El exdirector médico de Clínica Las Condes (CLC), Rodrigo Mardones, presentó una demanda de despido indebido y cobro de prestaciones en contra de su exempleadora.

En la acción judicial que se tramita en el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el ejecutivo solicitó condenar a la clínica al pago de $5.646 millones. Esta suma se fundamenta, principalmente, por una indemnización compensatoria por el término anticipado del contrato de trabajo, por la cantidad de $5.427 millones. El facultativo, experto en traumatología y especialista en cadera, recibía una remuneración mensual de $37 millones.

En su demanda cuenta que comenzó a trabajar en CLC el 3 de enero de 2016, cumpliendo funciones de asesor clínico. Su jornada de trabajo alcanzaba las 45 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, de 08:30 a 18:30 horas.

Sin embargo, el 14 de diciembre de 2023 la clínica decidió poner fin a su contrato laboral a través de una carta. En la misiva, su exempleadora le comunicó: “Ponemos en su conocimiento que se ha adoptado la decisión de poner término a su trabajo en calidad de Asesor Clínico, a partir del 31 de diciembre de 2023, en virtud de la causal establecida en el inciso segundo del artículo 161 del Código del Trabajo”. Esto es, “desahucio del empleador”.

“Como es de su conocimiento, el cargo de asesor clínico tuvo como finalidad la implementación de un traspaso ordenado de las funciones de director médico de la clínica, que usted desempeñó hasta el 13 de octubre de 2023, al nuevo profesional que cumple dicho cargo y, en consecuencia, se trata de un cargo de la exclusiva confianza del empleador, razón por la que corresponde invocar en su caso la causal señalada”, añadió.

“(Por) El tenor de la carta transcrita y la ausencia descriptiva de fundamentos indicados en la misma, se hace evidente que la demandada no señala hechos concretos en particular a nuestra relación laboral y que fundamenten su necesidad de prescindir de mis servicios, haciendo por ese sólo antecedente improcedente el despido”, respondió en su demanda Mardones.

El exdirector médico de CLC explicó que la clínica le solicitó firmar un finiquito y él se negó. Este documento establecía haberes imponibles y haberes no imponibles. En total, ambos sumaban $205.430.504.

Sin embargo, el finiquito consideraba descuentos legales, como préstamos que había efectuado la empresa al médico ($5 millones y $49 millones) y otros montos, que dejaban al facultativo con un pago líquido de $0. Frente a ello Mardones optó por efectuar una denuncia o reclamo a la Dirección del Trabajo.

Para la defensa del exdirector médico de CLC, “la evidente insuficiencia de los fundamentos señalados en la carta de despido para justificar adecuadamente la separación del trabajador no puede ser paliada por la demandada incorporando a este juicio hechos adicionales que complementen lo ya expuesto en la carta”.

Rodrigo Mardones acumula millonarias deudas producto de frustrados negocios, entre ellos el proyecto Marina Golf Rapel, iniciativa cuyo epílogo terminó en tribunales.

El 12 de septiembre de 2023, la jueza Carolina Montecinos, del 15 Juzgado Civil, encabezó la primera junta de acreedores de la quiebra del reconocido traumatólogo, en línea con lo establecido por la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Esto, luego de que el 1 de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara la liquidación forzosa de Mardones.

En la audiencia estuvieron presentes los representantes de seis bancos acreedores, quienes verificaron cuantiosos créditos impagos: Scotiabank Chile ($132 millones); Itaú Corpbanca ($2.043 millones); Banco Consorcio ($26 millones); Banco de Chile ($16 millones); Banco Santander ($87 millones) y BCI ($319 millones).

Banco Santander, Itaú, Scotiabank, BCI y Banco de Chile solicitaron la ejecución de la resolución que ordena la liquidación del director médico de CLC y, en particular, “la incautación de la remuneración del deudor por el límite que establece la ley”. Sin embargo, el liquidador a cargo de la quiebra de Mardones, Ricardo Alid, explicó que la solicitud “no procede por ser empresa deudora y no persona deudora”. Ello porque, dice un abogado, Mardones habría sido declarado en quiebra como empresa, por su ejercicio como independiente, en lugar de persona deudora.

En su informe Alid sostuvo que la deuda total de Mardones ascendía a $9.000 millones y que anteriormente alcanzaba a $12.000 millones, de los cuales dijo que había ido pagando, y que ella derivaba de una empresa inmobiliaria que tenía pasivos con algunos socios. También explicó que Banco Itaú Corpbanca, Scotiabank y Chile le habían cerrado sus cuentas corrientes. En ese momento sólo poseía cuenta corriente con el BCI y no tenía tarjetas de crédito, explicó en la ocasión.

En cuanto a sus activos, indicó que tenía un inmueble ubicado en Sendero Las Lagunas, Lo Barnechea, y departamentos ubicados en las calles Santo Domingo, Quinta Normal, y San Francisco, Santiago, más una parcela en el sector Las Alpacas, Fundo San Francisco, en Los Andes. Mardones destacó el inmueble de Lo Barnechea, que tiene un valor estimado de 70.000 UF (unos $2.500 millones).