Expertos cuestionan informe financiero del proyecto que reemplaza al CAE y piden la opinión del CFA

Más dudas que certezas generó entre los expertos el Informe Financiero del proyecto de ley que establece un nuevo instrumento de financiamiento público que reemplaza al CAE. La iniciativa, ingresada este miércoles al Congreso, crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y genera un sistema de contribución continuo de los beneficiarios, quienes asumirán la obligación de retribuir durante plazos proporcionales al tiempo que estudiaron con el instrumento, con un tope de 20 años. Esos montos serán recaudados anualmente por la Tesorería General de la República, entre los cuales destacan anticipos mensuales sobre la base de sus rentas.

Con miras a esta propuesta, el Ejecutivo siempre dijo que sería autocontenida y que no implicaría un mayor desembolso para el Fisco. Y de acuerdo al informe financiero del proyecto elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) eso se estaría dando.

Según detalló el Informe Financiero, que acompaña el proyecto, quienes se beneficien del nuevo instrumento asumirán la obligación de contribuir al sistema sobre la base de sus rentas por el equivalente a dos años para cada semestre cursado con el instrumento, con un tope máximo de 20 años. El esquema de contribuciones se calculará en función de los ingresos anuales que perciban los beneficiarios.

Así, el Fisco transferirá a las instituciones el monto equivalente a la suma de los aranceles regulados y derechos básicos de matrícula correspondientes a las personas beneficiarias de cada institución. Para el caso de becas de arancel que persistan, que se señala serán en su mayoría reemplazadas por este instrumento, serán descontadas de la transferencia a las instituciones de educación superior.

Los ingresos de hasta 7,5 UTA (equivalentes a cerca de $500.000 mensuales) estarán exentos; sobre la parte que excede este ingreso, se contempla una tasa marginal de contribución progresiva de 13% para rentas hasta 11,2 UTA y de 15% para los ingresos sobre ese monto, con la garantía de que su retribución no exceda el 7% de sus ingresos mensuales, o el 8% en el caso de personas con ingresos anuales iguales o superiores a 45 UTA ($ 3 millones mensuales aproximadamente).

Los montos de contribución de cada persona beneficiaria serán determinados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y recaudados anualmente por la Tesorería General de la Republica (TGR), a través de diversos mecanismos entre los que se incluyen anticipos mensuales por parte de los empleadores.

Según se detalló, para la proyección de ingresos fiscales del nuevo instrumento se utiliza como base el modelo para la proyección de ingresos laborales elaborado por Dipres. En ese escenario, según el Informe Financiero, el modelo proyecta a nivel individual el comportamiento previsional de los afiliados al Sistema de Capitalización Individual mediante el cálculo de diferentes matrices de transición. Sobre esa base, el modelo de proyección de ingresos de Dipres simula los ingresos a partir de registros administrativos complementados con estadísticas agregadas, encuestas socioeconómicas, normativas de regulación y artículos de investigaci6n de organismos oficiales, tanto nacionales como internacionales.

Así, se detalla que “utilizando la información histórica a 2023 de remuneraciones de las personas que han estado matriculadas en la educación superior (titulados y desertores) es posible ubicarlas en el modelo de proyección descrito anteriormente y simular sus trayectorias futuras. Luego, es posible emparejar a los matriculados simulados con las personas observadas de acuerdo con las características señaladas (edad, sexo, quintil, semestres cursados, grupos de carrera) y construir sus trayectorias futuras utilizando una función que considera el promedio y desviación estándar de la estimación. Para representar a individuos que emiten boletas de honorarios, se considera un aumento de 7,5% sobre la recaudación, que se estimó como el monto de cotizaciones por boleta como porcentaje del total de cotizaciones forzosas”.

Sobre esa base, se estima la retribución que consideran tasas marginales crecientes para remuneraciones sobre 7,5 UTA, con un máximo de 7% de la renta para personas que ganan menos de 45 UTA y una máxima de 8% para personas que ganan sobre dicha cifra.

De esta manera, la ley implica el primer año un menor gasto fiscal de $46.605 millones, y un mayor desembolso por $61.261 millones, lo que se ve compensado a lo largo del tiempo. Según Dipres, ello implica un desembolso efectivo por $14.656 millones el primer año, y ahorros netos los siguientes años, respecto de los gastos vigentes.

En el informe financiero explican que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de este proyecto de ley, durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiara con cargo a las partidas del Ministerio de Educaci6n y del Ministerio de Hacienda.

No obstante, lo anterior, “el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. En los años siguientes se restará a los recursos que contemplen las respectivas Leyes de Presupuestos del Sector Publico”.

Según cálculos del Ejecutivo, este nuevo sistema le permitirá al fisco ahorros (valor presente) por US$3.400 millones (1% del PIB) en un plazo de 10 años en comparación a si se hubiera mantenido el mismo sistema actual.

Lo primero que mencionan los economistas es que no hay claridad sobre los supuestos que están detrás de las cifras mostradas por Hacienda y la Dipres en el informe financiero. Por ello piden que se aclare cómo llegan a esa cifra.

“El sistema propuesto posee numerosos elementos y mezcla los flujos derivados de múltiples componentes, desde los desembolsos e ingresos debido al FES, hasta ahorros debido a la postergación de la gratuidad. Ello hace difícil evaluar en conjunto, no obstante, las proyecciones presentadas se basan en una serie de supuestos que sí es posible cuestionar debido a que son, en el mejor de los casos, inciertos”, sostiene la economista de LyD, María Paz Arzola. La experta añade que “por mencionar lo más básico: los flujos de ingresos dependen de qué instituciones suscriben al nuevo sistema, lo que no es evidente a priori, y también de que se incorporen al beneficio estudiantes con expectativas de ingresos altos que posibiliten los subsidios cruzados en que se basa la sostenibilidad del sistema, los que a su vez no tendrán incentivos para hacerlo”.

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, su suma a las críticas. Lo primero que menciona es que “para estimar el costo fiscal de un proyecto de estas características, donde no es posible estimar todos los posibles comportamientos, usualmente se hace con escenarios de los estudiantes que optan por las nuevas condiciones, aquellos que deciden tomar un crédito con estas condiciones, especialmente aquellos que van a tener que pagar 3 o 4 veces el monto de la carrera, de recaudación, entre otros”.

En ese sentido, menciona que “lo que uno aprecia aquí es que el informe está construido para que cumpla la promesa que será fiscalmente neutro y no permite ninguna desviación. Cuando lo que queremos saber es justamente el rango de costo que se puede mover un proyecto tan complejo, tal como lo hicimos en el IF del Proyecto del Presidente Pinera”. Por ello, para Acevedo, “el CFA debería emitir una opinión durante la tramitación del proyecto de ley”.

Mientras que Juan Obach, director ejecutivo de Horizontal, también plantea sus reparos. “El primero de ellos es que el informe señala que se está proyectando un ahorro fiscal de US$800 millones, pero eso nos llama la atención porque se está proponiendo condonar a todos los deudores actuales en diferentes porcentajes. Esa condonación, el gobierno la estima en US$220 millones, en cambio nosotros lo estimamos que es del orden de US$800 millones”.

El segundo punto releva Obach es que “el ahorro que se espera por concepto de recarga, que es lo que se paga a los bancos por la recompra de los crédito. Eso históricamente ha sido de 25%, pero Hacienda dice que será del 50%”.

Otra crítica de Obach es la ausencia de escenarios alternativos. “Este es un proyecto complejo y de largo plazo donde hay que proyectar flujos y la cantidad de estudiantes que van a tomar el nuevo esquema, lo que hace fundamental tener distintos escenarios y acá no hay distintos escenarios”.

Por todo ello, Obach dice que “el CFA debería hacer un informe y pronunciarse sobre este proyecto de ley y los supuestos detrás del informe financiero”.

Juan Ortiz, académico del OCEC-UDP, plantea que “si bien los resultados dependen de los supuestos realizados en las diferentes desagregaciones indicadas. Lo ideal es que en la discusión del proyecto de Ley se pueda sensibilizar los principales supuestos para lograr tener una visión más clara del impacto fiscal de esta modificación al financiamiento de la educación superior”.

Para Ortiz, “un elemento que no se puede derivar de este informe corresponde a los aranceles de referencia implícitos y su impacto en la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior. Un factor adicional son los ingresos derivados de los beneficiarios del FES, toda vez que actualmente un 14,2% las personas ocupadas con educación terciaria tienen un trabajo informal”.