“Es algo inconstitucional, que nos obliga a dar servicios gratis más allá del acuerdo que teníamos contemplado con el gobierno. Nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno, que fue el plan solidario, y lo que está desarrollando en el Parlamento es extender ese acuerdo en prestaciones y beneficiarios mucho más allá de lo que está acordado con el gobierno. Creemos que es inconstitucional".
Con esas palabras, el gerente general de Entel, Antonio Büchi, se refirió al proyecto de ley que se tramita en el Congreso, y que busca congelar el pago de servicios básicos a una parte de los clientes, dada la emergencia.
A juicio de Büchi, "a nadie le han obligado a dar servicios gratis en esta pandemia y por supuesto que nos preocupa y estamos viendo las acciones a tomar, nosotros estamos proclives a apoyar y lo hemos hecho, así fue el acuerdo del plan solidario, pero lo que se ha discutido en el Parlamento va mucho más allá de lo que acordamos originalmente. Es claramente inconstitucional y nos preocupa”, subrayó.
“Con las prestaciones y el mayor universo de beneficiados que se pretende agregar, se terminaría favoreciendo también a las personas con más recursos y podrían poner en riesgo la sustentabilidad del sistema, por la presión que se le agrega a una red que, por su naturaleza, tiene una capacidad que es finita", añadió el ejecutivo.
El 20 de abril pasado, el propio presidente de Entel, Juan Hurtado, envió una carta a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, para hacer ver su preocupación por lo que establece el proyecto de ley.
En la misiva señala que “estamos frente a un proyecto abiertamente inconstitucional, muy deficitario abiertamente desde el punto de vista técnico y que, de aprobarse en su texto actual, establecería un peligroso precedente hacia el futuro por la evidente y grave afectación de la certeza jurídica y la intangibilidad de los contratos válidamente celebrados”.
Explica que el proyecto ignora que “la fórmula de postergar y prorratear las cuentas impagas para el futuro resultará completamente ineficaz tratándose de servicios de telefonía e internet móvil, pues estos no cuentan con mecanismos expeditos para garantizar ni, menos aún, exigir el pago de las deudas morosas”.
Inversiones
Este martes, la empresa anunció que prevé invertir este año $371 mil millones, un 10% menos que 2019, de los cuales $264.000 millones serán destinados a la operación en Chile y $ 105.000 millones a Perú, según señaló el presidente de la compañía, Juan Hurtado, durante la junta anual de accionistas.
Según aseguró, este plan será evaluado permanentemente de acuerdo con las nuevas exigencias en el contexto de la emergencia sanitaria.
Respecto a la inversión en Perú, $70.000 millones se destinarán a aumentar la cobertura y la capacidad de datos en 4G y $8.000 millones a servicios fijos para clientes corporativos. Y en cuanto al negocio Hogar, la inversión en 2020 será de más de $67.000 millones en Chile, principalmente en el despliegue de fibra óptica. Por otra parte, casi $50.000 millones se asignarán en Chile a negocios de conectividad para empresas, proyectos en clientes, TI y negocios digitales.
