Fue hace dos años, en mayo de 2023, cuando el gobierno le solicitó la renuncia al exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, quien fuera clave en la redacción de la reforma previsional que ingresó en ese momento el gobierno al Congreso.

Frente a ello, Larraín interpuso en tribunales una demanda por tutela laboral, de la que hace poco más de un mes se conoció el resultado: el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago rechazó la acción presentada por el exsubsecretario de Previsión Social en julio de 2023 en contra del Ministerio del Trabajo, en la que exigía una indemnización por $580 millones.

En respuesta a esto último, recientemente la defensa de Larraín ingresó un recurso de nulidad, según señalan quienes conocen la situación, para que se revise el proceso judicial.

En la sentencia que publicó hace poco más de un mes el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, y que fue dictada por el juez titular Víctor Riffo, se concluyó que, del análisis de la prueba en relación con la denuncia, se desprende que “no ha existido un acto del empleador al que se pueda atribuir una calificación de agresión al derecho fundamental de la manera descrita en el artículo 485 del Código del Trabajo”.

Así, “al descartar esa acción principal, la acción conjunta, pero accesoria de indemnización de perjuicios morales como consecuencia de la vulneración de derechos fundamentales, deberá ser desechada de plano, pues no logrará unirse ese daño a un actuar imputable al empleador”, estableció el juzgado.

Christian Larraín, quien fue asesorado en el juicio por Jorge Bofill, pide una indemnización de $80 millones, equivalente a 11 remuneraciones mensuales, y otros $500 millones por daño moral.