Ximena Chong toma un lápiz color púrpura de su escritorio, y comienza a explayarse sobre el bullado caso Cascada, que ella lidera, con una evidente sensación de satisfacción en su rostro.
No es para menos. El domingo pasado la Justicia dictó la primera condena penal del caso: libertad vigilada de cuatro años contra Aldo Motta, exgerente general de las sociedades cascada, a través de las que Julio Ponce participa como el mayor accionista de SQM.
Tras este importante hito, que debe ser ejecutoriado para que quede a firme, la fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte adelanta los pasos que seguirán, donde la atención está concentrada en si llevará a juicio a quien se habría beneficiado del esquema delictual: Ponce.
¿Cómo evalúan la condena?
-Estamos bien satisfechos con la decisión del tribunal. De lo que hemos podido revisar de la sentencia, está muy bien fundada, reproduce con claridad cuáles fueron los argumentos que los jueces tuvieron en consideración para descartar la configuración de delitos en los casos 1, 2 y 3, y para confirmar la responsabilidad punible por actos de abuso de mercado en los casos 4, 5 y 6.
Pero ustedes buscaban una pena efectiva para combatir la sensación de impunidad que existe.
-La comunidad aspira habitualmente a que las condenas sean con cárcel efectiva. Pero la existencia de una condena entrega señales potentes para el mercado. Lo primero es que se establece jurisprudencialmente que hay ciertas conductas por parte de los operadores del mercado que se encuentran prohibidas y que serán sancionadas penalmente.
Otra señal es que el sistema de persecución penal, que habitualmente ocupa sus esfuerzos en perseguir otro tipo de delitos, también está preparado para poder abordar investigaciones de delitos económicos y para sostener juicios, arribando a resultados importantes.
¿En qué pie queda la causa?
-El equipo de la Unidad de Alta Complejidad de esta fiscalía, entre ellos, Tania Sánchez y Jaime Retamal, ha seguido trabajando en la investigación de las responsabilidades que fueron separadas cuando se separó la acusación contra Motta. Y las conclusiones a las cuales arriba el tribunal son elementos que nos entregan cierta luz sobre cómo un órgano externo ha ido evaluando la fuerza probatoria.
¿Qué diligencias se han realizado en el último tiempo?
-Se han realizado distintos tipos de diligencias, fundamentalmente tomas de declaraciones, algunos peritajes, algunas diligencias a través de funcionarios policiales, recopilación de información y análisis y re análisis de información que incluso fue reproducida en el mismo juicio oral. A su vez, tendremos que re analizar los antecedentes expuestos en la sentencia contra Motta para determinar si de ahí se puede arribar a conclusiones o elementos de prueba para establecer vínculos de otros partícipes.
¿Podríamos ver más formalizados pronto?
-Durante el transcurso de los próximos meses tenemos que decidir, junto al fiscal regional Xavier Armendáriz, si formalizamos o no perseveramos en cada caso. Es decir, definir el término de la investigación de los otros partícipes.
Tanto exsuperintendentes de Valores como abogados querellantes la han instado para que vaya contra Julio Ponce.
-Los querellantes incluso me lo han manifestado de forma directa, y nosotros les hemos respondido que cuando creamos que contamos con los antecedentes suficientes para cualquier decisión, efectivamente la vamos a tomar.
Las acusaciones apuntan a que Ponce habría sido el principal beneficiado del esquema.
-Mantenemos una investigación abierta en relación a varias otras personas que han sido materia de querellas, y en relación con todas esas personas tomaremos las decisiones que corresponda de acuerdo al mérito de la investigación, pero sin personalizar en una u otra persona.
Al momento de tomar decisiones respecto de otros partícipes, atendidas que sus posiciones dentro de la misma organización empresarial son distintas, contamos con todo el espectro de los tipos penales de la Ley de Mercado de Valores para hacer las imputaciones, si es que hubiere. Es decir, si son autores ejecutores, autores intelectuales, si se concertaron para cometer el delito o si son cómplices.
¿Se han puesto plazos para cerrar la investigación?
-Lo que hemos tratado de hacer, y es lo que nos pidió el fiscal regional, es tener una carta gantt, la cual hemos ido cumpliendo hasta la fecha. Entonces, nos parece que las circunstancias de que hayan sido varios los fiscales que han pasado, no puede seguir siendo una justificación para una demora excesiva en la investigación. Por ello, lo óptimo para nosotros es poder tomar decisiones durante este año.
