Todo comenzó con una delación compensada. Una de las personas que intervino en un acuerdo para fijar precios entre las tres mayores empresas locales de transporte de valores postuló al programa de delación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) el 29 de junio de 2018. Y abrió una caja de pandora. La Fiscalía inició en octubre una investigación reservada y en diciembre de ese año consiguió la autorización de la Corte de Apelaciones para allanar, junto a Carabineros, las oficinas de Brink´s, Prosegur y Loomis, los tres actores principales de la industria del transporte de valores, y las casas de sus tres gerentes generales.

Casi tres años más tarde, la FNE concluyó su investigación. Tras reunir numerosas pruebas documentales -mensajes de Whats App y planillas en formato Excel, entre otras-, acusó a las tres empresas y seis ejecutivos de haberse coludido para fijar precios entre 2017 y 2018 y pidió multas para todos ellos que suman US$ 63 millones (81.585 Unidades Tributarias Anuales, UTA). La FNE presentó el requerimiento contra todos los involucrados el pasado 7 de octubre, en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el que acogió a tramitación de la causa este miércoles.

Las mayores multas solicitadas corresponden a Brink’s Chile S.A., con US$ 30,5 millones (39.325 UTA), y Juncadella Prosegur Group Andina S.A., con US$ 25,8 millones (33.253 UTA). Ambas son las multas individuales más altas que haya pedido la FNE en un caso de colusión. Para Wagner Seguridad Custodia y Transportes SpA, la razón social de Loomis, pidió US$ 6,4 millones (8.314 UTA).

Si se ratifican estas multas, podrían ser las más altas cursadas por colusión, tras los US$ 63 millones del caso pollos y los US$ 34 millones confirmados judicialmente contra empresas navieras, las empresas del papel tissue y las farmacias.

Las tres empresas involucradas ya tienen abogados contratados para este caso, revelaron a Pulso personas al tanto de la investigación. Prosegur será representada por la abogada Nicole Nehme, de FerradaNehme, quien participó en el caso de la colusión de las farmacias, uno de las causas más emblemáticas del sistema de libre competencia chilena. Por Loomis están actuando ya los abogados Jorge Bofill y Vanessa Facuse, socios del estudio Bofill, Escobar, Silva Abogados. Por Brink´s, en tanto, participará el abogado Claudio Lizana, del estudio Carey & Cía.

Las tres empresas tienen casi todo el mercado chileno de transportes de valores, una industria en la que, apunta la FNE, solo pueden participar empresas autorizadas por Carabineros de Chile y que acrediten una serie de exigencias de seguridad. La regulación del sector exige inversiones relevantes -camiones blindados, construcción de bóvedas, armamento y dispositivos de seguridad para vigilantes-, además del riesgo inherente al transporte de activos valorados, algo que, a juicio de la Fiscalía, desalienta el ingreso de nuevos actores.

En el segundo semestre de 2017, cuando estaba operativa la colusión, Prosegur tenía un 46,4% del mercado, seguido de cerca por Brinks, con 41,8% de los ingresos de la industria. En tercer lugar, Loomis-Wagner tenía el 11,8%. Las tres tienen presencia multiregional: Prosegur y Brinks están en casi todas las regiones y Loomis está en las principales. La industria se ha consolidado y dominan actores de peso global: Brink´s, empresa de origen estadounidense, facturó 2.800 millones de euros en 2017; la española Prosegur tuvo ventas por 1.900 millones de euros; y la sueca Loomis, 1.800 millones de euros. En Chile, según la FNE, las tres empresas facturaron unos $ 144 mil millones en 2019 (unos US$ 187 millones de ese año).

La Fiscalía pidió multar a los tres gerentes generales: el argentino Alberto Bálsamo Barreiro (Brink’s), con 149 UTA (US$ 115 mil); y los chilenos Marco Malverde Muñoz (Prosegur), con 134 UTA (US$ 104 mil), y Cristián Catalán Jerez (Loomis), con 114 UTA (US$ 88 mil). La acusación también apunta a los ejecutivos que dirigían los negocios regionales de Prosegur, el uruguayo Martín Matos Pardo, para quien se pidió una multa de 174 UTA (US$ 135 mil) y de Loomis, el portugués Rui Sanches Da Silva, con un monto de 122 UTA (US$ 94 mil). El primero reside en Uruguay y el segundo en Portugal, por lo que la FNE pidió al TDLC iniciar un proceso de exhorto para notificar el requerimiento. Lo mismo a Malverde, quien fue trasladado por Prosegur a Indonesia en julio.

La sexta persona involucrada en el acuerdo colusorio fue Marcela Ferrada Culaciati, ingeniera comercial, chilena, directora comercial de Brink´s desde noviembre de 2012, según indica su LinkedIn. Antes trabajó en el ministerio de Transportes. En su requerimiento, la FNE indica que Ferrada accedió al beneficio de exención de multa y pidió al tribunal, además, eximirla de responsabilidad penal, algo a lo que se exponen los otros ejecutivos involucrados. Marcela Ferrada fue quien abrió la puerta a la FNE.

El argentino Alberto Bálsamo, gerente general de Brink´s, usaba un pendrive en el que guardó planillas mediante las cuales se ejecutaba el acuerdo y en las que se registraban las tarifas de las otras empresas, y que fue incautado por la FNE tras el allanamiento a su casa y a la de sus pares de Prosegur y Loomis. Pero estaba encriptado. La Fiscalía recurrió al FBI, en Estados Unidos, y accedió a la clave de acceso.

Según la Fiscalía, los ejecutivos emplearon “resguardos propios de un acuerdo clandestino” y utilizaron apodos para referirse a sus contrapartes. Bálsamo era conocido como “la intuición” y “el sedal” por los ejecutivos de Prosegur y “el argentino” y “el loko” por los gerentes de Loomis. Rui Sanches era conocido como “el portugués” y a Cristián Catalán, de Loomis, le decían “el pelado”. Las mismas precauciones adoptaron para referirse a las empresas. Loomis identificaba a Prosegur como España, a Brink´s como EEUU y a sí misma como Suecia, en referencia a sus países de origen.

Los acuerdos para fijar precios son situados por la fiscalía al menos desde marzo de 2017 e involucraron primero a los dos mayores actores, Brink´s y Prosegur. La tercera, Loomis, se sumó en diciembre de 2017, tras comprar a un competidor local: Wagner. Fueron los gerentes generales quienes “gestionaron directamente el acuerdo y coordinaron las tarifas a ser ofrecidas a los clientes”, dice el requerimiento. Los ejecutivos regionales instruían a sus gerentes y mediaban “en los conflictos propios del cartel” y llegaron a viajar a Chile a reunirse con sus competidores.

La mitad de los ingresos de las tres proviene del sector financiero, en su mayoría bancos. Los servicios demandados consisten en transporte de valores; administración y atención de cajeros automáticos (ATM, Automated Teller Machine); servicios de tesorería (custodia, recuento, clasificación de valores, en centros logísticos de las empresas de transporte; y pago de nóminas de empresas que tercerizan el servicio.

En marzo de 2017, según la fiscalía, Prosegur y Brink´s ya coordinaban los precios de sus servicios. Pero decidieron aplicar un nuevo modelo de cobro para promover que los bancos requirieran los servicios de tesorería de Prosegur y Brink´s, lo que permitiría elevar en hasta 10% sus ingresos. Además, pretendían las tarifas fijas por mantención de cajeros automáticos y agregar precios variables, según número atenciones. El problema era que la aplicación unilateral de ese esquema por parte de una sola empresa habría significado perder clientes. “Por ello, ambas empresas decidieron ejecutarlo en forma conjunta”, dice la acusación de la Fiscalía.

En julio de 2017, las dos empresas decidieron sus precios en un proceso de contratación iniciado por la Caja de compensación Los Héroes. En agosto y septiembre, ambas se coordinaron para una contratación de Banco Estado. La Fiscalía encontró versiones de plantillas “con idéntico formato y fecha de creación”, con tarifas y puntos de atención, en poder de los gerentes de Brink´s y Prosegur. La misma coordinación se detectó en procesos de los bancos Itaú y Santander. En el caso del primero, Brink´s y Prosegur habían ya sumado al cartel a Loomis.

La Fiscalía denuncia que las altas tarifarias de Loomis se vieron limitadas por las ofertas que realizó a sus clientes antes de su incorporación al acuerdo colusorio: ofreció precios atractivos y con ello ganó asignaciones contractuales que superaban la participación de mercado que debía mantener en virtud del pacto con sus competidores.

“Debido a lo anterior, Loomis utilizó diversos pretextos frente a sus clientes para rechazar asignaciones de servicios, y se esforzó por explicar a sus competidores que los volúmenes que le fueron asignados, mayores a los previstos, no se debieron a un desvío del acuerdo”, dice la Fiscalía.

Un caso que lo ejemplifica fue el de Itaú. El banco ofreció en 2018 a Loomis atender 100 cajeros automáticos adicionales, lo que su gerente general consideró “un problema” que los bancos quisieran prescindir de los servicios de Brink’s. Posteriormente, Loomis rechazó asumir la asignación del Itaú.

“Este acuerdo afectó prestaciones esenciales para la adecuada continuidad operativa del sistema financiero y necesarias para el funcionamiento de sectores económicos como el retail, entidades públicas e, incluso, instituciones con fines sociales o benéficas”, dijo en un comunicado esta tarde el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco. Entre estas últimas, estuvo la Teletón.

En octubre de 2018, el Banco de Chile comunicó a Loomis que había resuelto asignar el transporte de valores y el recuento de remesas para la Teletón de fines de ese año a Prosegur. Hasta entonces, Loomis era la empresa que prestaba ese servicio durante varios años.

Ello generó la molestia de Loomis y su jefe regional, Rui Sanches, reclamó a su par de Prosegur, Martín Matos, por haber reducido demasiado los precios. Matos reenvió a su gerente general en Chile, Marco Malverde, el mensaje de la gente de Loomis. Un mensaje del “europeo”, como avisó Matos a Malverde. El texto decía así: “Hablamos de incrementos y nos salió que perdimos Teletón de Banco de Chile porque tu chico bajó muchísimo las tarifas”. Matos pidió a su gerente local hablar con la gente local y “calmar las aguas” con los compeditores.

“El mismo día de la comunicación anterior, Marco Malverde (Prosegur), dando cumplimiento a la instrucción de su superior, Martín Matos, se reunió con Cristián Catalán (Loomis) para abordar este tema. Luego de este reclamo y de un nuevo envío de cotizaciones, Loomis finalmente se adjudicó el contrato asociado al servicio a Teletón”, dice el punto 42 del requerimiento de la FNE

La Fiscalía dice que las incautaciones de fines de 2018 permitieron “desbaratar un cartel en plena ejecución”.