Disímiles reacciones provocó entre los expertos la decisión del Ejecutivo de pausar la tramitación en el Congreso del proyecto de ley que busca reformar el sistema de pensiones, hasta después del plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre.
La iniciativa, que forma parte fundamental del programa del Presidente Gabriel Boric, mantiene enfrentados a oficialismo y oposición. Frente a ello, algunos economistas valoraron la decisión de La Moneda, ya que consideran que el actual ambiente de polarización que se ha generado por el proceso constitucional no favorece alcanzar acuerdos, mientras que otros criticaron la estrategia del gobierno.
Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la U. de los Andes estimó que “es una decisión realista, en el sentido de que es difícil lograr amplios acuerdos. Esta reforma necesita acuerdos y se hacen difíciles de lograr en el proceso de discusión constitucional, porque en ese tema no hay acuerdos. Estamos viendo que lamentablemente este plebiscito se tenderá a polarizar entre gobierno y oposición. Ese escenario hace muy difícil que en otras materias se logren acuerdos”.
En la misma línea, Guillermo Larraín, exsuperintendente de Pensiones entre 2003 y 2006, señala que le parece prudente esperar a que se defina este tema tan puntual, donde “la discusión por la nueva la nueva Constitución ha tenido, explícitamente, un debate sobre algunos de los puntos que tiene el proyecto de reforma. Pero eso no debe significar que no se avance en una reforma que el país necesita a gritos. Por lo tanto, apenas se sepa ese resultado hay que mandar un proyecto que no puede excluir formas nuevas de solidaridad”.
Por su parte, David Bravo, director del Centro Encuestas y Estudios Longitudinales UC, sostiene que “si se confirma la noticia, se estaría reconociendo que no ha habido avances en la generación de acuerdos para la reforma de pensiones y que ya, ad portas del plebiscito constitucional, se advierte un escenario que marcará más las diferencias y tendrá menor posibilidad de generar un acuerdo”.
En ese sentido, entonces, agrega, “creo que es un acto de realismo postergar la discusión hasta que se genere un mejor entorno para la búsqueda de consensos”
En tanto, Hugo Cifuentes, profesor de derecho de Seguridad Social (PUC) indica que “el ingreso de las indicaciones prometidas y derivadas, en cierta forma, de las mesas de trabajo técnicas y políticas efectuadas hace unos meses, son esperadas para avanzar en el trámite legislativo. El esfuerzo de conversar y negociar que el gobierno ha indicado como causa de enviar indicaciones con mayor grado de acuerdo, nos lleva a este periodo en que la discusión constitucional, atendido el texto que se estaría aprobando, al menos en la parte que rigidiza cambios en la capitalización individual, puede poner en cuestión la propuestas de reforma, puede terminar constitucionalizando la discusión de la reforma de pensiones. Por ello podría ser conveniente dejar pasar el plebiscito”.
En cambio, Bernardo Fontaine, vocero del movimiento “Con mi plata no”, calificó la postergación de la tramitación del proyecto como “una excusa más”. “El gobierno sabe que los trabajadores quieren elegir quién los atenderá en pensiones y quieren que las cotizaciones adicionales vayan a sus cuentas, porque así muchos no tendrán pensiones más bajas ni dependerán del Estado como propone la reforma. Si el gobierno se pusiera del lado de los cotizantes, la reforma se haría de inmediato, con o sin Constitución nueva”, argumenta. Y añade que “dependiendo de la encuesta, sólo 10% o 14% están de acuerdo con que las cotizaciones adicionales vayan al fondo estatal y 80% quiere elegir administrador. Con o sin plebiscito la reforma no tiene piso ciudadano ni votos parlamentarios”.
En la misma dirección, Ingrid Jones, economista de Libertad y Desarrollo, afirma que “la reforma de pensiones que Chile necesita no se hace en función del resultado de un plebiscito constitucional, sino que se centra en medidas que mejoren el sistema previsional y aumenten el monto de las pensiones, y para ello debe enfocarse en aumentar el ahorro personal y disminuir la informalidad laboral, con solidaridad financiada con recursos estatales. Con su anuncio, el gobierno busca vincular el diseño de la reforma no al eje correcto, sino que busca mantener su diseño original, sin ceder, a pesar de lo débil de su propuesta y la falta de consensos técnicos y políticos”.
Por último, Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal, plantea que “el gobierno debe decidir hoy, poniendo sus cartas sobre la mesa, a qué está dispuesto a ceder para darle viabilidad a una impostergable reforma. Esperar el resultado del plebiscito es anteponer la calculadora electoral a una discusión que no puede seguir aplazándose”.
