Este martes, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados continúa la tramitación del proyecto que busca mejorar la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Y si bien hay un consenso entre los expertos en que era necesario realizarle ajustes a esta normativa, luego de 6 años de vigencia, no todos los cambios propuestos han sido bien recibidos por los abogados y se ha generado debate.

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Uno de ellos es el que busca incentivar la reorganización antes que la liquidación, y por ello se fija una serie de medidas para controlar que quien efectivamente se declare en quiebra, sea su última salida.

En ese contexto, el proyecto afirma que “una manera de incentivar y promover el aumento de tasas de recuperación de crédito se fundamenta en controlar y monitorear cuidadosamente los procedimientos de liquidación y de esta manera evitar los procesos fraudulentos; por ello, el proyecto contempla medidas que permitan , en los casos que se demuestren faltas, delitos o uso fraudulento de los procedimientos concursales, sancionar estas conductas de manera adecuada”, extendiéndose la responsabilidad a los abogados que asesoran los procesos de quiebras.

Este punto generó posiciones divididas entre los expertos. “No vemos con buenos ojos las medidas que ponen mayor restricción para que las personas y empresas se puedan declarar en quiebra”, afirma el abogado de Defensa Deudores, Ricardo Ibáñez, quien agrega que “la sanción al abogado que se está planteando en este proyecto de ley, la consideramos discriminatoria y lo único que tendrá por objeto es que no haya profesionales disponibles para defender a personas en situación de insolvencia y, de existir, que sus honorarios sean absolutamente inalcanzables para la clase media y la realidad económica de las pequeñas y medianas empresas”.

Ibáñez agrega que “creemos que esto se incluye porque la ley busca ser un traje a la medida para la banca y el retail, y de esta manera desincentivar tanto a los abogados como a las personas a optar por un procedimiento de quiebra”.

Visión distinta entrega Loreto Ried, de Ried & Camuso abogados, quien sostiene que “se echaba de menos una penalización más estricta al deudor que actuaba de mala fe. Hoy se tipifica en forma expresa, lo cual hace responsable a la entrega de los antecedentes y bienes al procedimiento de liquidación y evitar conductas de mala fe, que van en perjuicio de los acreedores. Me parece que esto es más bien un advertencia”.

Diego Messen, abogado de Moraga & Cía. subraya que “la intención del proyecto es una adecuación para el debido uso de los tiempos de estos procesos con el objetivo de evitar abusos y fraudes que puede originarse”.