Expertos en libre competencia defienden rol de la FNE y su manejo de la confidencialidad

Diversas reacciones generaron las palabras del fiscal nacional, Jorge Abbott, que en entrevista con La Tercera insistió en que el Ministerio Público pueda investigar hechos de colusión, sin tener que esperar la decisión de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y además, polemizara con el titular de esa entidad, Ricardo Riesco, luego que este señalara ante la Comisión de Economía de la Cámara que entregar la acción penal en esos casos sería “una receta para el desastre”.

Abbott remarcó que “no estoy tan seguro de si existe total y absoluta confidencialidad dentro de la FNE, por ejemplo, respecto de los propios investigados”. “Son pocos los estudios especializados y se da que un día ese abogado es defensor de una persona que ha incurrido en actos de colusión y al día siguiente puede estar en la FNE”, agregó.

Jaime Barahona, asociado de Guerrero Olivos, comenta que “me parece que hay un error en suponer una vulneración de la confidencialidad por el solo hecho de provenir un profesional del ejercicio privado. Los estándares de la FNE todo el mundo sabe que son altos y existen murallas chinas que funcionan”. Por otra parte, plantea que "a nivel internacional la única forma de que la delación compensada prospere implica un alto grado de deferencia del Ministerio Público con la acción de la agencia de competencia. Si no hay coordinación institucional no hay efectividad”.

Julio Pellegrini, socio de Pellegrini y Cía Abogados, indica que “personalmente he podido vivir de cerca el celo con el que la FNE cuida la información y cómo ha intentado siempre evitar todo tipo de filtraciones”.

Por otra parte, dice que si a la fecha no hay conocimiento de querellas por colusión posteriores a agosto de 2016 -cuando entró en vigencia la modificación que reinstauró las penas por colusión-, “no puede ser interpretado como algún tipo de negligencia por parte de la FNE”. “Como el Fiscal Nacional bien sabe, la ley penal no aplica retroactivamente, por lo que solo podrían sancionarse penalmente aquellos hechos cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley”, agrega.

María José Henríquez, socia de Morales & Besa, indica que “más allá del intercambio, creo que la institucionalidad de libre competencia ha hecho una tremenda labor en los últimos años y especialmente en materia de carteles”. Por otra parte, dice que “respecto a la confidencialidad por ejemplo, ésta tiene un resguardo bastante superior en el Decreto Ley 211 sobre libre competencia en comparación a las normas del proceso penal. La herramienta de la delación compensada necesita estos resguardos para ser efectiva”.

Javier Velozo, socio de estudio Contreras Velozo, dice que “si es cierto que los abogados especialistas en materias de Libre Competencia somos un grupo muy reducido y que, por esa razón, efectivamente pasamos con frecuencia del sector privado al público y viceversa, lo que potencialmente es fuente de ciertos riesgos que no tienen que ver con el manejo de información confidencial dentro de la FNE, pero sí con los problemas clásicos de las ‘puertas giratorias’. En esto último la legislación es insuficiente”, agrega.

Aldo González, director magíster en Políticas Públicas de la FEN, U de Chile, plantea que “tuvimos ya la mala experiencia de actuaciones del Ministerio Público persiguiendo delitos de colusión sin ley de respaldo y cuando el TDLC ya había emitido condena. Estos actos siembran dudas sobre la prolijidad que tendría el Ministerio Público para actuar en investigaciones”.