El comunicado de prensa era escueto, pero claro. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) suspendía las operaciones de STF Capital Corredores de Bolsa por no entregar sus estados financieros, ni cumplir con los índices de cobertura patrimonial. Esa fue la primera señal de que las cosas no andaban tan bien como las pintaban los dueños de la firma, los hermanos Ariel Isaac y Daniel Amir Sauer Adlerstein, el socio minoritario Rodrigo Topelberg y el gerente general Luis Flores, quienes al día siguiente de la suspensión anunciaron un aumento de capital por $ 4 mil millones para “despejar cualquier duda” sobre su posición financiera.

Era el 24 de marzo y en el mercado ya se estaba empezando a hablar en voz baja de un agujero de “varios millones” que ocultaba esta sociedad y su relacionada, el factoring Factop. Un importante número de clientes, en su mayoría pequeños ahorrantes e inversionistas pertenecientes a la colectividad israelita, había confiado la gestión de su dinero a las firmas.

La prominencia de los controladores de esas empresas, provenientes de dos adineradas y prestigiosas familias de origen judío -los Sauer y los Topelberg- dieron a muchos la impresión de que solo se trataba de inestabilidades propias de cada empresa y el mercado. También los tranquilizaba el hecho de que entre sus clientes figuraran importantes compañías financieras del mercado local. Por eso, varios de los afectados confiaron en las respuestas y explicaciones que los controladores de STF y Factop estuvieron entregando semanas enteras a fines del primer semestre a los clientes más escépticos que reclamaban su dinero. Algunos, terminaron querellándose contra ellos después, porque les pagaron con cheques que fueron protestados al tratar de cobrarlos.

“Aquí todos nos conocemos y sabemos cómo son las cosas. ¿Quién no ha tenido alguna vez problemas en sus negocios?”, dice el dueño de una importadora que le respondió -de manera amable, pero muy toscamente también- Daniel Sauer, su ex compañero en el Instituto Hebreo, cuando lo llamó a su celular para preguntarle por los rumores y el paradero de los $ 60 millones que le había entregado a fines del año pasado, a cambio de un interés mensual del 1%. “Nosotros nos conocemos”, fue una de las frases tranquilizadoras que le lanzó. Hoy su nombre figura en la lista de los 122 acreedores inversionistas que el 27 de septiembre entregó el contador Ramón Paillán de RPA Consultores para comenzar con la reorganización judicial de Factop. Esas 122 personas naturales y jurídicas aparecen bajo la categoría otros acreedores, con el rótulo de inversionistas, con el 40,7% de las deudas de Factop. A los acreedores financieros, Factop adeuda otro 38,4%: los mayores aquí son Tanner y el fondo Global SME Fund LP, cada uno con más de $ 5 mil millones. Las deudas totales reportadas superaban entonces los $ 59 mil millones.

Tras la suspensión de la corredora, en marzo, la CMF siguió investigando. En abril envió los antecedentes a la Unidad de Investigaciones que dirige Andrés Montes, en mayo suspendió a STF por 120 días y le levantó cargos, y el 8 de agosto dictaminó el cierre definitivo de la firma que debutó en 2020 y era controlada por Daniel y Ariel Sauer, quienes tenían el 67% de STF a través de Inversiones DAS, donde tenían como socio a Rodrigo Topelberg, con el 25%.

El gerente general de la corredora, Luis Flores Cuevas, y otros 14 empleados de la firma colaboraron en la causa. Sus declaraciones permitieron comprobar que STF reportaba índices que se apartaban de su real situación financiero-contable, debido a una serie de movimientos y manipulaciones, como registrar abonos de STF como si fueran de Factop y depositar cheques para registrarlos contablemente a sabiendas de que serían protestados, entre otros. Todo con el fin de presentar a la intermediadora al día con sus ratios financieros. En total, según la CMF, los cheques girados, depositados, devueltos y no pagados alcanzaron a $5.890 millones.

Lo mismo pasó con la Sociedad de Inversiones Tanuka Limitada, sociedad de los Topelberg, que “pagaba” a STF a las 13:55 pero a las 14:00 retiraba los fondos, aprovechando ese vacío de minutos que se produce en el cierre bancario. Los pagos ficticios se registraban en la cuenta por cobrar de Factop. La fórmula también se usó para otros clientes como Global Management Solutions SpA y Nova Trade Solutions SpA (perteneciente a Alex Vicencio y Juan Cerda), indicó la investigación.

El ente regulador además descubrió que la firma echaba mano a las provisiones de bonos de incentivos y de vacaciones de su personal, para aparentar músculo financiero.

Por si eso fuera poco, movían artificialmente las cuotas de la serie B de un fondo de Larrían Vial para hacerlo aparecer como un instrumento de una alta presencia bursátil o movimiento. “También en ciertas ocasiones ingresaron fondos a la corredora que, contablemente, se abonaban al pasivo de Factop e Inversiones Guayasamin (de Daniel Sauer) eso sí, sin afectar las cuentas de patrimonio de los clientes” declaró Flores, quien actualmente busca rebajar la sanción por 13.500 UF (unos US$ 500 mil) y su inhabilitación por cinco años para trabajar en el mercado regulado que le impuso la CMF.

Otro ex funcionario de la corredora de bolsa, el contador Jorge Martínez, despedido el 2022, aportó datos referidos a que para calcular el cumplimiento de los índices diarios de la corredora existía un grupo de WhatsApp compartido con los gerentes. “Todo se hacía vía un grupo de WhatsApp y los problemas comenzaron el 20 de enero” de 2022, dijo Martínez. “Yo identifiqué siete irregularidades”, precisó y destapó la caja de los truenos al agregar que se trataba de facturas ideológicamente falsas: “Le empezaron a sacar plata a STF y comenzó con problemas de liquidez, principalmente entre Factop y Luis Flores también, porque él después se arreglaba con Factop”, dijo a los fiscalizadores de la CMF.

Las maniobras resultaron a la perfección durante un tiempo. Eso les permitió seguir operando ante los ojos de la CMF y mostrar solidez ante los futuros clientes.

Pero fue la querella de Rodrigo Topelberg Kleinkopf en contra de sus ex socios y amigos lo que convirtió en realidad los mayores miedos de algunas personas que confiaron sus recursos a la firma. En la acción judicial, del 31 de julio y ampliada el 3 de agosto, Topelberg acusó a los Sauer de crear un mecanismo de emisión de facturas ideológicamente falsas, destinado a obtener dinero del mercado de valores para mantener andando su mecanismo. Hasta denunció que le falsificaron la firma.

Los Topelberg y los Sauer tenían una larga relación. Sus familias se encontraban desde hace más de 35 años en Concón durante los veranos.Además, los hijos de Enrique Topelberg Dolber -quien se querelló por una deuda de $ 500 millones- y de Alberto Sauer Rosenwasser coincidieron en el Instituto Hebreo. Topelberg estudió ingeniería en ejecución en administración de empresas en el Instituto de Formación Empresarial. Es dueño de la agencia de marketing Stereo Free y su abuelo, León Kleinkopf, fue durante las décadas de los setenta y ochenta representante en Chile de los camiones Scania y Mercedes Benz.

Desde hace ya dos meses, la justicia es el escenario donde se tramitan las acciones judiciales en contra de los Sauer, STF Capital, Factop, algunas de sus otras empresas, como Textil Zico, e incluso familiares más directos suyos y de los Topelberg, por los delitos de apropiación indebida, administración desleal, estafa, invasión del giro bancario y lavado de activos, principalmente.

Ello, sin contar las demandas de liquidación forzosa que se acumulan de parte de grandes clientes corporativos como Zurich, Tanner, Global SME Growht Fund LP, Inmobiliaria de la Fuente, Concreces Factoring y Larrain Vial, Consorcio, Finameris, entre otros.

El 26 de septiembre, Factop inició su Reorganización Concursal con el fin de vender sus activos y pagar a los acreedores. “Lo que persigue la empresa de factoring, luego de haber certificado sus pasivos por un auditor independiente inscrito en la CMF, es lograr una venta de activos para el pago a sus acreedores”, sostuvo la firma en un comunicado difundido ese día.

La información contenida en el Balance Provisorio de Factop al 31 de agosto sitúa el total de acreedores en 156. De ese total, 17 corresponden al ámbito financiero, igual número a sociedades o personas relacionadas a la firma, y 122 inversionistas externos, entre ellos personas naturales y jurídicas.

Hay damnificados en varias regiones y hasta en Perú y Estados Unidos. El epicentro eso sí está en el sector oriente de Santiago. El tamaño del problema, así como el total de perjudicados, podría crecer a medida que avance la investigación judicial.

Hasta esta semana se comentaba que el caso se resolvería con una pérdida importante para los clientes afectados. Diversos asesores a los que éstos solicitaron sus servicios para recuperar sus dineros habían estimado -muy por encima y sin tener a la vista todos los antecedentes- que en promedio se podría recuperar en torno al 50%, debido a que Factop tenía en su cartera una serie de activos susceptibles de ser vendidos. Pero, según aclaró uno de esos asesores a Pulso, existen dudas sobre la confiabilidad de toda la información y de que esos activos estén realmente a la mano.

Entre julio y agosto, varios clientes y sus asesores aseguran haber pedido información a SFT, Factop o a los propios Sauer, pero recibieron como respuesta que tampoco estaba toda la información para auditar en ese momento o, sencillamente, no les contestaron. Ni siquiera recibieron una palabra de alivio.

Y es por eso que ahora varios temen lo peor: el quiebre total entre los socios podría dificultar aún más la obtención de datos y el regreso de su plata. “Es difícil entrar en una transacción donde validar números con alguien. Los mandantes están enfrentados y tienen intereses muy diferentes”, resume pidiendo reserva de su nombre un auditor.

Y la revelación de Ciper de un audio de una reunión del 22 de junio entre Daniel Sauer, el influyente abogado penalista Luis Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos, dando a conocer la existencia de una estrategia legal que incluiría el pago de presuntas coimas a funcionarios públicos, complicó más las cosas, reconocen entre los inversionistas.

La frase “esta huevá se arregla con plata”, pronunciada por Hermosilla, fue la confirmación de que todo esto puede terminar dejando de lado el problema financiero de las víctimas. El propio audio de una hora y 48 minutos refleja lo complicado que se puede terminar tornando el escenario para los afectados. “En los últimos tres años -de nuestra parte, cuatro años- han salido chorros (de plata) para allá. Somos un buen cliente. Con mis huevás, los huevones se llevaron gamba”, se oye a Daniel Sauer, dejando entrever que la firma venía “arreglando” así sus complicaciones con la autoridad regulatoria y fiscalizadora. Hay investigaciones y denuncias en curso.

Este jueves Carabineros allanaron las oficinas del abogado Luis Hermosilla, ubicadas en Alonso de Córdova, Vitacura. Se llevaron teléfonos y computadores en busca de pruebas que confirmen las conversaciones reveladas en el audio.

La revelación ha conmocionado al mercado y ahora sus esquirlas salpican al mundo político del país, debido a la participación de Hermosilla, uno de los abogados más reconocidos de la plaza, con contactos transversales y llegada a los círculos de poder más importantes.

Los inversionistas afectados no han logrado salir de su asombro y desesperación mientras la fiscalía investiga el caso. Se trata de 122 personas de diversas edades, patrimonios y condiciones, especialmente de la comunidad israelita, habituada a hacer rentar su capital.

Un grupo buscó asesoría en el estudio LBG, liderado por las abogadas Catherine Lathrop, Margarita Blanco y Pamela Goldbaum. Las tres han asesorado antes a integrantes de la colonia y entre sus clientes figuran varios personeros de la comunidad israelita. En total, en el sistema financiero se habla de más de US$ 40 millones en daño a los inversionistas más pequeños, aunque los registros de RPA consultores indican que se trataría de $ 24.107 millones (unos US$ 27 millones), sin considerar las ganancias prometidas del 1%. Las cifras podrían ir cambiando a medida que avancen las investigaciones.

Las pérdidas totales sufridas por la comunidad judía se desconocen, pero varios de sus integrantes recordaron también que en el escándalo hay personas de la comunidad de origen árabe.

De hecho, los Sauer tienen una pequeña participación en uno de los negocios de Patio, uno de cuyos mayores accionistas es la familia Jalaff. Según se oye en el audio que fue grabado el jueves 22 de junio, Daniel Sauer esperaba quedar en buen pie financiero con la venta de ese porcentaje. “Yo con la venta de Patio quedo arriba”, decía. Estimaba $ 7 mil millones. “Con eso pago a todos los inversionistas que han sacado la plata mientras quedó la zorra, que son $ 2.000″ millones, contaba a Hermosilla sobre las finanzas de Factop.

“Lo digo como prestamista judío, que me llegan varias peticiones de varios lados”, se autodefinía Daniel Sauer a propósito del estado de las finanzas personales del abogado Darío Calderón, de quien habló con Hermosilla y Villalobos ese mismo 22 de junio.

“Invertí $ 30 millones. Llegué referida por un amigo. En mi banco me ofrecían depósitos a plazo con 0,85% a 0,96% de interés máximo por ser cliente antigua, mientras que ellos daban el 1% asegurado”, cuenta desde el sur una de las afectadas.

El boca a boca fue clave. La tan extendida cultura del dato llevó a un gran número de personas a entregar los ahorros de toda una vida con la esperanza de mejores réditos para esas platas. Se habla de sueños rotos, familias destruidas, amistades que nunca más cruzaron palabra y herencias esfumadas. Se perdió mucho más que el dinero y la confianza.

“Muchas inversiones son de familias completas que buscan proteger el patrimonio para sus hijos. Eso es algo que siempre se ha hecho”, añade uno de los afectados, de 77 años, quien agrega que deberá empezar a trabajar con su nieto mayor para compensar las pérdidas y volver a recuperarse.

Al “dato” se sumó la amplia red de contactos de personas con dinero y buena posición que operaban con la firma. Ello le dio un halo de exclusividad y seguridad que varios afectados describen hoy como una de las razones para confiar. “Carlos me comentó que era un negocio altamente rentable y seguro, que la empresa estaba consolidada y que era un círculo exclusivo, que solo podían invertir en ella familiares y amigos muy cercanos, es decir, era algo así como un negocio cerrado”, narra Carolina González en su querella por los $ 153 millones que le adeudan a ella y otros $ 127 millones a su marido, Carlos Escobar, un ex ejecutivo de Scotiabank que llegó a Factop tras ser invitado por otro Sauer, David, también ex funcionario del Scotiabank.

Se refiere así al “fondo Family Friends” que aparece mencionado también en las querellas de los inversionistas Sebastián Vargas y Sofía Chomalí: “Producto de una recomendación realizada por cercanos, en el mes de noviembre de 2022 se me puso en contacto con los socios de la Sociedad Factop S.A., principalmente, con el querellado Daniel Sauer, con el objeto de ingresar como inversionista en un fondo de inversiones llamado supuestamente ‘Family Friends’, ‘y obtener un interés mensual asegurado del 1%, con la posibilidad de poder retirar los fondos cuando quisiera, según lo indicado por el mismo Daniel Sauer en la reunión. Como tenía conocidos que tenían su dinero invertido en dicha sociedad, acepté”, describe el abogado. A él le quedaron debiendo $ 133 millones y a ella, con quien incluso fueron juntos a mediados de julio a las oficinas de la firma a recuperar su dinero (sin buenos resultados), les adeudan $ 350 millones.

La ruta del Family Friends pasa por un grupo de Whatsapp donde convergían algunos ex compañeros de los hermanos Sauer, la mayoría de las generaciones egresadas en los 90 en el Instituto Hebreo de Santiago. “Family, Friends and FOOLS”, puso ahí, con evidente sarcasmo, uno de los afectados, en referencia al término anglosajón “familia, amigos y tontos” sobre las fuentes más cercanas y accesibles de financiarse que existen para los emprendedores.

También de ese colegio, pero de la generación de Alberto Sauer Rosenwasser, el padre de Ariel y Daniel, es la empresaria Anna Maria Romanow, quien también se querelló luego de que le protestaran los cheques con que le habían garantizado la devolución de los $ 92 millones que colocó en la firma que logró encandilar a tanta gente.

Según se desprende de los archivos judiciales revisados por Pulso, la participación de Sauer Rosenwasser en el accionariado de Factop y en el día a día de la firma fue otra de las “garantías” que varios inversionistas consideraron para invertir. Su sola presencia en las oficinas le confería al negocio un aire de seriedad, ya que el empresario fue durante décadas dueño de Confecciones Sauer en la calle San Pablo, en el centro de Santiago, además de un miembro relevante de la comunidad judía. Su participación en diversas actividades de beneficiencia, incluso financiándolas especialmente entre los 60 y 80 hicieron que su voz fuera siempre escuchada. Posee el 25% de las acciones de Factop.

Sauer Rosenwasser había comentado a su más cercanos que ya estaba por retirarse. A sus 78 años y toda una vida de trabajo, pensaba en jubilarse cuando estalló el caso. Entre los acreedores relacionados, el padre de los Sauer Adlesrtein figura con una acreencia por $ 1.661 millones. La crisis solo le ha traído malas noticias a él y su familia, debiendo enfrentar malos comentarios o adjetivos calificativos que les han ido adjudicando desde entonces.

“Con Alberto Sauer Rosenwasser nos veíamos y conversábamos constantemente cada sábado y domingo a la hora del café junto a otros amigos en común y, cada vez que le preguntábamos por cómo iban las cosas en Factop y el resto de sus negocios a los que se dedicaba con sus hijos, éstos (los cuatro querellados) me indicaban que les estaba yendo muy bien, siempre crecían y que las utilidades mensuales y anuales eran increíbles”, relatan en su querella los inversionistas José Reininger y Rafael Fischer que entregaron $ 1.800 millones a través de inversiones Jora y en septiembre aparecían como los inversionistas externos más afectados por la firma, en el primero de los 122 casilleros que identifican a esos acreedores. El segundo de esa lista es Isaac Wurman Schapiro, quien reclama $ 1.570 millones. Wurman estuvo vinculado a los negocios textiles del patriarca de los Sauer y llegó a conocer a sus hijos. “Habíamos compartido mucho tiempo tanto en círculos sociales como en los vinculados a temas comerciales, generando un vínculo de amistad y de mutua confianza”, relata en la querella que presentó contra los tres Suaer y Topelberg. “Muchos de nuestros cercanos y amigos de nuestra comunidad hacían inversiones en Factop”, contó. Wurman dijo que se ufanaban de manejar tanto capital que podían abrir un banco incluso y que pensaban incluso ampliar su exitoso negocio al extranjero. Por ello él y su señora les confiaron los ahorros de toda su vida. Cuando estalló el caso STF, pidieron los dineros de vuelta y Sauer padre le respondió que los fondos de los amigos y conocidos no corrían ningún riesgo y que estaban trayendo dinero desde sus cuentas en el extranjero. “Ingenuamente todos quienes estábamos con inversión en dicha compañía caímos en dicho relato”, se lamenta Wurman, cuya familia fundó las desaparecidas tiendas Dijon.

Ahora nadie quiere ser parte del Family Friends.