Aunque Fitch reconoce que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, moderó sus propuestas económicas en la última parte de su campaña, destaca que persisten algunos riesgos en torno a sus planes fiscales.
“Vemos riesgos fiscales en la plataforma de Boric”, señala Richard Francis, el analista que da seguimiento a la calificación soberana del país. Desde su punto de vista “buscar aumentar los ingresos fiscales, incluido un impuesto sobre el patrimonio, aumentos en las regalías mineras y la reducción de exenciones para impulsar el gasto puede resultar difícil de lograr”.
De esta manera, plantea que “es posible que las mejoras deseadas por Boric en la administración tributaria (un aumento de 2,5 puntos porcentuales) no produzcan los resultados deseados”, lo que agrega que “los grandes aumentos de impuestos que busca Boric podrían tener un impacto negativo en el crecimiento”.
De esta manera, en el escenario base de Fitch las previsiones de déficit apuntan a “un aumento del gasto social más rápido que el presupuestado en 2022, aunque al reducir las medidas de respuesta a una pandemia, el déficit general se reducirá en casi 3 puntos porcentuales hasta el 4,3% del PIB”.
En función de lo anterior, destacan que “las medidas de ajuste estructural fiscal a mediano plazo podrían verse obstaculizadas por las altas demandas sociales, el escaso apetito por aumentos de impuestos y la fragmentación del Congreso”.
Desafíos políticos
Por otra parte, Francis destaca que “las relaciones con el nuevo Congreso serán fundamentales para implementar su agenda”, lo cual se plantea como un desafío relevante, considerando la dividida configuración del poder legislativo que acompañará a la administración de Apruebo Dignidad.
“La división equitativa entre grupos de izquierda y derecha en el nuevo Senado significa que los boric probablemente tendrán que buscar compromisos para aprobar la legislación”, consigna en el informe.
Por otra parte, con el proceso de redacción de una nueva Constitución, Francis asegura que “persistirán las presiones subyacentes sobre el gasto social y es probable que la Asamblea Constituyente impulse la enumeración de los derechos sociales en una nueva constitución, lo que podría aumentar permanentemente el gasto público”.
Finalmente, Fitch considera que “la elección del gabinete, las prioridades políticas y el plan fiscal de mediano plazo de Boric (...) ayudarán a aclarar las perspectivas de la política económica y fiscal de Chile durante los próximos cuatro años”. Dese su punto de vista, “los elementos clave del nuevo borrador constitucional también serán clave para determinar las perspectivas de la política económica y fiscal”.
