El 5 de diciembre de 2019, exactamente un mes después de que Cecilia Karlezi asegurara el control del 50,05% de la propiedad de Clínica Las Condes, la abogada Paola Bruzzone Goldsmith (56 años) asumió como integrante no independiente del directorio del hospital privado. Se convertía así en representante en la mesa directiva de la nueva accionista mayoritaria de la clínica y acompañaba a quien Karlezi eligió, ese mismo día, como presidente, su pareja, el retirado marino mercante Alejandro Gil Gómez (76).

Cinco años y 11 días después, este lunes 16 de diciembre, Bruzzone, considerada en su momento mano derecha y consejera legal de Gil, anunció su renuncia al sillón de directora y vicepresidenta de la clínica y de presidenta de la filial Seguros CLC. Tres semanas antes, la compañía admitió pasivos no reconocidos por más de $7 mil millones en sus estados financieros del año 2023.

Este rompimiento se produce tras un quinquenio de administración de la clínica, que ha visto pasar a seis gerentes generales, la renuncia de casi 300 médicos y un deterioro de los ingresos que le ha implicado severos problemas de flujos, que acarrearon sendas rebajas de clasificaciones de riesgo. La última, el viernes, por parte de la agencia Humphreys.

Uno de los hitos más significativos de la gestión de Bruzzone, y que marcó el itinerario de Gil al mando de la clínica, fue cuando la abogada lideró la negociación con los médicos para un polémico cambio en sus contratos, donde pasaron de aportar el 6,7% de sus honorarios a la clínica al 10%. Este proceso, por el que recibió $60 millones como honorarios, según un reportaje de Pulso de la época, fue el inicio de una tensa relación entre los controladores y los facultativos, lo que derivó en su éxodo masivo de profesionales.

La conducción de este proceso, considerado un éxito por la administración, desembocó en su nombramiento como vicepresidenta de la sociedad, el 29 de septiembre de 2020, cargo que desempeñó hasta el lunes pasado.

Aunque las actas de las sesiones de directorio no son públicas, de acuerdo a exdirectores de la compañía Bruzzone ha sido un apoyo constante de las decisiones que Gil adoptó en la mesa y no recuerdan alguna definición relevante donde haya ella votado en su contra.

En paralelo, la oficina Bruzzone y González Abogados (B&G), de la cual la exdirectora es socia, fue el bufete que la clínica contrató, con la anuencia del directorio, como asesora legal desde 2020 hasta ahora.

Paola Bruzzone es abogada de la Universidad de Chile. Inició su carrera en 1993 como abogada interna de la isapre Unimed, donde participó de su proceso de venta al grupo estadounidense Cigna. En 1995 pasó a integrar la firma Lewin y Cía. como asociada y luego socia, donde tenía como cliente a Falabella. Allí realizó algunas asesorías a miembros de las familias controladoras de Falabella, como los Karlezi Solari. A partir de ese vínculo, en 2013 fue nombrada gerenta legal corporativa del holding de retail, donde además ejerció como secretaria de varios directorios.

Allí fue cimentando una relación con Cecilia Karlezi, con quien se hizo cercana.

Pese a ello, se rindió a una oferta irresistible de la auditora EY, donde sin mediar carrera interna, llegó directamente al comité ejecutivo como socia y en un año, en 2016, creó una nueva área llamada EY Law. Problemas con sus pares en la auditora la llevaron a renunciar en 2017, junto a su socio Osiel González, para fundar su propia oficina de abogados especializados en derecho comercial y tributario, B&G.

Tras dos años trabajando en su propia firma, Karlezi y Gil la contactaron para que los acompañara en su proyecto en Clínica Las Condes. Una idea compleja, dadas las ideas que los nuevos controladores tenían para el centro hospitalario. Sólo en su primer año como dueños la clínica tuvo cuatro gerentes generales y en los cinco años, ha tenido seis, incluyendo al actual Pablo Ortiz.

De acuerdo a las memorias de los años 2020 al 2023, Bruzzone como directora percibió una dieta total de $145,6 millones, un promedio de $3 millones mensuales. Y su oficina jurídica, entre enero de 2020 y septiembre del 2024, según los estados financieros de CLC, recibió honorarios totales por $ 983 millones (casi $22 millones mensuales) por un contrato de “asesorías legales” que fue visado por la mesa. Conocedores de este contrato afirmaron que no representa un porcentaje relevante en la facturación total del bufete B&G: “Está muy lejos de ser un gran contrato en comparación con otros de la industria, y ha demandado una gran cantidad de horas de parte de diversos expertos legales de B&G e incluso la dedicación de una abogada permanente en las oficinas de CLC”.

En todo caso, el involucramiento del estudio B&G en CLC ha sido tal que una abogada de esa oficina, Teresa Aldunate, fue secretaria de actas de la clínica en los primeros años de la gestión de Gil y entre el 26 de abril de 2024 y el pasado lunes, otra jurista de su oficina, Macarena Santibáñez, llegó a ser directora de CLC, pero dimitió junto a Bruzzone. Esta abogada de 31 años tenía una carrera similar a Bruzzone, pues antes tuvo pasos por Falabella y por EY Law. “De empresas abiertas en bolsa, creo que es la directora más joven. Una directora de 31 años es muy excepcional en empresas grandes”, dijo Alfredo Enrione, director del Centro de Gobierno Corporativo del ESE Business School de la U. de los Andes.

Personas que trabajaron en la clínica señalan que desde que llegó al directorio, Bruzzone fue la principal consejera de Gil, rol eso sí que perdió al año siguiente, cuando sus disputas judiciales se agravaron y el presidente de la clínica contrató al litigante Sebastián Oddó como asesor legal. Sin embargo, la relación entre Gil y Oddó se rompió en 2023, y fue un abogado que trabajaba con Oddó, Álvaro Jofré, quien asumió la titularidad de los diversos frentes judiciales abiertos en la clínica. Bruzzone se mantuvo como directora y asesora legal. De hecho, encabezó la negociación con la isapre Colmena, que había terminado su convenio de atención con la clínica en diciembre de 2023, y que se firmó el pasado 17 de octubre de 2024.

Al 30 de septiembre de 2024, la clínica enfrentaba al menos 326 litigios judiciales: 83 juicios civiles, 11 arbitrales y 232 laborales. Además, tiene abiertas a lo menos siete causas penales, cuatro en contra del centro hospitalario, y tres que ha interpuesto CLC (*).

La última de estas querellas fue presentada el pasado martes por la sociedad médica Servicios de Anestesiología Limitada en contra de todo el directorio de la clínica y de su primera línea de gerencia por estafa, apropiación indebida y entrega de información falsa al mercado, pues acusan al centro hospitalario de no pagar un total de 75.327 prestaciones de estos profesionales desde el año 2021 por un total de $7.323 millones, cifra que, según la querella, coincidiría con el monto de pasivos no reconocidos del balance 2023 que CLC admitió en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) del 26 de noviembre.

La última de la saga de controversias que ha sufrido CLC es la que se desató el martes 26 de noviembre.

Ese día a las 20.18 horas, CLC emitió un hecho esencial, que repitió otras dos veces, a las 20.26 h y a las 20.31 h, para informar que el directorio y el comité de directores habían tomado conocimiento de que en los estados financieros parciales al 30 de septiembre de 2024 “se detectaron diferencias respecto a pasivos no reconocidos durante el ejercicio del año 2023 por la suma de $7.374,9 millones”. La mesa acordó “por unanimidad” corregir retroactivamente el balance y los resultados, por lo que los pasivos subieron de $29.401 millones a $36.776 millones y el patrimonio se redujo de $67.460 millones a $60.085 millones.

Los pasivos no informados provendrían de deudas con proveedores, cuya lista estaría con nombre y monto en manos de la CMF, y no correspondería a la deuda con los anestesiólogos, dijo una fuente cercana al directorio, y que se habrían producido porque la clínica no habría emitido las órdenes de compra correspondientes, por lo que las facturas no habían sido pagadas.

Fuentes que supieron del hecho contaron que fueron tanto el gerente general como el gerente de finanzas quienes informaron a la mesa del error contable. Sin embargo, las tensiones se agudizaron en el directorio. Algunos miembros, incluida Bruzzone, no estuvieron de acuerdo con la redacción del primer hecho esencial, “porque no reconocía el espíritu de lo acordado”, por lo que exigieron que se enviara un segundo documento a la CMF transcribiendo textual el acuerdo del directorio, que incluyó la contratación de una auditoría forense con la firma KPMG, que en la última junta ordinaria de accionistas presentó la oferta alternativa a la ganadora de EY.

La querella de los anestesistas le puso aún más gravedad. De hecho, ningún director quiso hablar públicamente ni de los pasivos no reconocidos ni de la dimisión de la vicepresidenta.

La propia Paola Bruzzone, a través de su agencia de comunicaciones, señaló que por el momento no iba a referirse a su renuncia como directora de CLC y la aseguradora. Su encargado de comunicaciones se limitó a señalar: “Saquen sus propias conclusiones”. Fuentes conocedores del tema dijeron que Bruzzone venía “masticando” hace tiempo su salida de CLC, producto de sus diferencias con la administración de la sociedad en la forma en que se gestionaba la clínica, y que el tema de los pasivos no reconocidos hizo acrecentar aún más estas diferencias.

Fuentes que conocen a los directores de los accionistas minoritarios comentaron que ellos están tranquilos ante las consecuencias legales de la querella, puesto que “nunca firmaron los estados financieros de la compañía ni las memorias”. Pero cercanos al directorio aseguraron que esta negativa obedecía “a que no estuvieron de acuerdo con el porcentaje de provisiones sugerido por los expertos a raíz del litigio con Fonasa” y no a dudas sobre los balances.

Un exdirector y accionista de CLC que compartió con Bruzzone es el médico Herbert Spencer, histórico opositor a la gestión de Gil, quien cree que la intempestiva salida se relaciona con que “la señora Bruzzone está arrancando. En la demanda de los anestesiólogos se dan antecedentes claves. Es grave para la CMF, pues públicamente objeté y pedí que la CMF anulara el aumento de capital (de mediados de año de CLC), porque los balances no reflejaban los verdaderos pasivos de la clínica y no habían sido firmados por todos los directores. Y la señora Bruzzone no puede alegar desconocimiento de lo ocurrido ni de las implicancias legales de actuar como directora”, reclamó.

Dos días después de que dimitieran Bruzzone y Santibáñez, renunció el gerente general interino de Seguros CLC, Cristián Volkwein, quien fue reemplazado por el subgerente de administración y finanzas, Antonio Saavedra.

Por su parte, el abogado de los anestesiólogos, Gabriel Salazar, señala que la renuncia de la abogada fue motivada por “la existencia de eventuales ilícitos e irregularidades en la clínica con la filial de seguros (de la cual es presidenta). Ella, como abogada, debió haber analizado el problema que en líneas generales tiene el grupo CLC y las eventuales responsabilidades que el cargo de directora le impone frente a la actual legislación”.

Consultada la clínica por la salida de Bruzzone, su asesora de prensa, la exanimadora de TV Bárbara Rebolledo, señaló que CLC no se va a referir a las renuncias. “Sólo ellas se pueden referir a su salida”, añadió.

(*) Una de las querellas de CLC fue presentada contra el autor de este artículo.