La agencia Fitch mantiene la nota de la deuda soberana de Chile en "A", pero ajustó a la baja, desde Estable a Negativa, la perspectiva debido a menores expectativas para la economía por las protestas surgidas al alero del estallido social.
La agencia indica que el outlook negativo refleja “el significativo deterioro del escenario base de Fitch por las menores perspectivas de crecimiento y los mayores déficit fiscales y el mayor nivel de deuda que siguieron a la crisis social que comenzó a mediados de octubre de 2019”.
Además, Fitch indica que el la revisión de la perspectiva también refleja los riesgos a la baja de la mayor incertidumbre del ambiente político local y la desaceleración de la economía global. Sin embargo, dice la agencia, esos riesgos son mitigados por el relativamente fuerte balance de las cuentas en Chile y un nivel de deuda muy por debajo de la mediana de las países que tienen clasificación "A".
Ante esto, el Ministerio de Hacienda respondió rápidamente a la decisión de Fitch, indicando que “en este contexto, el Ministerio de Hacienda reafirma la importancia de recuperar el crecimiento económico, al tiempo que reitera su compromiso con la responsabilidad fiscal y la reducción del déficit fiscal estructural, según lo plasmado en el reciente Decreto que fija la nueva trayectoria de convergencia del mismo. Esta revisión es coherente con la implementación de la agenda social en curso, las proyecciones de crecimiento de la economía, la ejecución de planes de estímulo fiscal transitorio para reactivar la economía, así como, la estabilización de la deuda pública en el mediano plazo”.
Asimismo, la cartera informó que “la principal fuente de ampliación del déficit fiscal e incremento de la deuda pública en los próximos años se asocia con las menores perspectivas de crecimiento económico y su consiguiente impacto en los ingresos fiscales. Por su parte, los requerimientos adicionales de recursos fiscales permanentes asociados a la agenda social serán recabados gracias al proyecto de Modernización Tributaria recientemente aprobado por el Congreso. Asimismo, la agenda de reactivación económica bajo implementación, basada principalmente en medidas de alivio de liquidez para las PyMEs y proyectos de inversión pública de corta ejecución, tiene la flexibilidad necesaria para permitir una trayectoria del gasto público coherente con la meta de consolidación del balance estructural".
Las clasificadoras de riesgo Moody’s y S&P evalúan al país con clasificaciones “A1” y “A+” respectivamente, ambas con perspectivas “estable”.
