Por primera vez en medio del paro, que ya se extiende por 26 días, ayer los representantes del concesionario del Terminal N° 1 de Puerto Valparaíso, Terminal Pacífico Sur (TPS) sostuvieron una reunión formal y simultánea con los presidentes de los tres sindicatos de trabajadores eventuales y la agrupación de auxiliares de embarque de bahía, con el objetivo de poder acercar posiciones y llegar a un acuerdo.

Según la empresa, este inicio del diálogo se da también porque por segundo día, los trabajadores movilizados desbloquearon el paso para que sus pares contratados pudieran ingresar y realizar sus labores. De acuerdo con los trabajadores, la firma les entregaría durante esta mañana una oferta, la que será sometida a votación.

En este contexto, el hasta hace seis días presidente de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), Raúl Celis, analizó su salida, indicando que la estrategia que ha ocupado el Gobierno para destrabar el conflicto no ha tenido resultados. Asimismo, acusa presiones indebidas por parte del Ejecutivo a los concesionarios y adelanta que la forma en cómo ha sido llevado el conflicto genera malos precedentes.

¿Por qué decidió presentar su renuncia?

-No fui yo quien tomó la decisión de renunciar, sino que me pidieron la renuncia. No hubo una explicación de motivos específicos en la llamada que me hizo el presidente del Sistema de Empresas Públicas.

Pero lo que sí había ocurrido es que el Gobierno, especialmente a nivel central, había resuelto una estrategia a partir del lunes antepasado (26 de noviembre) distinta a la que había tenido la semana anterior, que a mi juicio supuso una serie de medidas respecto de las cuales manifesté mi disconformidad.

¿Por qué?

-Me parecía que esas medidas implicaban una presión indebida respecto de los concesionarios y no apuntaban al fondo del problema, que era la existencia de asambleas de trabajadores eventuales que habían designado representantes y no a dirigentes debidamente elegidos para pedir el pago de bonos por la baja en el trabajo en el Puerto de Valparaíso.

A mi me parecía muy peligroso y lo hice saber en ese mismo día a través de un mensaje que mandé al Presidente.

¿Qué le parecía peligroso?

-Entenderse con los representantes de una asamblea y no con los dirigentes de los sindicatos, porque los acuerdos con los representantes de una asamblea duran tanto cuanto demore la realización de otra asamblea.

Es muy parecido a lo que ocurre en las universidades. Entonces, de seguir ese procedimiento, corríamos el riesgo de tener asambleas en todo el país exigiendo bonos por cualquier razón.

Entonces teníamos una percepción distinta con el nivel central de cómo enfrentar el problema. Para ellos existía un paro y para mi, más bien lo que había era un bloqueo ilegal de los accesos al puerto, pero en ningún momento un incumplimiento de las obligaciones contractuales de los concesionarios.

A mi juicio, la solución debía hacerse con una relación fluida con los concesionarios y desde el momento que se les imputaba a ellos falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales, esa relación fluida no iba a existir.

Entonces, ¿el gobierno realizó presiones indebidas a los concesionarios?

-Es una estimación que tuve en ese momento y son materias opinables. No necesariamente tengo la razón, pero es lo que consideré que no era el camino correcto, porque representaba una presión indebida.

Antes de que dejara el cargo, ¿cómo fue su participación en el proceso?

-A partir del lunes 26, las negociaciones con los trabajadores portuarios las realizaron fundamentalmente los ministerios de Transporte, Interior y Trabajo, quedando nosotros un poco fuera de la negociación directa por dos semanas, lo que a mi juicio demostró que ese no era el camino más adecuado.

No pudimos seguir participando en forma directa como me habría gustado, pese a que estuve en permanente contacto con los concesionarios pidiendo que conversaran con los trabajadores e incluso le pedimos a la ministra de Transporte que nos dejara intermediar como empresa portuaria un día antes de mi salida, pero ella no aceptó.

Incluso el mismo día de mi salida me contactaron dirigentes portuarios para que actuara como garante para hacer una mediación entre ellos y TPS. El punto es que eso ocurrió el día en el que me pidieron la renuncia e hice saber que tenía esa petición, pero insistieron en que las negociaciones no las realizara yo.

¿Fue injusto que se le pidiera su renuncia?

-Los hechos hablan por si solos. El diagnóstico y la solución que se pensó en Santiago y no en la región y la permanencia del conflicto demuestran que a más de dos semanas la estrategia que pensó el Gobierno no era la más acertada porque demostraba una señal de debilidad frente a asambleas que nombraban a representantes que no eran dirigentes sindicales legítimamente elegidos.

¿Es un mal precedente?

-El precedente es pésimo, porque prácticamente implica que si reclamo puedo obtener una contraprestación casi sólo por reclamar. Espero que eso no ocurra, que sea un hecho aislado, pero también creo que frente a los problemas de orden público deben hacerse respetar los contratos, el Estado de derecho, la libertad de trabajo y si se dan señales de debilidad, claro que nos podemos ver enfrentados a conflictos como los que se han visto en Valparaíso en las últimas semanas.

¿Es este un conflicto laboral?

-De laboral no tiene nada, porque incluso fue la Inspección del Trabajo y no hay ningún incumplimiento de obligaciones contractuales con los trabajadores. Aquí claramente hay un conflicto de orden público.

¿Qué solución hubiera sugerido usted?

-Esa reunión que tenía planificada con los dirigentes sindicales para el viernes recién pasado, implicaba por primera vez sentarse a negociar con los dirigentes legítimamente elegidos y usarlo como primer medio de acercamiento con el concesionario con el que se tenía el problema (TPS), pero la solución indudablemente va por la vía del dialogo y ese diálogo debería haberse ejercido con fluidez y no con presiones injustificadas, como alegar el incumplimiento de obligaciones contractuales. La semana pasada el conflicto estaba con claras señales de debilitamiento y pienso que mi salida lo fortaleció y hasta hoy no ha podido ser resuelto.

¿Hubo incumplimientos por parte de TPS?

-No, porque básicamente el alegato de este incumplimiento era que no existía fuerza mayor y que los trabajadores podían ir a trabajar, pero para trabajar necesitan de protección policial, entonces era evidente la existencia de la fuerza mayor.

¿En qué pie estaban las relaciones entre EPV y TPS?

-Estaban en buen pie. Intentamos tener las mejores relaciones con todos los concesionarios. Las acciones judiciales estaban casi todas terminadas y habíamos llegado a acuerdos.

¿Considera que no debería quitarse la concesión a TPS?

-De ninguna manera. Ellos han sido concesionarios por pocos menos de 20 años y han sido muy buenos. Uno debe respetar los contratos y una de las bases de un estado de derecho es el respeto de los contratos. Si no se respeta el contenido de los contratos se pierden las confianzas y si eso sucede se deja de invertir y por ende el crecimiento y desarrollo del país se ven afectados.

¿Ve luces de acuerdo?

-Creo que si, porque el jueves pasado las señales de debilitamiento del conflicto eran muy claras y el día posterior a mi renuncia se había abierto esa instancia en la que me habían pedido intermediar y creo que las cosas han vuelto a ese curso. El conflicto debería resolverse esta semana o la próxima.

En todo caso hoy día (ayer) han habido, como en los últimos días, manifestaciones fuertes.