ELISA IBÁÑEZ es cofundadora y directora ejecutiva de Antenna, una fundación -que en 2020 celebró cinco años- dedicada al desarrollo del arte y la cultura. Actualmente forma parte de una agrupación, denominada Mesa Circular, en el que participan más de 300 organizaciones de la sociedad civil que se han movilizado para promover ajustes a la actual normativa que regula las donaciones.

La agente cultural -hija de Pedro Ibáñez- afirma que el actual sistema dificulta donar y que además es urgente hacer modificaciones que ayuden a la dramática situación que hoy viven muchas fundaciones producto de la fuerte baja en las donaciones que se ha visto en medio de la pandemia.

¿Cuáles son las dificultades que ve con la actual normativa que regula las donaciones?

-La actual normativa principalmente pone trabas para donar, nace en la desconfianza. Las categorías de donante son muy acotadas, muy específicas y varían según el ámbito. Las personas naturales pueden donar, pero tienen que pagar impuestos por sobre la donación, es decir, no hay un apoyo a la filantropía desde ese lado. Para las empresas hay más facilidades, pero, por ejemplo, para las sociedades de inversión que hoy son los principales vehículos por donde se mueven los recursos no tienen ningún beneficio tributario, tienen que tributar entre un 40% y a veces hasta un 60% de las donaciones que hacen. Y además, la ley actual deja fuera a ámbitos como el medioambiente que es muy importante y también es muy débil en algunos ámbitos importantes como la pobreza y la salud.

¿Cree que hay donaciones que se pierden por temas legales?

-Totalmente. Lo veo día a día con nuestra comunidad filantrópica. En el mundo de la cultura, las obras de arte tienen que pagar un 40% de impuestos, ¿qué pasa con eso? Que hay muchas colecciones privadas que están fuera de Chile, hay otras que se han tenido que ir de Chile, hay coleccionistas o filántropos de la cultura que han querido donar colecciones al país, pero no han podido hacerlo por la cantidad de trabas e impuestos que se tienen que pagar y problemas que se ponen, y eso se repite en muchos casos. Y pasa mucho también que gente joven que quiere donar un monto importante para ellos, 5 millones o 10 millones de pesos, y se encuentra con que no tiene ninguna facilidad para hacerlo y además tiene que pagar un impuesto por sobre esa donación.

¿La ley desincentiva las donaciones?

-Sí, y somos de los pocos países que ponen problemas para donar. Realmente es como si no quisieran que se donara y tiene mucho que ver con esta desconfianza arrastrada por muchos años del abuso que se puede hacer de los mecanismos de donación, pero es muy triste, porque siempre se pone esa discusión sobre el tapete, pero se deja afuera a un grupo gigante de personas, familias, instituciones que llevan años donando montos muy grandes anualmente, con mecanismos de transparencia, con resultados efectivos, con estadísticas de medición, con un impacto más efectivo muchas veces que los mecanismos del Estado.

¿Falta mayor transparencia respecto de los recursos que reciben las organizaciones de la sociedad civil?

-Hubo un momento en la historia, y efectivamente eso pasó, al inicio de ley en que muchas empresas y organizaciones armaron fundaciones y por ahí se movilizaron recursos que no necesariamente iban con fines sociales, pero eso pasó hace 20 años. Hoy las fundaciones son organizaciones muy profesionales que tienen mecanismos de transparencia y además se autorregulan con mucha intensidad, porque saben que están siempre siendo cuestionadas. En mi experiencia y con las fundaciones que yo colaboro, el nivel de transparencia es incluso más alto que muchas empresas.

¿Qué es lo que esta mesa propone?

-Perfeccionar una norma, que es la que más se usa, que es el artículo 46 del Decreto de Ley N° 3.063. Lo que se pide resolver con ese ajuste es el tope para donar, porque hay muchas diferencias, hay una inequidad en los topes de la RLI; actualizar también cuáles son los asuntos de interés público y, en ese sentido, incluir medioambiente que no está presente, mejorar la transparencia y darle mayor certeza al donante. Todo eso lo estudió Ricardo Escobar (abogado) y su informe es muy contundente en qué se puede hacer, que no tiene una carga económica alta para el Estado y que están totalmente los mecanismos para hacerlo. Y lo otro que estamos proponiendo es eliminar algunas trabas para las donaciones y que tiene que ver con mejorar el límite global absoluto, que está en el artículo 10 de la Ley N° 19.885, pues eso también ayudaría a ampliar los flujos de donación que se pueden hacer.

¿Vieron un efecto en las donaciones producto de la pandemia?

-Sí, totalmente. En algunas fundaciones las donaciones han caído hasta en un 80%. Además, hay muchas fundaciones pequeñas que definitivamente ya no tienen recursos, porque operaban programas que dependían directamente de uno o dos donantes y esos donantes vieron disminuidos sus ingresos por distintas razones y hay programas que se están cerrando.

¿Cree que están en peligro las organizaciones de la sociedad civil?

-Absolutamente. Así como entraron en crisis las pymes, la situación de las fundaciones es igual o peor en muchos casos, porque las fundaciones, a diferencia de una empresa, no tienen capacidad de generar recursos de otra manera, dependen 100% de los donantes, no pueden hacer otra cosa. El gobierno ha hablado mucho de la ley de catástrofe que se implementó por el Covid, que amplió mucho las donaciones, que en el fondo hace lo mismo que nosotros estamos pidiendo, pero lo acota a situaciones de catástrofe relacionadas al Covid. ¿Sirve? Sí, para algunas cosas, pero deja fuera muchísimas.