Nuevas cifras se han puesto sobre la mesa dando cuenta de una mayor informalidad en el mercado crediticio, lo que debe ser un tema a abordar por parte de las autoridades. Por una parte, el número de personas desbancarizadas continuó aumentando, lo que se asocia, en parte, al efecto de la reducción de la Tasa Máxima Convencional (TMC) hace más de cuatro años.
Las cifras de la Superintendencia de Bancos (SBIF) muestran que las personas excluidas del sistema crediticio formal continuaron con el derrotero alcista desde la aplicación. A noviembre de 2017, el rango estaba entre 205 mil y 275 mil personas apartadas del sistema, muy por encima del último dato conocido. A principios del año pasado, el regulador señaló al Congreso que el número de personas potencialmente excluidas del acceso al crédito, entre diciembre de 2013 y diciembre de 2016, se ubicaba entre 151 mil y 227 mil clientes.
A estos datos se deben adicionar los publicados en abril por la Cámara de Comercio de Santiago, en base a la encuesta de microdatos de la Universidad de Chile: 14% de los hogares con deuda tiene créditos informales, lo que se compara con el 8,1% registrado en 2015. Esta reducción artificial de la tasa de interés, que no revela el verdadero riesgo o costo prestar dinero a las personas de menores ingresos, lo que termina provocando es que empuja a la población de segmentos menos acomodados hacia un sector desregulado, el crédito informal.
El superintendente de Bancos, Mario Farren, sostiene en una columna publicada en PULSO, que si bien los análisis de causalidad estadística efectuados no permitieron descartar que los cambios observados en los flujos de crédito hayan respondido al efecto de factores macroeconómicos y otras variables distintas al cambio legal, estimaciones de los márgenes por líneas de productos de los oferentes de crédito, sugieren mayores restricciones a la oferta de préstamos de bajo monto en la banca.
Es por ello que es esencial que las autoridades evalúen la necesidad de revertir el cambio parcial o totalmente, con el objetivo de evitar que las personas estén expuestas a tasas que en la práctica sean mayores que las que cobrarían los bancos.
