Tras el estallido social y los duros efectos de la pandemia, la construcción se ha visto envuelta en una compleja situación. Grandes empresas del rubro como Sencorp y Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV), que están en proceso de liquidación, no pudieron enfrentar con éxito la dura crisis por la que atraviesa el sector

En este contexto, una investigación de la Universidad de Talca, elaborada a partir de datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), detectó la quiebra de 244 empresas en el sector de la construcción durante los últimos tres semestres.

Según el documento, son 58 las empresas del rubro que quebraron en el primer semestre de 2021, a las que se suman 76 el segundo semestre de ese mismo año y 110 compañías quebradas durante los primeros seis meses de 2022.

La indagación fue realizada por Armando Durán, director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca, durante los meses de septiembre y octubre. El académico afirmó que el cierre de estas constructoras “es el reflejo del grave problema en que se encuentra la actividad económica en Chile”.

Al comparar entre el primer semestre de 2021 y el primero de este año, el número de constructoras en quiebra aumentó en un 100%. “Las quiebras generan un efecto dominó de daño sobre los acreedores, fabricantes, subcontratistas y toda la cadena logística del desarrollo de proyectos”, agregó Durán.

Sobre las razones del complejo escenario del sector, el estudio establece -además del impacto del estallido social en la continuidad de las obras y la paralización de faenas durante la pandemia- la fuerte alza de los costos de materiales y mano de obra, y la menor demanda de viviendas por inflación, entre otras.

En particular, el académico hizo hincapié en la relación del rubro con las construcciones del sector público. “Hay muchas empresas del sector privado, que como no han realizado proyectos el año 2022, se dedicaron a construir proyectos públicos. El desconocimiento de cómo era hacer un proyecto público les perjudicó y por eso quebraron. No sabían los timing del Estado -que se demoraba 60 días en pagar-, que hay que entregar cuenta de garantías altas, que el financiamiento de los dos primeros meses tienen que hacerlo con apalancamiento bancario, etc.”.

Sobre el apalancamiento bancario, este le significó a las empresas tasas de interés muy altas y, por ende, afectó sus márgenes. “La utilidad de estos proyectos, está entre un 5% y un 10%”, dice el académico.

El estudio se elaboró a partir de la revisión de cada empresa declarada en quiebra durante el período estudiado -los tres últimos semestres-, las cuales se asignaron a un determinado rubro económico, centrándose en las que corresponden al área de la edificación.

Así, en el primer semestre de 2021, el sector de la construcción alcanzó las 58 empresas declaradas en quiebra de un total de 253 compañías a nivel nacional, lo que equivale a un 23%, siendo el sector más afectado en este período.

En tanto, durante el segundo semestre del año pasado, las 76 empresas constructoras que quebraron corresponden al 27% del total, lo que significó un alza de un 4% respecto al período anterior, continuando la tendencia de ser el rubro más afectado por esta situación.

Por último, en el primer semestre de este año, el país registró la quiebra de 110 constructoras, de un total de 308 empresas nacionales que se encontraban en este proceso, lo que equivale a un 36% del total, siendo nuevamente el sector más afectado, con un alza de un 9% respecto al semestre anterior.

En ese sentido, el académico de la Universidad de Talca destaca que nunca antes en Chile se había dado que más de un tercio de las quiebras de empresas se dieran en un solo segmento económico.

“Ni con la pandemia los restaurantes completaron más de un tercio de las quiebras. Si bien quebraron muchos restaurantes, nunca se llegó a un tercio del total de las empresas”, ejemplificó.

El estudio detectó, además, que las quiebras no se relacionan con la ciudad de origen o ubicación geográfica de las empresas, sino que con los proyectos que fueron adjudicados con valores y precios de dos años atrás, pero que ahora se volvieron inviables debido a la inflación.

“El Estado de Chile, una vez que adjudica fondos, no puede actualizarlos posteriormente, aunque los precios de los materiales suban. Por ello muchos proyectos no pueden realizarse ni financiarse con precios obsoletos”, detalló el académico de la Universidad de Talca.

De acuerdo con Durán, al no concretarse los proyectos, se activa el mecanismo de las boletas de garantía, cuyo vencimiento afectó directamente a las empresas que debieron solicitar créditos bancarios convencionales, generando el consiguiente sobreendeudamiento. “Debieron asumir las restricciones y alzas en las tasas de los créditos con entidades financieras”, precisó.

“Esta situación afectará directamente el crecimiento del país en materias de infraestructura y descentralización, con lo que algunas regiones se verán nuevamente postergadas”, afirmó Durán.

“La crisis, probablemente, impulsará a que muchas de estas compañías quebradas emigren a otros rubros de la economía, dejando un cementerio abandonado de cientos de obras a mitad de construir en el territorio nacional”, concluyó