El antecesor de Juan Sutil en la presidencia de la CPC, Alfonso Swett, volvió a la arena pública en entrevista con Pulso Domingo.

Uno de los planteamientos que hizo el director y socio del holding de retail Forus, fue que se pueda impulsar un estatuto especial para 2021 y 2022 dirigido a las empresas, de manera tal que les otorgue invariabilidad de reglas tributarias, laborales y ambientales a las inversiones que partan estos años de discusión constitucional y que se puedan extender “hasta un plazo razonable dependiendo del proyecto, del monto y de los puestos de trabajo que genera directa e indirectamente”, sostuvo. Con esta iniciativa, el empresario apunta a que se fomente la inversión en estos años de discusión constitucional.

La propuesta de Swett está generando diversas opiniones, donde al menos los economistas son los más pesimistas.

El economista senior de Libertad y Desarrollo y exsubsecretario de Economía del primer gobierno de Piñera, Tomás Flores, asevera que le parece “difícil esta propuesta” y recuerda que “en el antiguo estatuto de inversión extranjera se establecía justamente la invariabilidad tributaria y funcionó. Se acogieron algunas empresas, porque no era barato y había que pagar una tasa de impuestos más alta. Pero más tranquilidad le daba a las empresas en esa época la seriedad del proceso legislativo del Congreso. Hoy eso cambió y el Congreso está intentando hacer política fiscal por su cuenta y cambios regulatorios sustanciales, por lo que no sería fácil poner una ley de invariabilidad regulatoria completa. El problema es el Congreso que tenemos hoy en día, que es el peor de los últimos 30 años, por lo que no hay ley de invariabilidad –en especial laboral- que sea capaz de resistir”.

En tanto el profesor de economía de la Universidad de Chile y exsubsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Micco, expresa que con el planteamiento de Swett “quedaría la crema, porque se tendrían contratos laborales con dos tipos de leyes rigiendo al mismo tiempo. ¿Y en lo tributario se daría invariabilidad eternamente?”. El economista dice que “se entiende lo que quiere lograr, pero me parece complicado de implementar. Ojalá que los temas de inversión se puedan ir acordando rápidamente en la discusión constitucional, como el derecho a la propiedad o el rol social de la propiedad, de manera de dar mayor certeza al futuro”.

Si bien el exministro de Economía de este gobierno, José Ramón Valente, coincide con Swett con que “se requiere urgentemente reactivar la inversión y generar un clima pro crecimiento”, pues estima que “en el horizonte se ve bastante incertidumbre y por ello la inversión está media parada”, el presidente de Econsult enfatiza que hoy día una propuesta como la del extimonel de la CPC es inviable.

“Se necesita una mirada largo plazo para invertir. En ese sentido, anclar condiciones actuales para que subsistan en el largo plazo podría ser algo atractivo. Pero eso choca con el ambiente que nos dimos como país de redefinir las normas constitucionales que plantearán cuáles serán las reglas del juego. No sé si esté el ambiente en la sociedad para garantizar privilegios a largo plazo a los inversionistas en circunstancias que estamos sentándonos a la mesa recién a reescribir las normas de convivencia, por lo que la viabilidad política de la propuesta es bastante baja. Hay que ver qué otras alternativas podría haber”, plantea Valente.

Buena acogida empresarial

La propuesta de Swett no sorprende a Bernardo Larraín Matte, presidente de la Sofofa. De hecho plantea que “lo mismo propusimos el año pasado públicamente”.

En efecto, la Sofofa en su documento “Hoja de ruta para transformar esta crisis en una oportunidad” apunta que tomando como referencia la experiencia del DL 600 que estuvo vigente para la inversión extranjera hasta fines de 2015, proponen “crear un mecanismo similar dirigido a inversionistas nacionales y extranjeros, que permita generar condiciones de estabilidad normativa en aspectos claves para proyectos asociados a derechos de agua, la planificación territorial y el uso de suelo, estabilidad tributaria, y condiciones y requisitos necesarios para la obtención de permisos relevantes para el desarrollo de proyectos de inversión, como por ejemplo, RCA y PAS entre otros. Asimismo, el instrumento debiera contemplar mecanismos de resolución temprana de controversias e indemnizaciones en caso de cambio en las condiciones de estabilidad normativa pactada”.

El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), José Manuel Mena, comenta que “ciertamente, la situación de incertidumbre genera que las inversiones no se realicen, por lo que estimo que esta herramienta podría ser razonable”. El banquero recuerda que “en la historia tenemos varias situaciones donde ha habido excepciones asociadas a la inversión” y resalta que “Alfonso Swett plantea una situación muy real, de que pueda haber un transitorio de dos años o más, donde los que toman decisiones de inversión puedan preguntar bajo qué regímenes van a estar. Las decisiones de inversión se postergan cuando hay incertidumbres y este es el pero minuto para que eso suceda. Él pone un punto muy cierto, al cual el mundo político tendrá que dar una respuesta, donde pareciera que el no hacer nada no sería lo mejor”.

Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, lo que plantea al socio de Forus es “una idea novedosa y muy buena desde el empresariado, una necesidad urgente, que ojalá se implementara con toda la base política de un acuerdo transversal y con una ley que sea refrendada por el Congreso”.

En tanto el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, pone algo de paños fríos y expresa que “es complicado tratar de legislar antes de tener la Constitución, pero por otra lado, una iniciativa como esta despejaría la incertidumbre jurídica que puede seguir aumentando. Puede ser una idea positiva, que se podría pensar bien, con un importante apoyo político”.