El polémico proyecto portuario minero Dominga sumó un nuevo frente de batalla. El gobierno ingresó un requerimiento de contienda de competencias ante el Tribunal Constitucional TC), en contra de la resolución del Primer Tribunal Ambiental (1TA) de Antofagasta, que el 17 de febrero ordenó a la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su calidad de secretaría técnica del Comité de Ministros, dictar una nueva resolución sobre el proyecto, y dar cumplimiento incidental de la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2024.

La presentación “busca resguardar las atribuciones legales del Comité de Ministros”, dijo el Ejecutivo a través de un comunicado, difundido por el Ministerio de Medio Ambiente, ya que, en la interpretación del gobierno, el SEA no cuenta con las atribuciones para modificar la resolución dictada por el Comité de Ministros.

“El objetivo de esta acción es resguardar las competencias del Comité de Ministros, que resolvió apegado a la ley. Con esta presentación, estamos utilizando las herramientas que contempla nuestra Constitución para hacer valer el Estado de derecho”, sostuvo en una declaración el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.

A su turno, la ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, explicó que “de acuerdo a la interpretación que hace el Ejecutivo, el fallo estaría invadiendo competencias que son atribuciones exclusivas del Comité de Ministros y, por lo tanto, el TC es el organismo competente para establecer esa interpretación de manera definitiva”.

En esa línea, detalló que lo que se busca con la acción es “clarificar” los ámbitos de competencias del Comité de Ministros y que “es el TC quien tiene que definir cuál es la interpretación correcta respecto de las atribuciones del Comité”.

El Ejecutivo basa su argumentación contraria al cumplimiento incidental del fallo en que la dirección ejecutiva del SEA “no puede alterar o sustituir la decisión del organismo colegiado, ya que estaría actuando fuera del ámbito de sus competencias que, al efecto, son meramente ejecutiva”, según consignó la defensa del Comité de Ministros al recurrir contra el último pronunciamiento del 1TA.

Sin embargo, el 1TA defendió su fallo y en otra resolución emanada el 11 de marzo, afirmó que “el Comité de Ministros, en cumplimiento de una sentencia definitiva que causa ejecutoria, dictó un acto de reemplazo que excedió las expresas instrucciones entregadas por este tribunal”, y reiteró la orden otorgada al SEA, asegurando que “las potestades del Comité de Ministros ya fueron ejercidas y se encuentran agotadas”.

Incluso rechazó una solicitud de aclaración presentada por Andes Iron, donde la compañía pedía que la orden debía entenderse “que se refiere al Comité de Ministros”. En esa línea, el 1TA indicó que “la orden precisa y expresa entregada a la dirección ejecutiva del SEA no responde a un aspecto confuso ni erróneo de la sentencia, sino todo lo contrario, corresponde al ejercicio de las facultades de esta judicatura para hacer ejecutar lo juzgado”.

Andes Iron tildó la decisión del Ejecutivo de acudir al TC como “una nueva maniobra dilatoria, dado que no existe conflicto real de competencias entre el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA)”.

“Es muy parecido a lo que ocurrió cuando fue fuertemente criticado por consultar a Contraloría para que ésta le dijera qué Ministros debían integrar el Comité”, agregó.

Según la empresa, la acción de la justicia ambiental “busca hacer cumplir la sentencia del 9 de diciembre de 2024 y el Comité de Ministros está llamado a cumplir las sentencias judiciales no en parte, sino en su integridad”.

Manifestó que “hace algunos días, el 1TA determinó que el Comité de Ministros ya agotó su rol, habiéndose pronunciado sobre el fallo de diciembre pasado, y ahora corresponde a la dirección ejecutiva del SEA corregir administrativamente la resolución. Solo que esta vez debe respetar la sentencia”.

Concluyó recordando que, dado que el 1TA suspendió los efectos de la última resolución del Comité de Ministros, “Andes Iron mantiene vigente su permiso ambiental. Por lo tanto, actualmente se encuentra en posición de ejecutar el proyecto, para lo cual ha solicitado al SEA que modifique su estatus a ‘aprobado’”.