La investigación de la ministra civil de la Corte Marcial, Romy Rutherford, por los fraudes en el Ejército reveló que el excomandante en Jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, reconoció que en la institución se entregaban aportes mensuales a excomandantes en Jefe y sobresueldos a oficiales activos con fondos provenientes de gastos reservados, lo cual atenta contra la ley.

Según publicó La Tercera, al principio de su mandato, en 2010, se pagaban $400.000 mensuales a exjefes de la rama castrense y al término de su período, en 2014, el monto subió a $800.000 por mes. También relató que se instruyó el pago personal y mensual de $6 millones para él, $2,5 millones para su secretario general, $1,2 millón a sus ayudantes, al edecán y al jefe de gabinete.

Más allá de las condenas que pueda lograr Rutherford, lo que podría conllevar la restitución de los fondos, quienes recibieron estos pagos deberán pagar los impuestos correspondientes. Así lo aseguran los expertos tributarios consultados por PULSO.

Aumento patrimonial

"El artículo 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta señala que este concepto se relaciona con todo incremento patrimonial, cualquiera sea su origen. De ello se ha entendido que los incrementos patrimoniales de origen ilícito también deberían ser declarados y pagar impuestos", explicó Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile.

En esa línea, Álvaro Moraga, socio de Moraga & Cía., dijo que "es un ingreso que no está exceptuado por ley, por ende debe pagar Impuesto Global Complementario, en una tasa del 40% hasta el 2016 y del 35% desde el 2017". Y añadió que al no haberse declarado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) podría cobrar retroactivamente seis años contados desde la eventual liquidación que presente.

Es decir, el impuesto a pagar sería por el total del ingreso frecuente (pensión o sueldo) más los recursos obtenidos de forma fraudulenta.

Cristián Mena, socio de Mena & Alessandri, coincide desde el punto de vista técnico con lo anterior, pero advirtió que "en el caso MOP-Gate, en que hubo una situación similar, la autoridad liberó el pago. Por lo tanto habría que examinar si ese criterio es aplicable a este caso".

Profundizando en este punto, Soledad Recabarren, socia de Recabarren & Asociados, indicó que "el director del SII de entonces, Juan Toro, dijo que las platas reservadas, cuando se entregaban a alguien, no había que rendirlas porque eran de inversión discrecional. Eso es un oficio político que atenta contra todos los principios del derecho tributario", acusó.

Para Recabarren, además, están las condiciones para que el SII tome acciones. "La investigación de la ministra Rutherford ya es antecedente suficiente para que el SII los cite y los fiscalice. Pero acá se puede dar que sería la palabra de uno contra la del otro, ya que en muchos de los casos decían que se pasaban billetes. Así que no sería tan sencillo como pedirles que muestren las cuentas corrientes", aseveró.

De todos modos, algunos de los expertos indicaron que el organismo podría utilizar algunas herramientas fiscalizadoras: exigir que expliquen el origen de los fondos y de cómo costean su estándar de vida, entre otras.

Consultado el SII al respecto, al cierre de esta edición no había respondido.