El ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, propuso buscar un esquema de transferencias directas para poder reducir la pobreza y puso en duda que el sistema de programas sociales actual permita redistribuir recursos de la mejor manera, señalando que “la política social no está cumpliendo su rol en disminuir la desigualdad”. Esta propuesta, de acuerdo a Briones, es más justa, más eficiente y entrega con mayor rapidez los recursos.

En detalle, explicó que el modelo desarrollado por el Centro de Estudios Horizontal otorgaría entre $95 mil y $140 mil decreciendo a medida que el sueldo y los ingresos de las familias sea mayor. Este esquema debe estar condicionado a la formalidad del trabajo, para poder incentivarla.

Para esto, existen dos precedentes: en primer lugar, el Ingreso Mínimo Garantizado, que si bien para Briones es incompleto, es un buen punto de inicio. Y, posterior, la Billetera Electrónica que calificó como una buena idea. “Llevémoslo a un esquema que premie la formalización, porque la transferencia vía IVA no premia la formalización. Es independiente. Es una devolución al consumo y todas las personas consumen”, expresó.

Sin embargo, en el conversatorio “Desafíos de la política social” en Chile del Centro de Estudios Horizontal, y la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica, también hizo énfasis en que el modelo costaría mucha plata, considerando entre 1,2 y 1,9 puntos del PIB.

“Pero si uno lo agrupa con otros programas que están duplicados puede tener un costo entorno a 1% del PIB. En cualquier caso es mucha plata, pero aquí es donde se tiene que apuntar”, señaló.

La subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, por su parte, también se refirió a ciertos problemas del sistema actual. De esta forma, apuntó a que muchos de los beneficios que busca entregar el Estado no llegan a todas las personas que a las que se destinan los recursos “debido a brechas de la información”.

Lo anterior, según Poblete, porque “no se considera a la población como sujetos de derechos, sino como beneficiarios, por lo que no tiene derecho a esa prestación, sino que la posibilidad de postular. Muchas personas no se enteran que cumplen los requisitos, y no postulan, por lo tanto, no acceden”, declaró.

Por ejemplo, de un total de 13 programas destinados al 40% de la población más vulnerable, destinados a beneficiar a más de 2 millones de personas, el promedio de personas beneficiaras es de 396.184. Para el 60% de menores recursos, existe 25 programas, que pueden beneficiar a más de 5 millones de personas, y el promedio de personas que reciben esta ayuda es de 384.737.

Briones detalló que en la actualidad un tercio de los programas sociales tienen problemas de diseño y existen cerca de 500 programas sociales cuyos montos son inferiores a US$10 millones, en los cuales “la plata se queda en el costo de administración”.

De esta forma, no solo el costo de implementación entorpecería este tipo de esquemas, sino que también los estatutos administrativos del Estado, según Briones. Pensar en cerrar los programas y liberar los recursos para transferencias directas es algo que no se puede hacer con los estatutos actuales puesto que “no se puede despedir a nadie, entonces cierras un programa mal evaluado y te ahorraste muy pocos pesos”, determinó.

La subsecretaria señaló que tiene una mirada “menos fatalista. No todos están mal evaluados porque las prestaciones sean inadecuadas. No todo se resuelve con plata. Sabemos que algunos de los programas enfocados en la alimentación escolar, han tenido beneficios en la nutrición de niños y niñas. No necesariamente si las personas recibieran la plata en efectivo, sería gastadas de ese modo”, dijo.

Por otro lado, contemplando a los países de la OCDE, el coeficiente de Gini en países más avanzados disminuye cuando se compara con el registrado posterior a los impuestos, lo que no ocurre en Chile, puesto que se mantiene. Respecto a esto Briones enfatizó en que en esta misma perspectiva, 3/4 de reducción en desigualdad de ingresos se explica por transferencias monetarias. “En Chile hay pocas transferencias”, dijo el exministro.

La subsecretaria señaló que, en materia de programas sociales, se está implementando un nuevo paradigma de cuatro ejes fortalecimiento del sistema, enfoque de derechos y universalidad, protección de la niñez, y mejoras en el sistema de apoyo de elección de usuarios. Entre otras cosas, se busca transitar a que el Registro Social de Hogares (RSH) sea el único instrumento para seleccionar a quienes serán beneficiarios de los programas.

Sin embargo, Briones apunta a una falencia de esta herramienta (RSH) es que, a su juicio, incentiva a la población a declarar ciertos índices para acceder a los beneficios. “Parte del problema es que el Estado incentiva este comportamiento lo que es ineficiente, injusto, e indigno”, dijo.