Este martes el pleno del Tribunal Constitucional (TC) culminó la revisión y análisis del proyecto de ley sobre delitos económicos y medioambientales que envió el 20 de junio la Cámara de Diputados para su control de constitucionalidad.
Todos los ministros del TC, luego del trabajo desarrollado durante los días 28 y 29 de junio y 18 de junio, culminaron la revisión y adoptaron un acuerdo, que según fuentes cercanas a esta instancia, estimó que todos los aspectos del proyecto que fueron sometidos a su análisis y control se apegan a la Constitución Política vigente.
De acuerdo con la certificación de la última sesión plena del TC, que suscribe el relator Luis Riffo, primero confirma las fechas de análisis del proyecto. Luego precisa que asistieron a las sesiones la ministra Nancy Yáñez Fuenzalida (Presidenta), además de los integrantes, ministros Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva, José Ignacio Vásquez Márquez, María Pía Silva Gallinato, Miguel Ángel Fernández González, Daniela Marzi Muñoz y el suplente de ministro Manuel Núñez Poblete.
Por último, el relator ratifica que “este martes fue adoptado un acuerdo”.
Lo que viene ahora es que el TC dispone de un plazo de 30 días para sistematizar su decisión favorable al proyecto, que en caso de ser necesario, se puede extender por otros 15 días. Sin embargo, las fuentes dijeron que es muy probable que la sentencia sistematizada se divulgue hacia el próximo martes y ello se comunique al Congreso, a la Contraloría General de la República y otros organismos pertinentes.
Luego, como el proyecto no incluye reparos constitucionales, podrá ser publicado como ley y entrará en vigencia en las mismas condiciones en que fue enviado desde el Congreso, tras el veto que introdujo el gobierno.
En relación a los téngase presente presentados al TC, en defensa del proyecto, por parte de parlamentarios oficialistas como Claudia Pascual y otros el 17 de julio; otro hecho por la diputada Danisa Astudillo y otros el 13 de julio; además de los presentados por el senador Matías Walker y otros el 12 de julio, no fueron abordados por los ministros del tribunal y pasaron a engrosar el expediente del caso, según explicó la fuente.
Lo mismo ocurrió con el téngase presente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que realizó ante el Tribunal Constitucional sobre el proyecto de ley que sistematiza y penaliza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente, que tardó varios años en ver la luz y que fue despachada por el Congreso el 16 de mayo pasado. En su presentación, el gremio empresarial solicitó al TC tener presentes “las consideraciones y vicios de inconstitucionalidad contenidos en preceptos del proyecto de ley”.
