El fiscal Juan Pablo Araya de la Fiscalía Local de Las Condes presentó un recurso de apelación en contra de la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía que revocó la previsión preventiva de Rodrigo Topelberg, socio de los hermanos Ariel y Daniel Sauer en Factop y la corredora de bolsa STF Capital. El ingeniero en administración de empresas estuvo detenido en Capitán Yaber desde el pasado 20 de abril al 30 de agosto en Caldas de imputado por los presuntos delitos de estafa, lavado de activos y delitos tributarios.

En paralelo, la defensa de Rodrigo Topelberg también presentó una apelación solicitando revocar la medida de arresto domiciliario total y decretar en su reemplazo la medida de arresto domiciliario parcial. Esto fundado en la colaboración sustancial que, a juicio de sus abogados Miguel Schürmann y Alejandro Awad, su cliente ha prestado en el proceso.

En su presentación, el fiscal sostuvo que no existieron nuevos antecedentes que justificaran dicha modificación y que Topelberg se encuentra en una situación casi idéntica a la de otros coimputados, quienes sí permanecen en prisión preventiva. Además, se subraya que los delitos imputados son de extrema gravedad y que la necesidad de cautela sigue siendo esencial para la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación.

En la audiencia del 30 de agosto, la magistrada tuvo por acreditados los presupuestos materiales de los delitos formalizados, pero consideró que la necesidad de cautela disminuía debido a la concurrencia de tres circunstancias atenuantes: la consignación de $400 millones en el Tribunal, la buena conducta previa y la colaboración con la investigación. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que estas atenuantes no son aplicables en esta etapa procesal, ya que no se ha demostrado que el imputado haya realizado una reparación celosa del daño ni aportado información relevante que justifique la disminución de la cautela.

“El Tribunal estima que no existe una medida cautelar menos gravosa que la prisión preventiva que pueda resguardar la seguridad de la sociedad, evitar un peligro de fuga y asegurar el éxito de las diligencias investigativas.” Además, se destaca: “El desconocimiento no le resulta creíble al tribunal, por las capacidades intelectuales y lo que efectivamente aparece en los chats.” Por último, una frase relevante sobre la gravedad del caso es: “Los principales personajes de esta operativa son los hermanos Sauer, pero el tribunal estima que la posición de desconocimiento total de Topelberg es inverosímil.”

Mientras, la defensa de Topelberg argumenta que su cliente ha colaborado de manera sustancial en la investigación y que ha reparado con celo el mal causado, lo que justificaría una medida cautelar menos gravosa. “El arresto domiciliario parcial es la única medida cautelar que, desde el punto de vista del derecho a defensa, permitirá a nuestro representado… continuar colaborando efectivamente con la presente investigación”, consignó el documento.

Por su parte un grupo de querellantes también presentaron recurso de apelación para revocar la libertad de Topelberg.

Los abogados Jorge Gálvez y Nicolás Navarrete, en representación del Fondo de Inversión Privado Global SME Growth Fund LP, apelaron a la decisión del 30 de agosto de 2024 que cambió la prisión preventiva de Rodrigo Topelberg por arresto domiciliario total y arraigo. Argumentan que la resolución es errónea porque no se presentaron nuevos elementos que justifiquen reconsiderar lo ya decidido por tribunales superiores. Afirman que “convertiría la revisión de medidas cautelares en un recurso de reconsideración”.

Los querellantes señalan que los antecedentes usados para revocar la prisión preventiva ya habían sido evaluados antes y no eran nuevos. Además, critican que, aunque se reconoció la gravedad de los delitos y la probabilidad de una pena de crimen, la magistrada no justificó legalmente el cambio de la medida cautelar. Argumentan que “la libertad de Topelberg es peligrosa para la seguridad pública y debe mantenerse la prisión preventiva”.

Consideran equivocada la idea de que Topelberg no es responsable de todo el daño, ya que en estos delitos, la responsabilidad es solidaria entre los coautores.

En la misma línea, el abogado Matías Künsemüller, en representación de los querellantes Ricardo Berdichesky, Eduardo Berdichevsky, Manuel Prida, y Rafael, Johanna y Felipe Arueste, también cuestionó la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía.

El recurso critica severamente la valoración de la magistrada respecto a la supuesta colaboración de Topelberg. “Bajo ningún supuesto puede pretenderse que la declaración del imputado constituya una forma de colaboración con la investigación”, se argumenta, aludiendo a que Topelberg desconoció su participación en los delitos y que su testimonio fue simplemente una estrategia de defensa.

El escrito subraya que Topelberg, lejos de colaborar, obstaculizó las acciones de las verdaderas víctimas. “Decidió, de forma voluntaria, engañar a las verdaderas víctimas mientras él ya sabía todo y se querellaba”, señala el abogado, agregando que Topelberg aprovechó su conocimiento de los delitos para beneficiarse, recuperando $4.000.000.000 sin compartir nada con las víctimas. Por ello, el recurso concluye que la prisión preventiva es esencial para garantizar la justicia.