El militante del Frente Regionalista Verde Social, Esteban Valenzuela, fue nombrado como nuevo ministro de Agricultura por el presidente electo Gabriel Boric, cargo en el que, entre otras materias, deberá enfrentar el fuerte impacto de la sequía en el sector.
Valenzuela es doctor en Historia Contemporánea y periodista. Fue diputado por la Región de O’Higgins entre 2002 y 2010 y, además fue alcalde de Rancagua entre 1992 y 1996.
En las últimas elecciones postuló como gobernador regional por O’Higgins.
Es asesor sindical y jefe de Comunicaciones de CEDAL y director de Convergencias Regionalistas de Estudios Aplicados del Sur (Creasur).
Fue vicepresidente de la primera Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) electa democráticamente. A fines de los 80 ingresó a las juventudes del Mapu y fue uno de los fundadores del PPD, colectividad que dejó 2007. Desde 2017 forma parte del FRVS, llegando a ser su primer vicepresidente.
Desafíos
Relacionado a esta cartera, uno de los puntos quizá más controversiales en materia de recursos naturales manifestados por el presidente electo es el apoyo a la derogación de la Ley de Pesca y la promulgación de una nueva Ley de Pesca y Acuicultura, “orientada a lograr la sostenibilidad de las actividades de extracción y cultivo de especies, fortaleciendo las capacidades y herramientas para el monitoreo y vigilancia del estado de las pesquerías y el cuidado de los ecosistemas y que ponga fin a la historia de corrupción y cohecho que arrastra la legislación actual”, de acuerdo a su programa de gobierno.
En cuanto al agua, en el programa se propone destinar inversión pública para crear infraestructura hidrográfica que permita disminuir el uso ineficiente del agua para la agricultura, “permitiendo que se recuperen la cuencas hidrográficas, con un impacto medible en detener el proceso de desertificación y cambio climático, esta medida ocupará 0,9% del PIB durante dos periodos de gobierno, para llegar a cumplir los compromisos al 2030″.
Siguiendo esa línea, el documento señala la implementación de un plan de gestión de embalses, con el fin de priorizar el acceso al agua para consumo humano, “minimizando los efectos negativos en la agricultura”.
En el documento además se establece la idea de generar las condiciones para que el agua sea un bien nacional de uso público, bien común o bien colectivo, de acuerdo a lo que establezca la Convención Constitucional.
