En España viven actualmente 47,1 millones de habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. De todos ellos y después de la sacudida económica y social que ha supuesto para España la pandemia de Covid-19, más de 20 millones de personas reciben sus rentas del Estado, con un coste de unos 30.000 millones de euros al mes.

Este grupo de perceptores de rentas procedentes de dinero público está formado por los siguientes colectivos. El más abultado de todos ellos no tiene que ver directamente con esta crisis económica, ya que lo forman los 8,9 millones de pensionistas que reciben alguna pensión pública (jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad o en favor de familiares). Asimismo, hay otros 637.000 pensionistas de clases pasivas. Con todo, la nómina para pagar pensiones supera con creces los 10.000 millones de euros al mes.

El segundo colectivo es el de 5,2 millones de trabajadores que ya reciben prestaciones y subsidios por desempleo y que aún aumentará. Entre ellos están la mayor parte de los 3,4 millones de trabajadores incluidos en ERTE (de los que tres millones ya cobran prestación y al resto se la reconocerán esta semana). A estos beneficiarios se suman los casi dos millones de parados que ya cobraban ayudas antes de la pandemia. Y unos 950.000 nuevos parados protegidos que reciben o recibirán prestación.

Solo la factura mensual de estas prestaciones por desempleo será de 4.500 millones de euros, a los que hay que sumar casi 2.000 millones que costeará la Seguridad Social en exoneraciones de cuotas empresariales. En el grupo de perceptores de rentas extraordinarias por la crisis sanitaria hay que añadir 1,4 millones de trabajadores autónomos con prestación por cese de actividad (de los que 1,2 millones ya la cobran).

Con todo ello, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dijo ayer que el esfuerzo de su ministerio desde el 12 de marzo hasta finales de mayo para el pago las citadas exoneraciones, las ayudas a autónomos y 750 millones de liquidez con moratorias y aplazamientos de pago sumarán 6.500 millones en dos meses y medio.

Las rentas públicas son también los salarios de los 3,2 millones de funcionarios y empleados públicos, según la encuesta de población activa (EPA). El pago a estos trabajadores del sector público es algo superior a los 10.000 millones al mes (142.000 al año).

En esta contabilidad hay que incluir un número indeterminado de personas empleadas de hogar y de temporales incluidos en ERTE que desde ayer también cobrarán ayudas extraordinarias.

A las cifras cabría aún sumar bajas y permisos laborales costeados por la Seguridad Social, así como las decenas de miles de personas que cobran rentas mínimas de las comunidades.

Y otro colectivo que aún no cobra pero que está pendiente de recibir una renta del Estado son el millón de hogares en los que viven tres millones de personas susceptibles de recibir el nuevo ingreso mínimo vital, que Escrivá llevará al Consejo de Ministros en la segunda mitad de mayo. El ministro dijo ayer que prevé que los primeros beneficiarios de esta nueva prestación de la seguridad social, que tendrá un mínimo para todo el territorio nacional, empezarán a cobrarla ya en junio. Además, avanzó que cuando esta ayuda esté plenamente vigente costará unos 3.000 millones de euros al año. No avanzó más detalles, salvo que los diseñadores de esta renta están “explorando un sistema multicanal de solicitudes” para que llegue a quien no se relaciona normalmente con las Administraciones públicas.