Uno de los anuncios realizado la noche del martes por el Presidente Sebastián Piñera donde presentó un set de medidas para resolver la grave crisis que afecta al país desde la semana pasada apuntaba a la reforma tributaria: se aplicará un impuesto a los ingresos sobre los $8 millones con la creación de un nuevo tramo en el Impuesto Global Complementario de 40%, lo que aumentará la recaudación, según sus cálculos, tributaria en US$160 millones.

Dicho monto irá a financiar una parte de los anuncios que están enfocados básicamente en gasto en pensiones, pero que deja varias interrogantes que aún no se resuelven.

Entre los expertos tributarios la mayor duda es si el Ejecutivo insistirá con la reintegración del sistema que propone en la reforma, incorporando el anuncio en el actual proyecto como una indicación, o bien si será una iniciativa totalmente nueva. Esto, porque los escenarios tributarios son completamente distintos si el nuevo tramo es con reintegración o sin ella.

Según Claudio Bustos, de Bustos Tax&Legal, "asumiendo que se mantenga la propuesta de reintegración del sistema, y que la misma fuere aprobada, la tasa final máxima consolidada de impuesto sobre utilidades empresariales, post-retiro, sería de un 40% en el tramo más alto (27% pagado por la empresa y 13% pagado por el socio sobre el dividendo)", en caso contrario, "si se mantiene el sistema parcialmente integrado vigente en la actualidad, dicha tributación consolidada, en el tramo más alto, llegaría a un 49,45% (27% tributado por la empresa más un 22,45% tributado por el socio sobre la utilidad retirada)".

Sobre el nuevo tramo en sí, Rodrigo Benítez, de BDO, señala, primero, que fue un error haber bajando el global complementario en su tasa máxima a 35% y que es correcto devolverlo al 40%. Sin embargo, coincide que "no se puede afectar con esta mayor tasa los ingresos de empresas con sistemas parcialmente integrado, de lo contrario la carga tributaria total llegaría a prácticamente 50%" y por lo mismo "debería insistirse con la reintegración".

De hecho, advierte que el aumento de este nuevo tramo incluso podría ser superior, con la condición de la integración del sistema. "Recordemos que este impuesto hasta el año 2001 tenía una tasa del 45%. En estos tiempos de crisis se podría considerar este rango de impuesto pero con sistema integrado", explica.

Es que para Luis Felipe Ocampo, de Recabarren y Asociados, el anuncio en forma aislada de subir la tasa de global complementario para los mayores ingresos "es lo que haría un médico urgenciólogo tratando a un politraumatizado; luego de que lo estabilice obligatoriamente debe aplicar un nuevo tratamiento para recuperar y rehabilitar al paciente, de lo contrario, su salud peligra".

¿Por qué? A su juicio, "el mensaje político hoy es que la reintegración del sistema no es viable; así las cosas, con tasa de global de 40% y crédito al 65%, la carga final es de 49,45% anual, lo que es un gran desincentivo a seguir como están configuradas las empresas, y por qué no decirlo, llama a buscar esquemas menos gravosos". En ese contexto, advierte que bajo ese esquema "resulta ser un sistema muy poco alentador, pues es de alto costo en la tributación final para todo el mundo", por lo tanto "hay una razonable duda en que en el corto plazo un sistema así pueda recaudar lo que se plantea en teoría y por ello, es necesario reintegrar completamente el sistema".

Complementa Álvaro Moraga, de Moraga y Cía, al señalar que "no se puede olvidar que la Reforma Tributaria del 2014 demostró empíricamente que el aumento en los impuestos no significa ni mayor crecimiento ni mayor recaudación" y por lo mismo, "se debe evitar caer en medidas irresponsables que suenen bien hoy, pero que socaven nuestra economía hacia el futuro. Eso sólo podría considerarse como una medida de emergencia, ya que a mediano plazo es insostenible".

Ignacio Gepp, de Puente Sur, hace un matiz. "Más que insistir en la integración o no, diría que el gobierno debe buscar simplificar el sistema, pero asegurándose de recaudar lo que se necesitará para financiar las medidas sociales anunciadas y cuyo costo estiman en US$1.200 millones". En esa línea, sostiene que "si eso se logra integrando, desintegrando o integrando a medias es una decisión que tendrá que evaluar el gobierno".

Lo que sí debe estar claro en la discusión es que "si el gobierno desea mantener la integración para reducir la carga del 9,45% que hoy tienen personas que no deberían estar pagando impuestos, deberá explicar cómo esto no es una rebaja de impuestos a los más ricos" y, en ese contexto, insistir en las compensaciones donde "el alza al impuesto global complementario es una de ellas".