La primera lectura que hacen los expertos tributarios al protocolo de acuerdo que firmó el gobierno con los senadores de la Comisión de Hacienda para viabilizar el proyecto de cumplimiento tributario es positiva. Valoran los cambios a la gobernanza del SII, aunque esperan conocer más detalles para ver cómo se implementa. Sobre los nuevos límites para secreto bancario y denunciante anónimo manifiestan una postura a favor.
Loreto Pelegrí, socia de Asesoría Legal y Tributaria de PwC Chile, afirmó que los cambios al SII “son una buena idea, pero hay que hacer presente que, de acuerdo a la lectura del protocolo, solamente tendrá carácter de vinculante la revisión que haga este comité externo de la juridicidad o legalidad de las circulares de aplicación general que prepare el SII, en el ejercicio de sus facultades interpretativas”. Por ello, apuntó que “sería bueno incluir la revisión de los oficios cuando impliquen un cambio de criterio, y que también dicho Comité pueda revisar de oficio aquellas interpretaciones que puedan ser arbitrarias o contrarias o más amplias que la ley misma”.
Javier Jaque, socio Líder de CCL Auditores Consultores, menciona que las modificaciones al SII “van en la línea correcta, ya que permite integrar experiencias y visiones distintas a lo que se ha venido haciendo lo que podría mejorar el combate contra la evasión”.
Un matiz en las opiniones entrega Hugo Hurtado, Socio Líder de Tax & Legal en Deloitte, quien sostiene que “este cambio por su carácter innovador tiene pros y contras. La propuesta genera más estabilidad y permite disminuir sesgos en la toma decisiones relevantes”.
Sin embargo, acota que “en el derecho comparado no hay mucha experiencia sobre un comité independiente que asesore al director en las materias contenidas en el protocolo de acuerdo y cuya opinión sea vinculante. Normalmente, esa función la ejerce el director del SII aconsejado por sus comités, pero él retiene el poder de decisión. Sí existen en otros países un comité independiente que asesora en temas de anti-elusión y quizás el foco debería ir por ese lado”.
Visión similar entrega Ignacio Gepp, socio de Puente Sur, quien acotó que “la idea de este comité externo para el SII es relevante, aunque no es obvio que un órgano externo al poder ejecutivo deba revisar instrucciones que son obligatorias para los funcionarios. La pregunta es obvia, ¿quién tiene la última palabra en materia administrativa/tributaria antes de los tribunales?”.
En esa misma línea, Víctor Fenner, socio adjunto de Impuestos de EY Chile, puntualiza que “el tema de los gobiernos corporativos de organismos públicos, especialmente la administración tributaria, es de arquitectura fina”. Si bien asevera que “nadie duda que no es sano que las decisiones críticas del SII puedan verse condicionadas por los ciclos políticos, no cualquier variante o mitigante a la figura unipersonal del Director necesariamente dará buenos resultados”.
Así, apunta que, si bien “el enunciado de la propuesta parece ir en la dirección correcta, es importante que aquella salvaguarde la buena gestión que puede verse asfixiada si para todo se establecen comités y contrapesos. Tendremos que ver cómo vienen los detalles”.
Sobre el denunciante anónimo, Gonzalo Ferraz de Andrade, abogado tributario del estudio Arteaga Gorziglia, sostiene que “ha sido objeto de un gran debate, que ha ido mutando bastante. Encuentro un paso importante suscribirla a delitos y crimen organizado. Sin embargo, sería ideal dejar claro cuales delitos, probablemente limitado a aquellos de mayor connotación, ya que el catálogo de delitos tributarios es muy amplio”.
Hurtado argumenta que “esto es un cambio importante a la propuesta inicial, pero puede ser un buen punto de partida teniendo presente que las partes deben hacer concesiones para lograr acuerdo. Quizás se puede comenzar con este enfoque y evaluarla en algunos años, para ampliarla a otros casos si ha tenido buen funcionamiento”.
Y sobre el secreto bancario, Jaque lo que como “razonable” el hecho de que sea a través de un proceso judicial más expedito. “Eso podría concitar un mayor acuerdo entre todos los participantes de un proceso tributario económico de un país”.
Sebastián Saavedra, socio de Binatax, comentó que “sin duda un procedimiento judicial más expedito que el vigente es necesario, pero siempre entregando o dando la posibilidad al contribuyente de defenderse y asegurando, en todo momento, que esta información no sea utilizada en otro contexto de fiscalización que no obedezca a las razones taxativas que habilitaron el acceso”.
