A los 85 años, el ex presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, cerró a fines de abril un prolongado proceso judicial que lo enfrentó con su ex empleadora y que se extendió por casi seis años. El 2 de mayo expiró el plazo para que el CDE apelara a la resolución que puso fin al caso. Y no lo hizo.

El conflicto comenzó el 23 de diciembre de 2019, cuando Codelco presentó una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el presunto delito de tráfico de influencias. El abogado Rafael Collado —hoy subsecretario de Seguridad Pública— redactó el escrito a nombre de la empresa estatal, señalando una serie de hechos relacionados con el entonces presidente ejecutivo de la minera, Nelson Pizarro Contador. La denuncia apuntaba a que Pizarro habría usado su cargo para beneficiar negocios ligados a su hijo, Nelson Pizarro Contreras.

Según la querella, en 2015 Codelco División Salvador contrató de forma directa a la empresa Ingeniería y Maquinarias Indak Limitada, propiedad de José Miguel Julián, socio del hijo de Pizarro. La justificación fue una emergencia provocada por un aluvión. Sin embargo, el escrito afirmaba que esa contratación se hizo por orden directa de Pizarro. Además, acusaba que el ejecutivo habría financiado la casa de su hijo a través de operaciones con Julián, como un préstamo y la compraventa de un inmueble, lo que —según Codelco— constituía un conflicto de interés que no fue informado.

Según la querella, Pizarro, como funcionario público, habría favorecido a su hijo usando su autoridad dentro de la empresa, sin abstenerse ni advertir del vínculo. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, liderada por la fiscal Constanza Encina.

Cinco años y cuatro meses después, la causa tomó otro rumbo, decretándose el cierre de la investigación, pues la Fiscalía decidió no seguir adelante con el caso al considerar que no existía prueba suficiente para llevar a los imputados a juicio.

El 24 de abril de 2025, el fiscal Cristóbal Salazar informó al tribunal que la Fiscalía decidió no perseverar, señalando que ya se habían hecho todas las diligencias necesarias.

“Las diligencias que indica el abogado del Consejo de Defensa del Estado se encuentran cumplidas o derechamente, en este estado procesal, son dilatorias o impertinentes”, dijo. También afirmó que “se alzó el secreto bancario de ambas personas como también de todas las sociedades relacionadas con ambas personas. Y no se logró, por lo menos, encontrar algún antecedente que permitiera el esclarecimiento de los hechos”.

Aun así, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Fernando Guerra, pidió reabrir la investigación. “Esta parte viene a solicitar la reapertura de la investigación debido a que el Ministerio Público no habría realizado diligencias solicitadas”. Además, señaló que no consta en la carpeta investigativa que otras personas imputadas hubiesen declarado, en referencia a Patricio Peralta, coordinador de empresas contratistas, y Marco Negme, superintendente de Mina Rajo.

La Fiscalía respondió que esa diligencia ya se había hecho. Además, explicó que en enero de 2020 se pidió a la Brigada Anticorrupción investigar las empresas vinculadas a Nelson Pizarro, su hijo y otras personas, y que la información llegó en agosto de ese mismo año en un informe que está en la carpeta del caso.

En la audiencia, la abogada defensora de Nelson Pizarro, Andrea Rivera, señaló que su representado debe ser juzgado en un plazo perentorio y solicitó que no se extendiera nuevamente la investigación, ya que a la fecha cuenta con miles de fojas.

Uno de los aspectos más controvertidos del proceso, que mantuvo en vilo a los involucrados, fue decidir si Codelco proseguiría con su querella de manera independiente independiente o cedería la representación al CDE. Luego de intensas deliberaciones que duraron meses, la batalla legal terminó siendo liderada por este último.

“Blufear”

Al avanzar la audiencia del 24 de abril de 2025, el juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, protagonizó un tenso intercambio con el abogado del CDE, Fernando Guerra.

Según el audio de la audiencia, el magistrado cuestionó que el organismo insistiera en la reapertura de la causa basándose en diligencias que, según él, ya estaban cumplidas o no tenían utilidad. “No puedo dejar de expresar mi sorpresa por la conducta del Consejo de Defensa del Estado”, dijo el juez.

Urrutia apuntó a la falta de rigurosidad del CDE al presentar sus solicitudes sin verificar adecuadamente los antecedentes de la investigación. “Es negligente porque al Consejo de Defensa del Estado le pagamos todos para que haga su trabajo. Y su trabajo no es venir a una audiencia de esta importancia a blufear. O revisa las cosas o no revisa nada”, concluyó.

Para el magistrado, el rol del organismo debía estar a la altura de un proceso judicial relevante y no entorpecerlo con información incompleta o imprecisa.

“No puede ser que el tribunal tenga que preguntar a la Fiscalía si es cierto o no lo que el representante del CDE dice”, agregó el juez Urrutia. A su juicio, esa omisión evidenciaba una falta de preparación inaceptable en un proceso de alta complejidad que involucraba posibles delitos con recursos públicos.

Aunque reconoció que en cualquier investigación las diligencias deben ejecutarse si fueron ordenadas, aclaró que eso no aplicaba en este caso, debido a que los imputados tenían derecho a guardar silencio y ya se había agotado el proceso investigativo.

Reacciones

El abogado Samuel Donoso, representante de Nelson Pizarro, sostuvo que “en este caso, los querellantes, especialmente Codelco y el CDE hicieron un grave daño al nombre a la honra y el honor de Nelson Pizarro, pro hombre de la minería en Chile, el daño causado a su nombre, su prestigio es incalculable. Lamentablemente en Chile se ha hecho costumbre que cualquier sujeto sin fundamento alguno pueda manchar la honra de otro. Don Nelson nos ha pedido estudiar alternativas que puedan hacer efectiva las responsabilidades y reparar, aunque sea en algo, el daño a él y su familia”.

El penalista Juan Cristóbal Pino, defensor de José Miguel Julián, insistió en que “desde el primer momento mantuvimos la firme convicción de que la inocencia de nuestro representado estaba sustentada en la absoluta ausencia de conductas delictivas en su actuar. Las acusaciones presentadas en las querellas se basaban en afirmaciones falsas e infundadas, cuya inconsistencia quedó plenamente demostrada durante el proceso. Nuestra labor consistió precisamente en evidenciar esta realidad jurídica y probatoria, lo que finalmente se ha visto reflejado en la resolución del caso”.