Movidas han estado las últimas horas en el ámbito de la libre competencia. A un día de que comunicara un nuevo caso de colusión, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó que, con el fin de resguardar las condiciones competitivas en el sector del retail y el comercio, solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que adopte resguardos para evitar que los operadores de malls accedan a información comercial sensible de otros participantes del mercado.
Lo anterior, “tras constatar -en un informe elaborado por la División Antimonopolios- que existen relaciones de propiedad y vínculos personales en la industria de centros comerciales tipo malls, así como también integración vertical entre los operadores y algunos locatarios, principalmente grandes tiendas”, según señaló la entidad fiscalizadora a través de un comunicado.
A esto se suman algunas cláusulas en los contratos entre los operadores de malls y los locatarios que generan riesgos para la libre competencia.
Es en este contexto que la consulta presentada busca que el TDLC dictamine si los contratos de arrendamiento vigentes entre locatarios y los operadores de los centros comerciales Grupo Plaza, Cencosud, Parque Arauco, VivoCorp, Grupo Marina y Grupo Pasmar son compatibles o no con las normas de libre competencia contenidas en el DL 211. Y si la integración vertical que existe en la industria se ajusta o no a este decreto.
Por otro lado el informe, que fue entregado a fines de septiembre al TDLC en el marco de la consulta formulada en octubre del año pasado por la Asociación Gremial del Retail Comercial, determinó que el Grupo Ripley tiene una participación accionaria en la sociedad Nuevos Desarrollos, parte del Grupo Plaza.
Y asimismo, la FNE detectó que el Grupo Parque Arauco y el Grupo Ripley participan conjuntamente en la sociedad Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A.
Finalmente, la FNE constató que existen relaciones de parentesco entre directores y/o ejecutivos relevantes de los principales operadores de malls. Todo lo anterior, dijo, genera riesgos de intercambio de información comercialmente sensible entre competidores actuales o potenciales en dicho mercado.
Por otro lado, muchos operadores de malls también se encuentran verticalmente integrados con tiendas por departamento y marcas de retail que también arriendan tiendas en los malls, compitiendo así con otros locatarios aguas abajo, es decir, en la venta retail. Ello también genera riesgos de intercambio de información comercialmente sensible, así como riesgos de exclusión de competidores en dicho mercado.
Medidas propuestas
Entre las medidas recomendadas por la FNE, se encuentra que el Grupo Ripley deba designar directores independientes en las sociedades operadoras de malls en las que participa, que se evite que los directores y cargos ejecutivos de las sociedades que administran centros comerciales ocupen a la vez cargos en sociedades que administren negocios de retail, y que se adopten reglas de manejo de información comercial sensible.
También sugirió que la Cámara Chilena de Centros Comerciales siga las directrices de la guía “Asociaciones Gremiales y Libre Competencia”.
Al analizar las relaciones contractuales entre operadores de malls y locatarios, la FNE concluyó que hay indicios de que, al menos respecto de ciertos locatarios, los malls tendrían poder de mercado, ya que serían muy relevantes para el desarrollo de su giro, pudiendo eventualmente no tener sustitutos aceptables.
En ese contexto, concluyó que existen ciertas cláusulas contractuales y prácticas que resultan abusivas y dan cuenta de la existencia de un desequilibrio en el poder de negociación y en la relación comercial existente entre las partes, las que la FNE recomendó eliminar o modificar.
Entre ellas se cuentan la práctica de atar el arriendo de un local comercial al arriendo de otro en otro mall del mismo operador; el considerar la venta online de los locatarios como venta realizada en el mall para calcular la renta variable; las cláusulas que permiten a los operadores acceder a la información de ventas, stock y balances de los locatarios para el cobro de la renta variable; y aquellas que permiten a los operadores incidir en el precio de venta a público de los productos ofrecidos por los locatarios.
Respuesta del retail y centros comerciales
Frente a las recomendaciones hechas por la FNE, desde la Asociación de Marcas del Retail destacaron las propuestas y las calificaron como “un espaldarazo a lo que durante mucho tiempo hemos venido sosteniendo como asociación gremial en torno al tipo de relación asimétrica que los malls imponen a las distintas marcas que operan en sus centros comerciales, y que consideramos atentan contra la libre competencia”, según comentó Paula Valverde, presidenta del gremio.
Asimismo, destacó lo expuesto por la entidad fiscalizadora, y explicó que “precisamente esos puntos son los que nos llevaron a impulsar el proceso no contencioso que ahora se encuentra en manos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, luego que la Corte Suprema (CS) ordenara su reapertura”.
Lo anterior se refiere al recurso que interpuso el gremio en contra de la CS y que busca revocar la decisión del TDLC de no revisar una serie de cláusulas abusivas existentes entre los centros comerciales del país.
Sin embargo, Valverde dijo que “aún quedan etapas para la conclusión definitiva de este proceso; entre ellas, la audiencia pública donde se desarrollarán los alegatos orales de la causa, el estudio por parte del TDLC, de los antecedentes acompañados por todos los interesados al proceso, la sentencia y el posterior reclamo de los que se sientan perjudicados ante la Corte Suprema”.
Y destacó el hecho de que la FNE “comparta la posición de nuestro gremio”, pues esto, a juicio de la presidenta de la asociación, significa “una enorme señal de la validez de nuestras demandas”.
Por su parte, la Presidenta de la Cámara de Centros Comerciales Katia Trusich sostuvo que “en el sector existe una amplia gama de operadores y propietarios, sumado a un gran y diversa distribución territorial, incremento del comercio electrónico, lo que garantiza la existencia de una sana competencia que favorece a consumidores, arrendatarios y proveedores”.
Y recordó que “la Cámara de Centros Comerciales se ha acogido desde el año 2018 a las normas contenidas en la Guía para Asociaciones Gremiales de la FNE, y cuenta con un exigente mecanismo de cumplimiento y política interna, que es conocido por sus asociados”.