Expertos analizan cambios al proyecto que aplica impuestos a los altos patrimonios y ven preocupación en inversionistas por “incerteza tributaria”

El martes continúa la tramitación del proyecto que propone aplicar impuestos a los altos patrimonios, subir la tasa corporativa a las grandes empresas y eliminar transitoriamente dos exenciones por los años 2021 y 2022. Se trata de los beneficios tributarios establecidos en los artículos 107 de la Ley sobre impuesto a la renta, sobre la enajenación o rescate de acciones y otros instrumentos con cotización bursátil (ganancia de capital) y la exención a los retiros de los Fondos de Inversión Privado.

La indicación que fusionó la propuesta de la diputada Camila Vallejo (PC) con la Matías Walker (DC) fue aprobada el miércoles pasado por 7 votos a favor y 6 en contra en la Comisión de Constitución quedando lista para ser despachada a la Sala de la Cámara.

Sin embargo, eso no sucedió, ya que los parlamentarios de RN y Evópoli presentaron también una indicación para ser analizada. Esta busca aplicar un impuesto a la repatriación de capitales con una tasa del 8%. Esta propuesta será analizada el martes y luego el proyecto se despachará a la sala.

Si bien la propuesta cambió en relación al primer proyecto que se discutió, pasando de gravar el patrimonio bruto al neto, y de otras modificaciones de procedimiento, lo que fue bien recibido por los expertos, la mayoría, no obstante, se muestran críticos a su aplicación y su efectividad. Tampoco fue bien recibida el alza en el impuesto corporativo, puesto que afirman que ya se tiene un nivel alto.

Asimismo, los abogados indican que existe una mayor preocupación por la certeza jurídica que hay en Chile dado los continuos cambios al sistema tributario que se proponen.

No obstante a ello, donde sí existe un mayor consenso es en eliminar o reducir exenciones antes de aplicar cualquier otro tributo.

Juan Pablo Cabello, socio de Cabello Abogados Tributarios y consultor del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, sostiene que “el proyecto original era bastante deficiente, y las indicaciones tratan de hacerse cargo de algunas de las variadas críticas que ha tenido. Pero aún se mantienen dudas respecto de la efectividad y oportunidad. Se necesita más información”.

Mientras que Ignacio Gepp, socio de Puente Sur acota que “aplicar un impuesto al patrimonio neto es más justo que aplicarlo sobre los activos”. Sin embargo, asevera que “su eficacia a la hora de recaudar y lo administrable que sea sigue siendo debatible, dado que determinar el valor de mercado de un activo no es ejercicio sencillo ni para los contribuyentes ni para el SII”.

Francisco Lyon, socio principal de KPMG, subraya que “desde un punto de vista técnico, un impuesto como el que se propone, aplicado sobre el patrimonio neto versus el patrimonio bruto, sin bien genera menos distorsiones no despeja las dudas más de fondo en cuanto a la conveniencia de la medida. Frente a otros instrumentos, podrían no generar el resultado de recaudación que se espera, incluso peor, encontrarnos con efectos no deseados en términos de actividad e inversión”.

El socio de Recabarren & Asociados, Damián Boada, puntualiza que “la principal ventaja técnica del cambio es que pone el foco de vuelta en conceptos que son parte de la normativa tributaria nacional, en lugar de conceptos como el “patrimonio bruto”, que no tienen determinación definida y seguramente darían lugar a conflicto entre los contribuyentes y el SII”.

Sobre el segundo punto que contiene el proyecto, Javiera Contreras, socia líder de Consultoría Tributaria de EY añade que “gravar la renta siempre es mejor que gravar el patrimonio, ahora si subir la tasa a 30% será una medida temporal o termina siendo definitiva es una de las claves de la discusión. En el pasado el alza de tasas temporales ha resultado en alzas definitivas, porque bajar la recaudación en el futuro es una medida difícil de implementar. Una tasa de 30% es alta para las empresas y puede generar barreras a la inversión”.

Hugo Hurtado, socio Tax & Legal de Deloitte, comenta que “la recaudación por concepto de impuesto corporativo en Chile es del 21,1% de la recaudación, en comparación al promedio OCDE que recauda menos del 10% (9,3%) por dicho concepto. Estados Unidos sólo recauda 6,5% del total. Parece que afectar a las empresas con mayores impuestos corporativos no es la solución”.

Lyon menciona que “desde una perspectiva técnica, si bien su aplicación es bastante simple, las dudas surgen desde una perspectiva más económica, en cuanto a ser una medida que incluso podría ser contraproducente con la esperada mayor actividad y crecimiento para este y los próximos años, no olvidando que Chile ya se encuentra en un nivel de impuesto a la renta corporativa incluso por sobre la media de la OECD, en particular para empresas con ingresos sobre el umbral de UF. 1.000.000 a que se refiere la indicación”.

Boada sostiene que aunque es una medida que va en la dirección incorrecta respecto de impulsar la economía y la inversión, “aumentar la recaudación por la vía de afectar las utilidades de las grandes empresas tiene la ventaja de mantener un hecho gravado conocido por contribuyentes y el SII, lo que técnicamente simplifica la implementación del cambio”.

Poco a poco ha ido creciendo el consenso entre los expertos- economistas y tributariastas- que lo más inmediato que se debe revisar para allegar recursos es eliminar o reducir las exenciones tributarias lo que a su vez, tendría un menor impacto en la actividad y la inversión.

Boada indica que para tener más recursos “habría que revisar exenciones”. Más enfático es la opinión de Hurtado, quien señala que “si lo que se quiere es aumentar la carga tributaria se debe lograr un acuerdo país aplicable en forma gradual, reduciendo exenciones tributarias que hoy no tienen lógica”. Entre ellas menciona renta presunta, franquicias al diésel, algunas exenciones al IVA y otros créditos especiales. Además dice que se tiene que mejorar “la fiscalización para combatir la evasión, y analizar impuestos a productos que generan externalidades negativas”.

Cabello propone que “lo más conveniente es dedicar tiempo y análisis para eliminar exenciones y dar mayores atribuciones para disminuir la evasión. Eso genera ingresos permanentes y relevantes. Se puede discutir un impuesto a los súper ricos, pero las prioridades debieran ir a aquellas modificaciones que generen real impacto”.

Otra arista que están viendo los expertos es la incertidumbre que volvió a estar presente entre los inversionistas quienes han vuelto a consultar por la viabilidad de que estos proyectos avancen y eventualmente iniciar cambios de domicilio.

Magdalena Brzovic, socia de Brzovic & Cía, apunta que toda esta discusión genera incertidumbre, puesto que “se cambian las reglas” tributarias. Esto porque, además, “ninguno de los impuestos que se han creado en Chile han sido transitorios”.

Andrés Alessandri, socio de Mena Alessandri & Asociados sostiene que “existe preocupación por cómo se están legislando los temas tributarios y por ello, se han elevado las consultas de sus clientes en relación a la seguridad jurídica en impuestos que podría verse afectada con estas iniciativas”. En ese sentido, afirma que “hay una realidad de que ya no solo las personas están sacando su plata del país, sino que están pensando seriamente irse de Chile”.

El partner de Tax&Legal de HLB Surlatina Chile, Alex Mansilla, puntualiza “el hecho de que todos los años se esté revisando el sistema tributario trae inseguridad a los inversionistas. Hay una mayor preocupación por la seguridad jurídica del país”.