La Comisión Técnica Asesora para la Comisión de Salud del Senado, que se creó en el marco de la ley corta de isapres que se tramita en el Congreso, y que entregó su propuesta este martes respecto de cómo implementar el fallo que dictó la Corte Suprema en noviembre de 2022 sobre la tabla de factores, sin dejar caer al sistema de isapres, consiguió terminar un documento de consenso entre expertos del más amplio espectro político.

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El ente técnico está compuesto por tres coordinadores, nueve comisionados, más otras seis personas que fueron del equipo de colaboradores técnicos permanentes. Los coordinadores van desde el exministro de Salud durante el gobierno de Sebastián Piñera y asesor del senador Chahuán, Emilio Santelices; hasta el exsubsecretario de Salud Pública del actual gobierno y asesor del senador Juan Ignacio Latorre, Cristóbal Cuadrado. El tercer coordinador fue Manuel Nájera, jefe de asesores del Ministerio de Salud.

Los comisionados son: Camilo Aguilera, Gonzalo Arriagada, Matías Avendaño, Paula Benavides, Álvaro Clarke, Pablo Eguiguren, Teresita Fabres, Rocío Olivares y Teresita Santa Cruz. En tanto, en el equipo de colaboradores hay miembros de los ministerios de Hacienda, de Salud, y de la Superintendencia de Salud.

Expertos consultados estiman que la propuesta es técnicamente viable para poder cumplir el fallo de la Suprema y, a la vez, conseguir que la industria sobreviva, sin embargo, proyectan que pese al diverso grupo de profesionales que consensuó el texto, podría haber complicaciones políticas para que este documento se traduzca en indicaciones que ingrese el gobierno y que luego aprueben los parlamentarios.

El exsuperintendente de Salud, director de isapre Esencial y académico del Instituto de Salud Pública de la UNAB, Manuel Inostroza, señala que “es un informe de muy buen nivel, sólido, técnicamente muy completo. Aborda yo creo que todas las problemáticas, y efectivamente si se cumpliera tal como lo propone el comité técnico, esta sería una solución que permite cumplir con el fallo en su espíritu, aunque lo corrija en ciertos aspectos desde el punto de vista técnico; dar viabilidad al sistema privado de salud, y evitar una catástrofe sanitaria que podría impactar no sólo a los afiliados de isapres”.

Inostroza agrega que “técnicamente es muy viable. El tema es que sea viable políticamente, y la primera barrera va a ser si el gobierno va a acoger las indicaciones que el informe propone. Debiera ser así, porque los representantes del gobierno estaban en la comisión (...), por lo tanto, este es un informe que al ser de consenso, recoge la postura técnica del gobierno, y eso debiera traducirse en que lo respaldan en indicaciones legislativas. Pero la segunda gran prueba es si las fuerzas políticas del gobierno en el Congreso, llámese el Frente Amplio y el PC, van a suscribir esta propuesta o no”.

La fundadora del movimiento ciudadano Salud Libre, Victoria Beaumont, comenta: “Lamentamos que los fallos de la Tercera Sala hayan puesto en riesgo la estabilidad de un sistema del que dependen tantas personas y vemos con preocupación que aún queda una revisión en particular de un proyecto de ley de difícil discusión, por la cantidad de componentes técnicos involucrados. El esfuerzo de la comisión técnica permite restituir cierta racionalidad y de esta forma que las personas recuperamos la certeza necesaria sobre la continuidad del plan de salud y nuestros tratamientos médicos. Técnicamente posible, pero políticamente difícil. Creo que es fundamental sacar lecciones de este caso, pues este proyecto de ley es desde su génesis incoherente, al tratar de dar respuesta racional a un fallo que en sí mismo impedía tener las bases financieras para su propio cumplimiento”.

Por su parte, el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández, cree que este informe “sí establece una viabilidad del sistema futuro, compatibilizando lo que es la aplicación de los fallos por tabla de factores y precio GES, con una devolución que el sistema de isapres eventualmente pueda asumir. Es una devolución bastante extensa, a 10 años, lo cual puede complicar políticamente la viabilidad del proyecto de ley. Me parece que va a ser un punto de discusión, me parece que también va a tener que explicarse muy bien a los afiliados y beneficiarios cuáles fueron los elementos que se recogieron en esta propuesta para arribar a una solución totalmente distinta a la que había interpretado la Superintendencia de Salud en su momento. Creo que eso puede establecer una complicación desde el punto de vista político, al dar pie atrás a esa interpretación inicial”.

En tanto, el superintendente de Salud, Víctor Torres, dijo este martes que “las modificaciones que se puedan realizar al proyecto de ley, pueden establecer criterios distintos o resultados distintos, una vez que estén votadas, aprobadas y publicadas. Por tanto, ahora que hemos asistido a la presentación de un informe, que basa cálculos en supuestos distintos a la lectura o al tenor literal del fallo, establece entonces algunas cifras que pueden ser distintas, precisamente por estas recomendaciones, pero no es que hoy haya un efecto inmediato ni de rebaja en términos de monto ni de rebaja en términos de personas”.

Torres agregó que no hubo un cuestionamiento explícito ni implícito a los cálculos de la Superintendencia, y que el mismo regulador participó en los cálculos que entregaron los técnicos en base a los nuevos supuestos que ellos propusieron.