El proyecto que busca proteger la información digital de los chilenos

Durante la última cuenta pública, el Presidente Sebastián Piñera anunció el ingreso al Congreso de un proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, proyecto desarrollado en conjunto con el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) del gobierno, y dependiente de la Subsecretaría del Interior. Actualmente el proyecto de ley se encuentra en las revisiones finales y se espera sea presentado al Congreso en julio.

El organismo pretende ampliar la agenda de Seguridad Pública del gobierno al mundo digital, que por estos días de hiperconexión, se ha mostrado muy vulnerable a los ataques cibernéticos.

Al respecto, Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, explicó que “esta agencia será el órgano que entregue seguridad a los chilenos en el ciberespacio, que proteja los bienes y activos de la sociedad digital, y que se coordine con el sector privado de manera permanente para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el ciberespacio”.

Agregó que “ya que no podemos olvidar que en los sectores productivos privados se concentra la mayor cantidad de las iniciativas digitales, que constituyen las nuevas infraestructuras críticas informáticas de la cuarta revolución industrial”.

Galli, eso sí, recalca la diferencia que existe entre la prevención de los delitos de esta índole y los comunes. “La prevención de los delitos informáticos es distinta a la prevención de los delitos tradicionales, dado principalmente por factores como la motivación delictiva, las formas de accionar sofisticadas y las capacidades técnicas necesarias para su comisión, es por ello que en los delitos informáticos no tienen cabida los cuasidelitos”.

El subsecretario cree que esta agencia “será un verdadero legado en la materia, nos dará el marco necesario para cambiar la actual agenda de ciberseguridad por una estrategia permanente de ciberseguridad, con planes y políticas públicas concretas permanentes y perdurables”.

La iniciativa tomará como bien jurídico proteger “la seguridad pública en el ciberespacio”, esto es básicamente proteger los activos de la economía digital, que son datos y procesos ordinarios críticos para el país, tanto del sector público como especialmente del sector privado, considerado infraestructura crítica de la información.

La iniciativa es una de las primeras en Latinoamérica relacionadas con esta materia, y según insiste Galli, concentra por un lado la gobernanza en la materia y, por otro, la protección de la infraestructura crítica de la información.