Exprofesionales de la FNE analizan cambios al organismo anunciados en agenda antiabusos

El combate a la colusión y el abuso en los mercados es uno de los tres pilares de la denominada Agenda Antiabusos, dada a conocer en cadena nacional este lunes.

Cinco profesionales -abogados y economistas- que se desempeñaron en la FNE, analizaron las propuestas y si bien en general valoraron los anuncios, también aclararon algunos puntos y presentaron sus reparos.

Una de las medidas propuestas por el gobierno fue aumentar las sanciones penales, con penas de cárcel efectiva, para los delitos de colusión cuando los bienes afectados sean de primera necesidad, como medicamentos o alimentos (ver más detalles en página 2). La abogada socia de Morales & Besa y exjefa de la Unidad de Carteles de la FNE, María José Henríquez, explicó que "la sanción de cárcel existe desde el 2016 en nuestra ley y la pena es bastante severa: entre tres y diez años de prisión con un año de cárcel efectiva. También se incorporaron inhabilidades para ejercer ciertos cargos ejecutivos y directivos".

En el caso de la agravante para los delitos que afectan productos de primera necesidad, Jaime Barahona, abogado de Guerrero Olivos y exsubfiscal nacional económico, detalló que esta existía en el año 2003 y que "se discutió en la última reforma, pero no se acogió, entonces de alguna manera el gobierno está restableciendo esta agravante considerando la discusión de 2016".

Carolina Bawlitza, counsel de DLA Piper y exencargada de Delación Compensada de la FNE, indicó que si bien se puede considerar agravantes especiales o aumento en el plazo de cumplimiento de la pena efectiva, "lo cierto es que las penas que actualmente contempla la legislación son bastante elevadas y que hasta la fecha no han sido aplicadas únicamente debido al escaso tiempo transcurrido desde su aprobación".

En este punto, el abogado socio del Estudio Bravo y exlitigante de la división jurídica de la FNE, Mario Bravo criticó que la decisión de solicitar la pena de cárcel sea criterio del Fiscal Nacional Económico, lo que a su juicio debería ser una obligación. Para Bravo "lo que ha presentado es ambiguo, liviano. Espero que esto sea para abrir el debate y que participen expertos".

En ese sentido, para Ana María Montoya, economista y socia de Butelmann Asociados y exsubjefa de la Unidad Anticarteles de la FNE, se debe "dejar actuar el sistema y a su institucionalidad antes de evaluarlo o reformarlo. En nuestra experiencia sabemos que las investigaciones de carteles son largas y altamente complejas y por eso es posible que no existan aún casos de carteles nuevos a los cuales aplicar las reformas que mencionamos". La también fundadora de la Red Procompetencia agregó que "lo que sí falta es una mayor comprensión del sistema, para lo cual es esencial que se comunique y socialicen los distintos tipos de prácticas colusivas y sus consecuencias al interior de las empresas y asociaciones gremiales".

Dos puntos fueron los más llamativos del anuncio. Por un lado, la figura del denunciante anónimo, la que incluso podría contar con una recompensa si la información permite desbaratar un cartel, indicó el ministro de Economía, Lucas Palacios. Al respecto, Barahona indicó que este mecanismo "se ha utilizado en varios países, pero lo novedoso es que si lo juntas con una recompensa, estaríamos en la punta de los mecanismos más avanzados".

Si bien en la actualidad cualquier persona puede ingresar una denuncia ante la FNE por prácticas contrarias a la libre competencia, solicitando reserva de su identidad, "entregar premios o contraprestaciones al denunciante amerita un análisis cuidadoso de pros y contras, pues existe el riesgo de sobrecargar a la autoridad de denuncias infundadas, impidiendo que focalice sus esfuerzos en la investigación de los ilícitos verdaderos", afirmó Bawlitza.

Por otro lado se planteó el alzamiento del secreto bancario, lo que pasaría a formar parte de las atribuciones duras de la FNE, junto con el allanamiento y la interceptación telefónica, coincidieron los especialistas, aunque tendría mayores aplicaciones en delitos de corrupción o cuello blanco.