En los países de la Ocde y América Latina sólo Canadá y Chile subsidian a las empresas para pagar el salario mínimo
De acuerdo a un análisis del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, este tipo de política pública es poco frecuente a nivel global. Los economistas consultados, en general, no son partidarios de este tipo de instrumentos. Esto, señalan, porque si una empresa no es capaz de pagar el salario mínimo, sería porque el reajuste que se está haciendo está desalineado con el crecimiento de su productividad laboral, por lo que no es sostenible en el tiempo.
El debate legislativo por el reajuste al salario mínimo se retomará el lunes. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados lo tiene en tabla hasta total despacho, y el martes el trámite continuará en la Comisión de Hacienda.
Si bien el objetivo del gobierno era que, tras el acuerdo alcanzado el pasado miércoles en la noche con un grupo importante de representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas en cuanto al subsidio para sortear el alza salarial, se destrabara la discusión, el rechazo que tuvo de parte de otras organizaciones como la Multigremial Nacional, la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y la Federación de Turismo (Fedetur) enredó el tema una vez más y, por ello, ahora no está del todo clara la velocidad con que se discutirá. Sin embargo, este viernes, vino la respuesta de quienes sí firmaron el acuerdo, ya que reunieron a 67 gremios quienes le piden al Parlamento valorar el compromiso alcanzado (ver recuadro).
La propuesta del gobierno incluye alcanzar de manera gradual los $500 mil a julio de 2024. Para ello, la primera alza será en mayo, pasando de los actuales $410 mil a $440 mil, luego en septiembre a $460 mil y ya en julio del próximo año llegar a los mencionados $500 mil, monto que se mantendrá hasta abril de 2025, al igual que el subsidio.
Debido a que algunas empresas de menor tamaño no tienen la suficiente capacidad para solventar los mayores costos que significa elevar esta remuneración, el Ejecutivo propuso entregar un nuevo subsidio a las empresas, que acompañe los incrementos del ingreso mínimo, extendiendo el de $32 mil que estuvo vigente hasta abril de este año, manteniendo la misma estructura y diseño de lo aprobado en 2022, pero con algunos cambios en los montos de la ayuda por trabajador. Este nuevo subsidio tendrá una vigencia entre mayo de 2023 y abril de 2025, y el monto a subsidiar por trabajador será diferenciado para micro, pequeñas y medianas empresas.
Esta política pública que comenzó en la negociación del salario mínimo del año pasado genera debate entre los expertos, quienes en general no son partidarios de este tipo de instrumentos, que por lo demás casi ningún país lo utiliza tal como está diseñado en Chile. Esto, señalan, porque si una empresa no es capaz de pagar el salario mínimo, es porque el reajuste que se está haciendo está desalineado con el crecimiento de su productividad laboral, por lo que no es sostenible en el tiempo.
De hecho, de acuerdo a un análisis comparado realizado por los economistas del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Bravo y José Acuña, a nivel de la región Chile es el único país que tiene este tipo de subsidios. Ahora, si el análisis se extiende a los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sólo Canadá lo aplica.
El director del OCEC-UDP, Juan Bravo, explica que el hecho que se esté pagando este tipo de subsidios significa que “el incremento en términos reales está muy desalineado del crecimiento de la productividad laboral, por lo que, de no mediar el subsidio, habría un efecto negativo relevante sobre la generación de empleo asalariado formal en el sector privado”.
Por ello, para el economista, “la fórmula de reajuste del salario mínimo debería considerar datos cuantificables, esto es, la inflación y el crecimiento de la productividad laboral”. En ese sentido, menciona que “es muy importante que el reajuste esté alineado con los parámetros técnicos, pues la mayoría de la evidencia empírica para Chile encuentra que los reajustes salariales en términos reales que están desalineados del crecimiento de la productividad laboral, generan efectos adversos en el empleo, en particular de aquellos segmentos con menor experiencia laboral y menor nivel educativo”.
Jorge Hermann, economista de Hermann Consultores y académico de la Universidad de Chile, añade que “el gobierno reconoce que las pymes no pueden abordar un alza del 22% anual en el salario mínimo, cuando entrega un subsidio a la pyme para amortiguar algo del alza”.
Otro punto de vista entrega el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Pablo González, quien sostiene que “los salarios reflejan productividad. Aquí hay un problema de fondo que requiere de una política más estructural: ¿qué falta para que esas personas puedan aumentar su productividad y se alejen de esa línea marcada por el salario mínimo? En esto, los programas de capacitación eficiente son fundamentales para el largo plazo, para la reconversión de la fuerza laboral”.
Complementa el análisis el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann, quien puntualiza que “es reflejo que ese salario no es coherente con la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Introduce una distorsión que lleva a una mala asignación de recursos. En particular, un gasto público mal dirigido”.
Subsidios al trabajador, lo recomendable
Los expertos afirman también que lo más eficiente es entregar subsidios directos a los trabajadores y no a las empresas, ya que eso refleja que esa empresa no es lo suficientemente productiva, o bien que el salario es más alto de lo que la economía es capaz de pagar. “Normalmente cuando se otorgan subsidios a los empleadores es con el fin de incentivar la contratación de segmentos con mayores dificultades de inserción laboral”, dice Bravo.
El economista argumenta que “sería mucho más eficiente y más barato incrementar el salario mínimo en base a los parámetros técnicos y, al mismo tiempo, a través de la política social entregar subsidios para asegurar que todos los trabajadores de jornada completa alcancen la línea de pobreza”. En su análisis entrega unos datos: “Las cifras indican que sólo el 28,5% de los trabajadores que reciben el mínimo ejerce el rol de proveedor principal del hogar en un hogar de 3 o más personas. Es ahí donde deben focalizarse los recursos fiscales”.
Otra mirada es con la que complementa Lehmann. El economista plantea que estas empresas que necesitan subsidios “simplemente no son eficientes y por ello, deben buscar elevar su productividad, innovar y hacer los ajustes que le permitan seguir operando. De otra manera, no son competitivas”.
Hermann suma reparos a este instrumento: “Los subsidios pueden afectar la estructura de costos e ingresos de una empresa, alterando tanto sus propias decisiones estratégicas, como las de sus competidores. El error fue discriminar entre tamaño de empresas, no se puede hacer la distinción entre una micro con 9 trabajadores (mayor subsidio) y una pequeña con 10 trabajadores (menor subsidio), al final son lo mismo”.
La experiencia canadiense
De acuerdo al análisis del OCEC-UDP, en el caso de Canadá, la provincia de Manitoba implementó un programa de subsidios para empresas “pequeñas” (hasta 100 trabajadores) con el objetivo de amortiguar el incremento del salario mínimo por hora anunciado en octubre de 2022. Este programa entrega a las empresas un subsidio de $0,50 dólares canadienses por hora por trabajador, cuya cobertura llega a un máximo de 20 personas por empresa en un periodo de seis meses, de forma retroactiva desde el 1 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023.
Antes del 1 de marzo de 2023, las empresas debían realizar la aplicación a este subsidio cada dos semanas. Sin embargo, a partir de la fecha mencionada anteriormente, se modificó el método de postulación, de tal forma que las empresas ahora sólo deben postular una vez y reciben una suma fija en un único pago.
Para Bravo, este caso permite extraer algunas lecciones sobre el diseño e implementación de este tipo de subsidios. “Las autoridades tuvieron que hacer correcciones debido a que el proceso inicial para realizar el cobro del subsidio era tan engorroso que la cobertura era mínima. Además, los empleadores que pagaban salarios levemente mayores al mínimo se quejaban de que a ellos no les llegaba ninguna ayuda. Esto es clave, porque dependiendo del diseño, estos subsidios pueden desincentivar a los empleadores a pagar salarios más altos a pesar de poder hacerlo. Estos son aspectos que deben ser considerados al diseñarlos”.
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