“Cuando se prevé que algún proyecto se construirá, ellos comienzan acercamientos y negociaciones con las empresas mandantes. Es lo que ocurrió con el sindicato que represento, que agrupa a alrededor de 35 mil trabajadores faeneros de todo el país, y, de ellos, 3.729 residentes en la Región de Coquimbo”, explicaba el 18 de diciembre el abogado y exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, ante el Primer Tribunal Ambiental en sus alegaciones en contra de la calificación ambiental desfavorable a Dominga, el proyecto minero portuario de Andes Iron, ubicado en la comuna de La Higuera.

“Sindicatos como el que represento tienen el mandato de sus afiliados de encontrarles oportunidades y negociar condiciones de empleo”, añadió el también expresidente del Partido Socialista, quien ha sido criticado por su participación en este caso.

Andrade es desde fines de 2023 abogado del Sindicato de Faeneros de Chile (Fadechi), una entidad heredera de varias décadas de labor sindical y movilizaciones que, en los últimos años, derivó al diálogo como la clave de la negociación (sin renunciar a las protestas en la calle), convirtiéndose en un actor intermedio cada vez más presente en las negociaciones de las grandes empresas contratistas.

Su modelo consiste en tomar la representación de los trabajadores temporarios de las grandes faenas y sentarse a negociar condiciones laborales. A cambio, participan del pago de las cuotas sindicales. Ya han cerrado acuerdos en diversas obras donde estaban trabajando Bonatti, Acciona y Techint Chile, tres de las grandes contratistas de la minería y la construcción.

En mayo de 2023, Fadechi, que entonces se llamaba Sinamind, cambió de nombre y decidió salir a competir por conseguir mejores de condiciones para sus faeneros, mostrando una serie de negociaciones exitosas como carta de presentación, lo que le permite operar como una bolsa de empleo. En eso se topó en Iquique con Sintec, otro sindicato interempresa con el que terminaron acusándose mutuamente de agresiones para arrebatarse la negociación colectiva de Abengoa, que ejecutaba obras en el proyecto minero Quebrada Blanca, en Iquique.

Varios de estos sindicatos interempresa son tributarios -después de varias escisiones- del Sinami, Sindicato Interempresa Nacional de Montaje Industrial, una combativa organización interempresa que fue muy conocida entre fines de los 80 y la década de los 90.

“Los faeneros nos cansamos de la corrupción sindical y decidimos tomar el control de nuestro propio destino. Este sindicato de faeneros está formado y dirigido ahora por los propios faeneros. Rompimos las cadenas del pasado y terminamos de una vez por todas con la cocina sindical que negociaba a espalda de los trabajadores”, se puede leer en la página web de Fadechi, donde su presidente, Robinson Romero -un soldador de Lota- explica las razones del cambio de nombre de la entidad y su distancia con otras organizaciones, un mundo donde el aprecio mutuo escasea.

Firmado en noviembre de 2022 en La Serena por el gerente general de Andes Iron, Pedro Ducci, y el presidente de Fadechi, Róbinson Romero, el Memorándum de Entendimiento entre las partes establece el interés de la minera por contratar personal provisto por el sindicato, nada más aprobarse el proyecto que implicará una inversión de US$ 3 mil millones.

Osvaldo Andrade cuenta que cuando él fichó por Fadechi en 2023 se preocupó de estar bien seguro de que Dominga no les estaba pagando. “En este acuerdo no hay ningún aporte de la empresa”, dijo a Pulso.

Dominga ofrece contratar solo para su fase constructiva a 10 mil personas, por un periodo que se extendería entre 3 y 5 años. Y para la fase de explotación abrirá cerca de 4 mil vacantes.

El preacuerdo determina que una vez aprobado el proyecto, Dominga privilegiará la mano de obra local en todas las licitaciones que realice para la construcción y explotación de la mina (hierro y cobre) y el puerto. Todas las bases de estos concursos deberán, además, estar alineadas con remuneraciones que se ubiquen en al menos el promedio de mercado; con reajustes semestrales en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor; con implementos de protección personal de seguridad estandarizados y con alimentación adecuada. Además, se establece que las empresas contratistas que presten servicios a Dominga cuenten con un seguro de vida para los trabajadores, cofinanciado a bajo costo, que los buses para los traslados tengan comodidades mínimas y los campamentos ofrezcan iguales condiciones para todos. La minera se compromete también a valorar de mejor manera en las licitaciones a aquellos oferentes que incluyan medidas de no inclusión, pro diversidad, respeto a las relaciones laborales, comunicación permanente, entre otras medidas.

En el mundo minero, ejecutivos sostienen que en los últimos años se ha creado una verdadera industria de sindicatos interempresas, que, además de elevar los costos, tienen un poder tan creciente que varias firmas prefieren pactar con ellos con el fin de “comprar la paz”.

Gracias a esta forma de hacer sindicalismo se han logrado además de alzas salariales, beneficios históricos como bonos de término de negociación para soldadores, eléctricos, tolveros, paiperos, andamieros, albañiles, montajistas y otros oficios que son estratégicos para el desarrollo de cualquier gran proyecto.

Osvaldo Andrade sostiene que, más que “comprar la paz”, lo que estos sindicatos han logrado es dar certezas a todos los involucrados en el proceso productivo, ya que tienen el mandato de sus afiliados de encontrar oportunidades de empleo y negociar sus condiciones, lo que permite a la firma dueña del proyecto llegar a término con su negocio y a los faeneros acceder a empleos de mejor calidad. “Esta es una condición de diálogo laboral que no evita que sea igual de dura, pero establece una relación más fluida”, explicita el también exdiputado.

Según cifras de la Dirección del Trabajo, entre 1991 y 2015 el número de sindicatos interempresa pasó de 572 a 1.235 y entre ese año y 2021 saltó a 1.353.