Tras la exposición de los expertos, el mundo político sentado en la mesa de negociaciones para configurar un Plan de Emergencia por la crisis social y económica que ha provocado el Covid-19, advirtió que hay espacio fiscal en lo inmediato para realizar medidas más enérgicas. Asimismo, los economistas representativos de un amplio arco de visiones sugirió con fuerza que las políticas que se implementen deben ser transitorias para no tensionar las cuentas fiscales y su trayectoria hacia el balance estructural.

Según los expositores hay holguras tanto recurriendo a los bonos soberanos, a más endeudamiento o a reasignación para ir en ayuda de las familias y la economía. Y tanto en el gobierno como entre los parlamentarios quedó la impresión de que se pueden destinar entre US$8.000 millones y US$12.000 millones a un plan de rescate, por lo cual se cree que la autoridad podría allanarse a que el gasto efectivo de este plan se situaría en ese marco.

Eso sí, la mayoría de los economistas recalcó que la política fiscal debe apoyar a las familias ahora, atendiendo que lo principal y urgente es delinear medidas para que se pueda mantener la cuarentena, porque lo prioritario hoy es detener la masividad de los contagios. Después, acotaron que hay que preocuparse de la reactivación enfocado en los programas de empleo.

“Fue una reunión donde uno se da cuenta que hay diagnósticos convergentes en materia presupuestaria. Se ve un ánimo común de llegar a un escenario compartido dentro de márgenes fiscales aceptables y señalando que cualquier medida deben ser transitoria, ese es un desafío importante” sostuvo el senador Juan Antonio Coloma (UDI).

Una postura similar mostró el senador Ricardo Lagos (PPD): “Fue una reunión razonablemente buena. Hay ciertos consensos en que hay recursos para enfrentar la crisis, y consenso en que debe haber una intervención robusta pero que debe ser transitoria entre 18 a 20 meses, y mucha claridad respecto a la necesidad de ir retirando los apoyos fiscales”.

El plazo para la Emergencia, de acuerdo con los expertos, fluctuaría entre los 18 y 20 meses.

El experto que menos espacio fiscal proyectó para este Plan fue el ex director de Presupuestos Rodrigo Cerda, con solo US$8.000 millones manifestando que estos dos años se retirarán US$4.000 millones de los fondos soberanos y que los ingresos pueden reducirse por el menor crecimiento. Por ende, sugirió hacer más reasignaciones y propuso un subsidio al empleo por US$300 millones este y el próximo año, más medidas tributarias.

El exministro de Economía, Luis Felipe Céspedes hizo hincapié en la urgencia, comentando que medidas con un aparente costo fiscal más bajo pueden terminar teniendo un costo mucho mayor si aumentan los contagios, por tanto, sostuvo -citando un paper- que mientras más efectiva resulta la cuarentena, más rápido se puede reactivar la producción. El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, detalló cuáles instrumentos fiscales son más rendidores en las distintas etapas de esta crisis.

Asimismo, el exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, sostuvo que había espacio para financiamiento con fondos soberanos sin recurrir a más deuda. Mientras que el ex subsecretario Alvaro Díaz fue quien pronosticó un espacio fiscal mayor de entre US$12.000 millones a US$15 mil millones, enfatizando, al igual que Fontaine, la necesidad de desactivar los beneficios paulatinamente, que no se transformen en eternos.

Un panorama más negro y sombrío para la economía fue el que anticiparon las máximas autoridades del país a la Comisión de Hacienda del Senado. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, solicitó reunión reservada, porque están a dos semanas de presentar el Informe de Política Monetaria (Ipom). Su presentación dejó un sabor amargo entre los parlamentarios, que comentaron que la situación se ve crítica y que podría ser peor.

Luego, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, mostró la caída en las estimaciones de crecimiento para el país de distintas entidades, y resaltó que

los indicadores de movilidad “muestran una disminución importante” y que el Imacec de abril reveló “su peor registro histórico y que el indicador desestacionalizado vuelve a niveles de 2013”.