósiles a los nuevos vectores energéticos. En los casos en los que existen regímenes de comercio de derechos de emisión, un mayor precio del carbono podría ser un incentivo especialmente eficaz para permitir el uso del hidrógeno”.

Un ejemplo es el caso de Noruega, que tiene previsto un impuesto sobre el CO2 que se incrementará en 5% anual hasta 2025. Otras opciones contemplan la reducción de los impuestos a combustibles de hidrógeno mediante la reducción de los peajes en las carreteras, las tarifas de los ferries o tasas de aparcamiento para vehículos o embarcaciones propulsadas con hidrógeno, o la exención a los productores de hidrógeno verde de los impuestos directos sobre la electricidad, para fomentar su adopción.

En el plan en desarrollo ya están definidos los polos de exportación de hidrógeno: Magallanes y Antofagasta. Para el 2025 la meta es contar con una capacidad de electrólisis construida y en desarrollo de 5 GW y ser el top 1 en inversiones en hidrógeno verde en Latinoamérica.

Una fuente del gobierno explica que, en cuanto a demanda interna, el esfuerzo está puesto en que haya una sustitución de industria por industria. Tanto en Magallanes como en Tocopilla y Mejillones hay industrias asociadas a combustibles fósiles, con muchas sinergias en la superposición. En el caso del norte, las plantas carboneras, por ejemplo, tienen los permisos y la parte física de captación de agua ya resuelta.

“Que eso se transforme en un complejo industrial de hidrógeno verde hace todo el sentido, porque, además, las plantas carboneras en Chile tienen asociado un puerto para sacar el producto. Por tanto, reconvertir todo eso permite reemplazar la industria de generación del carbón por la industria de generación del hidrógeno”, indican.

En el caso de Magallanes, la industria del hidrógeno tiene mucho parecido con la industria de refinación petrolera, sobre todo en lo relativo a la producción de amoniaco, metanol, biocombustibles.

En el gobierno señalan que si bien el hidrógeno verde está pensado como un producto de exportación, para el proceso de transición energética es más que eso, ya que es una manera de darle una salida al carbón, a la industria petrolera.

También se está viendo al hidrógeno verde como una forma de descarbonizar la industria, por eso la zona de Quintero y Biobío se han subido a este carro como consumidoras, aunque no se descarta que también se pueda exportar desde sus puertos.

A nivel mundial, se han anunciado cerca de 40 estrategias nacionales de hidrógeno -una de ellas, la chilena, que se lanzó en 2020- y todas en distintos avances. En cuanto a la producción de hidrógeno verde, los países difieren en su nivel de desarrollo. Algunos, como Alemania, Japón y Corea del Sur, ya tienen importantes capacidades de producción de hidrógeno a partir de energías renovables.

Hay países que están apostando todo a esta nueva tecnología, tratando de captar la atención de inversionistas de todo el mundo, algunos con la intención de descarbonizar su propia matriz energética y otros con una mirada productora-exportadora. Países como Estados Unidos, Canadá y Australia quieren dar rápido el salto y hacer que los proyectos se concreten. Para ello, están lanzando importantes incentivos, porque saben que quien llegue primero y con precios bajos tendrá ventajas competitivas.

Marcos Kulka, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno Verde (H2 Chile), señala que “esta es una carrera global, donde se puede producir un cuello de botella, porque tienes que poner órdenes de compra para electrolizadores en un escenario de mucha demanda. De hecho, hoy hay mucha más demanda que la capacidad de producción que tienen las empresas en Alemania, Noruega y China, que están produciendo para distintas partes del mundo”.

El último en lanzar una ofensiva importante fue Australia. Ante el retraso en la implementación de los proyectos que tenía listados, y que si no se ejecutaban ponían en riesgo sus compromisos de descarbonización, decidieron dar una señal importante. El 9 de mayo el gobierno anunció que reservó US$1.350 millones de su presupuesto federal de 2023 para subvencionar la producción de hidrógeno renovable o verde.

A través del programa “Hydrogen Headstart” el gobierno apoyará los proyectos disminuyendo la brecha comercial entre el costo de la producción de hidrógeno renovable y lo que los compradores están dispuestos a pagar. Se financiarán dos o tres proyectos emblemáticos que podrían proporcionar una capacidad combinada de electrolizadores de 1 GW de aquí a 2030.

La definición australiana también se basa en su temor a perder ventajas en el sector. De hecho, el Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua declaró en abril que el país ya no era líder mundial en este ámbito, pese a contar con cerca del 40% de los proyectos de hidrógeno limpio anunciados en todo el mundo.

Por su parte, Estados Unidos lanzó el año pasado la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que proporciona créditos fiscales de US$3 por kilogramo de hidrógeno verde, cuyo costo de producción se estima actualmente entre US$4 y US$5. La producción de este país ya asciende a cerca de 10 millones de toneladas por año (10% del volumen mundial), aunque se trata eso sí de hidrógeno gris, en base a gas natural.

Sin embargo, se estima que cuando finalice la reglamentación de la IRA, el próximo semestre, se concentrarán en el hidrógeno verde. De hecho, ya se han anunciado varios proyectos nuevos.

En tanto, la UE quiere respaldar proyectos a través del Banco Europeo del Hidrógeno, y Canadá ha anunciado créditos fiscales a la inversión en proyectos.

En Alemania, por ejemplo, se implementó el programa H2Global, que hace de intermediario en subastas para poder compensar el diferencial de precios entre lo que cuesta producir hidrógeno verde hoy y los costos de producción del hidrógeno gris.

Marcos Kulka señala que hay estudios de Mckinsey que dicen que si Chile genera incentivos como impuestos al carbono para hacer más competitivas a estas energías verdes, podría estar dentro de los 3 o 4 países que podrían descarbonizar su economía en forma positiva y rentable, junto a Austria, Islandia y Finlandia. “Si generamos incentivos completos, podríamos estar hablando del sueño de que Chile sea proveedor mundial de cobre verde, litio y combustible y energía verde”, concluye.