La vida va enseñando que no es perfecta, que la realidad son matices de grises y que no existen los absolutos. El propio emperador romano Marco Aurelio, conocido como "el sabio", decía que todo lo que escuchamos es solo una opinión y no un hecho, y todo lo que vemos es solo una perspectiva, pero en ningún caso una verdad (aún cuando muchos puedan pensar que lo es).
Digo esto respecto a Essal y a la grave crisis sanitaria en Osorno porque, a pesar de que puede ser impopular cuestionar la percepción pública (o más bien política), ha sido lamentable la falta de una mínima prudencia legal en las opiniones de las autoridades tras el incidente.
Sin duda, lo que sucedió fue inesperado y nadie le habría gustado estar en ese problema. Es más que comprensible la rabia de la gente y, en situaciones tan dolorosas para una comunidad, se hace muy difícil políticamente hablando, manejar con éxito las expectativas de una rápida solución. Sin embargo, al mismo tiempo, estos eventos permiten poner a prueba los valores que salvaguardan nuestra convivencia social y, en especial, la templanza de la autoridad para ponderar bien los hechos, independiente de presiones políticas y de la entendible impotencia que se genera en la privación de un bien tan fundamental como el agua potable.
Si bien sería ingenuo pensar que la aplicación de la ley es completamente neutra de la contingencia política, será siempre más sabio y conveniente en el largo plazo proteger el valor del estado de Derecho, que otros intereses particulares o circunstanciales. Puede parecer ambiguo este concepto, pero es el principio del estado de Derecho y no otro, el que nos da la seguridad de que todas las personas e instituciones, incluyendo especialmente a las autoridades de turno, están siempre sometidas a la ley. El respeto de este valor es la base de la armonía y de la democracia, porque es lo que genera la estabilidad jurídica y social; liberándonos de abusos o discrecionalidades, por afanes electorales o agendas personales.
Summum de este mal manejo fue la entrevista del pasado fin de semana al superintendente de Servicios Sanitarios, quien, en vez de guardar un sabio silencio, dejó entrever una caducidad de la concesión antes de terminar el proceso y -más grave aún-, afectó seriamente su imparcialidad, porque él será quien tramitará el procedimiento al que se someterá la empresa concesionaria.
En esa entrevista se señaló que el debido proceso se estaba respetando porque, dentro de las sanciones, la ley establece la caducidad de la concesión. Lamentablemente, no basta por si solo, para iniciar un proceso de caducidad, que la ley imponga entre otras penas el término de la concesión. Este es el más grave de los castigos, aplicable en casos excepcionalísimos, por una negligencia máxima y repetida en el tiempo.
Esa es la razón del porqué la autoridad que tramita estos temas debe guardar reserva e imparcialidad, más aún si nuestro sistema se basa en que para imponer una sanción debe haberse probado un actuar doloso o culpable del infractor, y que el castigo que se aplique sea proporcional a esa falta de diligencia. Ambos temas que en este caso todavía falta por conocer a cabalidad.
Es de esperar que no siga cayendo en la fábula de Andersen del Gobernante Desnudo, entretenido cuento sobre la sinceridad y la verdad que enseña que lo que dice la mayoría no tiene por qué ser necesariamente la realidad. Es mejor entonces esperar el proceso, porque la verdad siempre resplandece al final, nunca al comienzo.
