Parece broma, pero el dicho "donde hay cinco abogados hay cinco interpretaciones de la ley" se hizo carne esta semana en la discusión del proyecto de presupuesto para el próximo año. Concretamente en el debate sobre la glosa que destinaba un monto de gastos reservados para Carabineros que el Senado rechazó y que el gobierno insistía en reponer.

De lado y lado, los defensores exponían en la comisión mixta sus argumentos en base a distintas interpretaciones en derecho de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de 1990 y, la Ley 19.863 fruto de un acuerdo entre el entonces Presidente Ricardo Lagos y el senador Pablo Longueira (UDI) en 2003 referido a las remuneraciones de altas autoridades y de gastos reservados.

El primer articulado señalaba que los gastos reservados serán fijados anualmente por decreto supremo, y "no podrán ser inferiores a los decretados para tal efecto en el año 1989" actualizados por inflación.

Mientras que el segundo, en su artículo 3º establece que "la Ley de Presupuestos del sector público fijará anualmente las sumas a que ascenderán los gastos reservados para varios ministerios, entre ellos las Fuerzas Armadas y Carabineros".

La minuta de la oposición citaba al diputado Jorge Burgos (DC) -exministro de Defensa e Interior-, quien en la discusión de la Ley 19.863 señalaba: "El proyecto termina con la ley del piso y sigue la regla general de las partidas presupuestarias, es decir, se tramitan anualmente en el Congreso". Se recordaba, además, que esos artículos se votaron con quórum más altos porque se referían a normas orgánicas.

Por el otro lado, la minuta del gobierno recordaba que durante la tramitación de la Ley 19.863 ante la consulta de un senador designado sobre si esta norma implicaba la "desaparición del piso mínimo", la respuesta dada por el ministro de Hacienda de la época, Nicolás Eyzaguirre, fue elocuente al desestimar dicha interpretación.

Los gastos reservados "no pudiesen ser inferiores al piso estipulado por la ley, la cual no ha sido modificada", indicó. "En consecuencia, es imposible sostener la tesis de la derogación tácita que habría ocurrido en 2003", manifestaba la minuta oficial.

Pero como el proyecto se aprobó sin monto de gastos reservados, será el Tribunal Constitucional el cual zanje la polémica y le dé la razón a uno de los dos exministros de Bachelet.