Los últimos kilómetros de carrera de la mayor reforma del gobierno de Gabriel Boric comenzaron esta semana. De la mano de la irrupción técnica y mediática del ministro de Hacienda, Mario Marcel, como actor principal de la reforma previsional, el gobierno presentó una propuesta que incluye una nueva fórmula para el 6% de cotización extra y que también amenaza con subir la tensión en los actores clave de la negociación política.

Consignado como el mayor legado que podría dejar la administración del gobierno de Gabriel Boric, el proyecto previsional, enviado al Congreso en noviembre de 2022, busca cerrar, en un último intento, un capítulo de cerca de 10 años de variados ensayos por construir un acuerdo que viabilice una reforma al sistema de pensiones.

“Lo que este documento muestra es que ya no nos quedan puntos donde haya diferencias irreconciliables”, dijo sorpresivamente Marcel en radio Pauta esta semana, lo que desató intensas reacciones políticas.

Pero la propuesta del gobierno no sólo ha desnudado las diferencias de negociación que irrumpen en la oposición, sino también la estrategia del oficialismo para satisfacer políticamente con la propuesta a todas las sensibilidades que hay en su coalición.

El tonelaje de la misión encargada al equipo económico, que incluye a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, obligó la semana pasada al ministro Marcel a restarse de la gira presidencial a Emiratos Arabes. “Me voy a dedicar 100% al tema previsional en los primeros días de la próxima semana”, dijo Marcel previo a lanzar la propuesta este miércoles. La mayor presencia de Marcel en la recta final de la reforma, cuyo liderazgo comunicacional estaba hasta ahora en manos de la ministra Jara, coincide también con que la nueva propuesta fue diseñada técnicamente en Hacienda y la Dipres.

En nueve páginas y 45 propuestas, el gobierno resumió la fórmula para mejorar el sistema de pensiones ante la Comisión de Trabajo del Senado, donde planteó que el 6% de cotización adicional con cargo al empleador se distribuya de una manera distinta a la que había planteado hasta ahora.

El texto propuso que un 3% se destine a las cuentas de capitalización individual y otro 3% vaya a un fondo que financiará solidaridad. Esta última modalidad origina la creación de un fondo de seguro social que se nutrirá de una cotización permanente de cargo del empleador de un 1% (el que financiará el seguro por diferenciales de expectativa de vida entre hombres y mujeres) y un aporte de 2% de carácter transitorio que apunta a financiar bajas pensiones actuales y futuras y que será devuelto al cotizante momento de su jubilación. Este último aporte, que operará como un préstamo reembolsable con un interés de entre 2% a 3%, será de cargo del empleador durante 20 años.

Pero la propuesta de gobierno también incluye temas clave como separar contable, administrativa y legalmente las funciones de administración de cuentas y gestión de inversiones que realizan las AFP, de tal modo que puedan ser provistas por entidades distintas, y licitar grupos de afiliados en un porcentaje de hasta 10%.

Además, la propuesta aumenta el valor de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil y mantiene su cobertura en el 90% de los pensionados, tal como establecía originalmente el proyecto de ley. Asimismo, se planteó sustituir el esquema de multifondos por fondos generacionales, lo que genera un acuerdo transversal técnico y político.

Para muchos el paso dado por el oficialismo esta semana constituye el intento final por lograr un acuerdo durante este gobierno, el que estará marcado por el periodo eleccionario que parte con las municipales de octubre de este año.

“Este es el último intento por sellar un acuerdo previsional en este gobierno. Hay bases para estar optimistas ya que el mundo político ha mostrado algunas flexibilidades. De todas formas, en los últimos 200 metros de esta carrera se necesitará un esfuerzo adicional y estos estarán muy influenciados por los resultados de las municipales, en particular para Chile Vamos y Republicanos”, reconoce Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda del último gobierno de Michelle Bachelet.

Matiza el exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo. “Quien crea que esto es una carrera corta, comete un profundo error de diagnóstico. Esto se cruza con un período de elecciones y con autoridades que serán candidatos el próximo año. Me parece que la última ventana se abrirá después de las elecciones municipales. Es como un déjà vu, espero que el resultado no sea el mismo que vivimos el 2021″, sostiene Acevedo, quien ha sido consultado en temas fiscales durante la tramitación de la reforma de pensiones por parlamentarios de oposición.

Pese a las zigzagueantes declaraciones desde la oposición luego de la propuesta oficialista, en el mundo político reconocen que existe un piso para avanzar hacia un acuerdo en materia de pensiones antes del cierre de este gobierno. Sin embargo, en Chile Vamos las diferencias de cómo enfrentar el último tramo de la negociación promete un “cortocircuito” político.

Los recientes y solitarios acercamientos que ha tenido el presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, con los ministros Marcel y Jara para pavimentar un acuerdo y evitar que el problema previsional se traspase a un eventual gobierno de derecha, ha despertado resquemores en la UDI, un partido que se ha mostrado más crítico con la reforma en medio de la amenaza que significa el creciente poder electoral de Republicanos.

Un clave negociador oficialista cree que en esta carrera de liderazgos en la derecha, se juega también el que será el futuro puente entre un eventual gobierno de derecha a partir de 2026 y la oposición de entonces. “Hay una pelea más fuerte que se está dando en la derecha y apunta saber quién será el negociador, el hombre fuerte. Galilea puede jugar un rol muy importante en el próximo gobierno. Se está mostrando como gran negociador”, reflexiona la misma fuente, quien le asigna un 60% de posibilidades a que haya un acuerdo dada la “energía” con que han empujado el consenso tanto RN como Evópoli. De hecho, esta semana fue el propio Marcel quien hizo un guiño al presidente de RN al revelar que la propuesta de generar un préstamo reembolsable para mejorar las pensiones es de la autoría del senador opositor.

Pragmático, el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, reconoce que dentro de los 45 puntos de la propuesta del gobierno hay temas de consenso, aunque estima que otros puntos “no están bien terminados” y que necesitarán tiempo para poder analizarlos.

El parlamentario cree que podría haber un espacio de negociación luego de las elecciones municipales de octubre. “Es cierto que hay varios temas en los que sí hay acuerdos. El problema es que hay varios temas centrales en los que no hay acuerdo. Esto no se va a votar antes de las elecciones municipales. Entre noviembre y marzo, que es un tiempo donde está menos politizado el ambiente, se puede llegar a un acuerdo razonable”, estima Cruz-Coke, quien lanza sus dardos contra la ministra Jara por su continua insistencia en adelantar la votación de la idea de legislar en la Comisión del Trabajo.

“Acá hay dos posiciones. Una es la del ministro Marcel, que es una persona que tiene experiencia en sacar adelante negociaciones, en llegar a acuerdos y en trabajar con prudencia y reserva … y está el Partido Comunista … y la ministra Jara, que está obsesionada con el tema electoral”, dispara el senador de Evópoli.

Más cauto y conservador a la hora de hablar de acuerdos, el senador UDI y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma, recalca que existen planteamientos contradictorios en el texto del gobierno, y afirma que el análisis de la propuesta requiere de tiempo. “Cuando la gente me dice que se está cerca de un acuerdo, yo no lo veo; y cuando dicen estamos lejos de un acuerdo, tampoco lo veo. Muchos de los puntos son importantes, pero otros son contradictorios con lo que los técnicos han planteado. El sistema de discusión con que se avance es importante, la idea es que no se fuerce a votar algo sino está entendido y también que se den los espacios para que en un período razonable se resuelva”, afirma.

Para el mundo técnico y político, la batalla clave en adelante se dará en torno al diseño, gobernanza y tamaño del fondo que administrará la cotización extra solidaria y cuánto más del 3% propuesto puede destinarse a capitalización individual, de modo de sumar a los parlamentarios de oposición al acuerdo.

Un negociador oficialista confidencia que es posible llegar a una ecuación de 4% a cuentas individuales y 2% a solidaridad, entendiendo que el tamaño del financiamiento destinado al préstamo reembolsable depende del universo de beneficiarios al que se apunte. “Si se acotan los beneficios, se puede reducir el tamaño del préstamo de 2%. La madre de todas las batallas va a estar en ese monto de beneficios y el nivel de la tasa de interés asignada”, precisa la misma fuente. En Chile Vamos también creen que el 1% que financiará el seguro por diferencias en expectativas de vida entre un hombre y una mujer requiere mucho menos recursos de los planteados.

Desde la oposición también creen que para hacer viable el aporte solidario de 2% es necesario mantener el principio de la propiedad de las cotizaciones. “Estos recursos deben ser invertidos desde la cuenta individual en el instrumento de deuda y deben quedar registrados igual como lo hace cualquier otra inversión que realizan las administradoras con bonos corporativos, de instituciones financieras o soberanos, locales e internacionales, sin ninguna excepción. De lo contrario, generará legítimas dudas entre los expertos sobre la propiedad de la cotización del afiliado”, sostiene Matías Acevedo.

El senador Cruz-Coke complementa el análisis. Cree que hay poca claridad sobre la gobernanza y el funcionamiento del fondo público que administre solidaridad. “Una buena solución sería que el Estado no sea el protagonista”, afirma el senador de Evópoli. “Si esto se hace bien, vamos a solucionar un problema, vamos a legitimar el sistema de capitalización individual, vamos a hacer competir a la AFP, vamos a mejorar las pensiones (…) Es un asunto pragmático”, añade Cruz-Coke.

Un funcionario de gobierno que ha participado en las negociaciones también estima como probable que durante la tramitación de la iniciativa la oposición rechace en bloque la separación de la industria que propone el texto del gobierno. Sin embargo, proyecta que en muchos temas específicos la derecha votará dividida.

En la misma línea Alejandro Micco cree que el acuerdo final mantendrá a flote la propuesta de licitación de cartera, la PGU a $250 mil al 90% y un componente de solidaridad más acotado del que ha propuesto el gobierno. “Es posible también que el acuerdo genere una división entre el centro y la derecha dialogante, con la extrema derecha”, concluye el exsubsecretario de Hacienda.