La economía chilena ya está cursando su ajuste. La actividad en septiembre cayó 0,4% en comparación con igual mes del año anterior y se espera que en los próximos meses el Imacec continúe con cifras negativas hasta bien entrado 2023, año para el cual las previsiones apuntan a una contracción entre 0,5% y 1,5%. A ello se suma que la inversión privada se contraerá 4,7%.
Dado este contexto, la inversión pública deberá jugar un rol preponderante para apuntalar la caída del componente privado. Eso en el gobierno lo tienen claro y en especial en el Ministerio de Hacienda, donde la Dirección de Presupuestos (Dipres) desde este año comenzó a realizar distintas modificaciones con el propósito de destrabar los problemas que en 2022 han tenido para la ejecución del gasto de capital.
Ese trabajo poco a poco ha ido dando frutos en el transcurso de los meses, puesto que se ha logrado acelerar la ejecución de la inversión pública: la ejecución del gasto de capital apuró su ritmo y en septiembre alcanzó al 49,4%, frente al 52,2% de 2021. Y por ello, la meta que tiene la Dipres es que al menos se alcance el mismo porcentaje de ejecución del año pasado.
Entre las medidas que se implementaron este año y que se mantendrán en 2023, está el aumento en el límite del 20% en el costo para la adjudicación, dado el impacto que los mayores precios han tenido en los proyectos de inversión. A ello se suma la reevaluación expedita de contratos, junto con implementar mecanismos más expeditos para el término anticipado de contratos. Además, se han ido realizando cambios internos en el Ministerio de Obras Públicas.
Otra medida que se está trabajando y que se espera rinda frutos en 2023 es modificar las normas, instrucciones y procedimientos para el proceso de inversión pública (NIP), lo que se traduciría en reducir los tiempos de aprobación de proyectos.
Así, de acuerdo a la Dipres, el plan 2023 incluye además una mayor flexibilidad en el manejo de recursos de parte de los gobiernos regionales, pero con su debida rendición de cuentas. Asimismo, se agilizarán los tiempos en apertura presupuestaria de proyectos, de 30 días a 20 días, y de modificaciones presupuestarias, pasando de 45 días a 20 días.
También se permitirá que los gobiernos regionales puedan ser “Unidad Ejecutora”, es decir, no tendrán que buscar un tercero para llevar a cabo sus proyectos, sino que los podrán hacer directamente, lo que según la Dipres permitirá acelerar la ejecución. No obstante, anticipan que “será un proceso gradual”.
Dentro del plan de trabajo se incluye una mayor flexibilidad para los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo. De esta manera, se incorporan glosas en el Plan de Emergencia Habitacional para fomentar la industrialización de la vivienda social y reducir tiempos de tramitación. Asimismo, se ampliará la acción directa del Servicio de Vivienda y Urbanismo para, por ejemplo, contratar obras habilitación de terrenos, demoliciones, entre otras.
También se generará una mayor oferta de viviendas para grupos vulnerables en barrios centrales de las ciudades, con bienes inmuebles que se construyan en él. Y se flexibilizará la ejecución de proyectos habitacionales rurales, entre otras.
En el caso del Ministerio de Obras Públicas, se facilitarán convenios con terceros en la formulación y ejecución de proyectos y se facilitará la ejecución de Infraestructura Hidráulica Agua Potable Rural (APR), permitiendo “agrupar” y anticipar los ítems de conservaciones.
Ejecución a septiembre
De acuerdo al informe de Ejecución Presupuestaria a septiembre de la Dipres, el “gasto de capital acumulado a septiembre entre los años 2013-2022 muestra que los resultados de gasto capital, que son la suma de la inversión y las transferencias de capital, no presentan una diferencia significativa para 2022, debido a que la caída de la inversión es compensada en gran medida por el crecimiento de las transferencias de capital”. Este año, a septiembre, ya llega prácticamente al 50%.
En ese sentido, explican que “este año se implementó una nueva estructura presupuestaria en los gobiernos regionales, considerando que la imputación de las iniciativas de inversión no se registra en inversiones, sino que en transferencias de capital, lo que explica una porción significativa de la reducción de la inversión total con respecto al mismo período en 2021″.
En cuanto a la inversión en regiones, el rezago en septiembre se mantiene. En términos acumulados, los gobiernos regionales ejecutaron, en su conjunto un 42,6% de su presupuesto vigente para inversiones, lo que resulta inferior respecto a lo registrado al mismo mes del año 2021 (53,6%), observándose para el año en curso una dispersión de 28,5 puntos entre los Gobiernos Regionales de mayor y menor ejecución acumulada.
