Por estos días, la compañía papelera sueca SCA busca reflotar el caso tissue, el mismo por el cual fue condenada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) como una de las partícipes de la colusión del mercado del papel higiénico en Chile, junto a CMPC del grupo Matte.
Las razones que mueven a la multinacional para reactivar el caso que manchó su reputación es tratar de modificar el fallo del TDLC, para lo cual acudirá este jueves a la Corte Suprema, ente que fijó la audiencia para ese día, en su Tercera Sala, que será la que estudiará el recurso.
La firma europea busca que la Suprema establezca que fue coaccionada por CMPC para sumarse al cartel, la que ha sido su postura durante todo el caso. Si así se indicara, debería eximírsele la multa, al haber sido el primer actor en acogerse al beneficio de la delación compensada.
El TDLC decidió multar a SCA con US$ 18 millones -reduciendo la multa por haber sido la segunda en reconocer la existencia de la colusión- mientras que eximió a CMPC de sanción pecuniaria al haber sido la primera en acogerse a la figura de la delación compensada.
En la audiencia de este jueves se espera que intervengan tanto SCA como la asociación de consumidores Conadecus, CMPC y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Justamente, el organismo antimonopolios adelantó la línea argumentativa que tendrá a través de un estudio en derecho que presentó a la Corte Suprema sobre el debido proceso y confidencialidad en casos de libre competencia, elaborado por el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Raúl Núñez.
El académico analiza la naturaleza de las declaraciones prestadas en el marco de la delación compensada por ejecutivos de SCA y CMPC, respecto de los cuales no existe conocimiento público de su identidad, pero que fueron ratificadas por tales ejecutivos en una audiencia privada sin la presencia de la otra requerida.
La FNE le pidió este análisis al profesor Núñez, dado que SCA cuestiona en su recurso de reclamación que el TDLC haya valorado en su fallo las delaciones antes descritas, sosteniendo que se trata de prueba inadmisible, cuya valoración habría implicado una violación al debido proceso.
El informe del académico que encargó la FNE concluye que las alegaciones de SCA tienen problemas conceptuales, dado que no son claros en sostener si las declaraciones constituirían prueba documental o testimonial.
Además, Núñez puntualiza que la papelera sueca vulnera sus propios actos, debido a que participó de una audiencia de ratificación desarrollada en los mismos términos de las que impugna, por parte de un exejecutivo de su propia empresa.
Otra conclusión del profesor es que la ratificación de declaraciones constituye una etapa de la prueba documental. También recalca que el tribunal dio una solución que respetó los intereses en juego: la confidencialidad decretada, el derecho a no autoincriminarse invocado y el derecho a rendir prueba.
