Días de alta exigencia se viven dentro de Enap. No solo están siendo afectados por una menor demanda de combustibles debido al Covid-19 -por ejemplo, para la aviación, que ha caído a niveles inéditos-, sino también por la guerra de precios en el mercado petrolero, que entre otros efectos ha llevado a que el negocio de refinación, del que participa la estatal, opere en el mundo con márgenes negativos.
Con este escenario de fondo, el gerente general de Enap, Andrés Roccatagliata, envió un video a los más de 3 mil trabajadores en el que expuso los nuevos ejes en que trabajará la compañía en este año complejo. En la instancia, el máximo ejecutivo sinceró que este año será probablemente uno de los más difíciles que le tocará enfrentar a Enap. “No vamos a tener un buen año, es un año que va a ser complicado, en el que vamos a tener una serie de cosas difíciles que enfrentar”, señaló.
Para llevar a cabo este plan, el directorio -que lidera Loreto Silva- definió tres prioridades: resguardar la salud y seguridad de los trabajadores propios y contratistas, mantener el abastecimiento de combustible necesario para el país, y disminuir al máximo las pérdidas financieras.
En relación con el último eje, desde ya se anticipa que este año no habrá utilidades, mejor dicho, será un ejercicio de malos resultados, por lo que la misión será acotar las pérdidas. Por ello, se creó un comité financiero en el que se definieron tres propuestas: la primera fue que la inversión para 2020 será cercana a los US$330 millones, es decir, 35% menos de lo inicialmente programado (US$170 millones menos). La segunda propuesta fue fijar una meta de ahorro de unos US$100 millones en diversos costos y otras medidas de austeridad.
En paralelo, Enap presentó a los trabajadores un plan que contempla una serie de medidas de ahorro y solicitó la revisión de asignaciones y otros ítems en gastos de personal. Por último, se busca asegurar liquidez, es decir tener la caja suficiente. En ese sentido, la estatal ha considerado cubrir los vencimientos para el año y negociar una mejora de condiciones con proveedores de crudo.
Asegurar el suministro
A principios de marzo, cuando el Covid-19 recién aterrizaba al país, Enap decidió cubrirse y encargar embarques adicionales de productos refinados, con el objetivo de tener margen de venta de stock y asegurar el suministro de combustible. Hasta la fecha no ha habido afectación, pues se debe considerar que la demanda de combustible ha tenido en promedio una baja de 35%, pero es un trabajo que la estatal está en constante monitoreo y que definió como su segundo foco para este año.
La compañía está en coordinación permanente con las distribuidoras y el Ministerio de Energía, revisando los niveles de stock y reforzando la distribución, asegurando la operación de oleoductos, terminales marítimos y patios de carga. Esto, además de la adquisición de diez días de inventario de combustible refinado, de modo tal de hacerle frente al escenario de imposibilidad de comprar o a la imposibilidad de refinar.
Respecto al gas, Enap ya firmó un acuerdo con Argentina en caso de que por algún evento sanitario deba parar la extracción de Magallanes. En refinación se ajustó el programa en función de la nueva demanda.
El último eje de la estatal para el 2020 es resguardad la salud y seguridad de los trabajadores. En concreto, se creó un grupo de trabajo dedicado a una “Enap Saludable”, que está actualizando constantemente los protocolos sanitarios. Dentro de las medidas se identificaron cargos críticos para mantener en operaciones y se estableció teletrabajo para 1/3 de la dotación. Además, incorporaron controles de salud, temperatura y sanitización de instalaciones. Otra medida fue la instalación de alojamiento para su personal en las refinerías, plantas y terminales marítimos. Respecto al plan de retornar a las oficinas, se señaló que se hará en fases progresivas iniciando durante la segunda quincena de mayo.
La compañía estuvo esta semana en el tapete por la denuncia de pago de bonos a ejecutivos, en medio de la pandemia. Al respecto, la empresa se defendió asegurando que se trata de bonos pactados en 2017, previo al arribo de la actual administración, que ya se terminaron y que estaban definidos por contrato.
