El ingeniero civil Marcelo Torres, gerente general de Indura, escribió un WhatsApp el 5 de noviembre de 2019 a Sergio Novelli, nombrado recién gerente general de Linde y coordinó un encuentro para el 11 de ese mes, a las 8:30 horas, en el café Tavelli ubicado en Avenida Las Condes, en las cercanías de las oficinas corporativas de Indura.

Aquel encuentro, denunció este lunes la Fiscalía Nacional Económica, fue el inicio de una colusión para repartirse el mercado de los gases industriales, medicinales y especiales al menos entre noviembre de 2019 y enero de 2021, por lo cual presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra ambas empresas y tres de sus ejecutivos. Sin embargo pidió multar a Indura y su gerente general y eximir de la acusación a Linde, compañía que se acogió a la delación compensada.

A fines de 2019, ambos gerentes ya se conocían, porque habían coincidido en el mismo mercado en Colombia. “En dicho encuentro los ejecutivos abordaron diferentes aspectos comerciales de sus respectivas compañías (...) compartieron su visión sobre la estrategia de precios que debían aplicar para velar por la rentabilidad de sus respectivas compañías y manifestaron su intención común de conducir las negociaciones con sus clientes hacia la aplicación de alzas de precios”, dice el requerimiento de la FNE.

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El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, afirmó que “esta colusión tuvo por objeto que cada empresa mantuviese los clientes que atendía, eliminando la competencia entre ellas. Afectó a clientes industriales y medicinales de una amplia gama de rubros. Los productos afectados son sumamente relevantes para el funcionamiento de múltiples áreas de nuestra economía y para la salud de las personas. Por eso hemos pedido al TDLC que imponga a los responsables sanciones ejemplificadoras que superan los US$31 millones”.

La FNE acusa que el cartel tuvo un alcance general en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, sin ningún tipo de distinción, por lo que afectó a clientes con plantas on-site, que se abastecen a granel y que compran cilindros, en industrias como la metalúrgica, papelera, forestal, constructora, acuícola, alimentaria, laboratorios, minería, refinería de petróleo, de acero, de vidrios y medicinal, entre otras. El requerimiento describe episodios en los cuales los afectados fueron entidades como el Hospital Félix Bulnes, el grupo minero Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, y la empresa industrial Vidrios Lirquén.

Además el gerente general de Indura, Marcelo Torres, y el gerente general de Linde, Sergio Novelli, la FNE detalló que también participó el ejecutivo de Linde, David Lori, “que se encargó de controlar que el equipo de ventas de la compañía no se comportara de un modo inconsistente con el acuerdo”, acusa el documento.

Grunberg afirmó que la FNE “utilizó todas las herramientas que nos a conferido la ley para detectar la existencia del cartel y obtener pruebas duras sobre su forma de operar. Interceptamos comunicaciones telefónicas, obtuvimos registros telefónicos, allanamos domicilios, realizamos incautaciones de teléfonos celulares y computadores”. Además, la entidad consiguió la aprobación judicial para allanar e incautar los domicilios particulares de los tres ejecutivos.

La acusación de la entidad afirma que el acuerdo era denominado por los mismos ejecutivos en sus conversaciones como un “acuerdo de caballeros”, un pacto de “no agresión” o un estado de “paz y amor”.

Con dicho acuerdo, Indura y Linde, para no competir por los clientes que atendía la otra empresa, se abstenían de participar en licitaciones o cotizaciones, ofertaban precios intencionalmente altos con el fin de no ganar el negocio, se retiraban del proceso si el cliente se interesaba en la propuesta, o se desistían de la oferta presentada en caso de resultar adjudicada.

“Hace casi 20 años la FNE acusó un cartel en este mismo mercado, pero las empresas fueron absueltas porque no había prueba directa del acuerdo. Luego, se nos facultó para interceptar comunicaciones, acceder a registros telefónicos, realizar allanamientos e incautaciones y administrar el programa de delación compensada. Y hoy la FNE puede afirmar con satisfacción que desbarató un cartel en pleno funcionamiento, utilizando todas y cada una de las herramientas que le confió el legislador”, agregó el Fiscal.

Linde y sus dos ejecutivos involucrados se acogieron al programa de delación compensada, por lo que la FNE solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas y que declare la exención de responsabilidad penal por los hechos ilícitos de los ex ejecutivos.

Por ello, pidió solo cursar una multa a Indura, por US$ 31,2 millones ($29.732 millones). Para su gerente, la multa solicitada asciende a US$ 114.392 ($109 millones).

Indura es controlada por la firma norteamericana multiancional Air Products and Chemicals, con presencia en más de 50 países de América, Europa, Asia y África. Linde, en tanto, es controlada por la compañía irlandesa Linde plc, dedicada a la producción y suministro de gases industriales y medicinales y servicios de ingeniería, con operaciones en más de 80 países, ubicados en América, Europa, Asia, África y Oceanía.

Linde informó que en enero de 2021 tomó conocimiento de la investigación que involucraba a dos ejecutivos de la compañía. “Las políticas y protocolos de Linde establecidos a nivel internacional permitieron que, en menos de 24 horas, la empresa presentara ante la FNE una solicitud de postulación al mecanismo de delación compensada, para colaborar activamente con la investigación del organismo”, dijo la firma tras la divulgación del requerimiento.

En diciembre de 2021, desvinculó a ambos. “El actuar de los ejecutivos no representa los valores ni la forma de hacer negocios de Linde, es por ello que la empresa ha entregado todos los antecedentes recabados a la FNE y reforzado su foco en la prevención de este tipo de hechos con el objetivo de resguardar no sólo los intereses de la compañía”, agregó.

Indura indicó a través de una declaración pública que la acusación por colusión es infundada, y señaló que entregará los antecedentes necesarios, para esclarecer los hechos.

“Durante la investigación de la FNE y tras la realización de exhaustivas investigaciones internas y otras conducidas por terceros especialistas en la materia y con plena colaboración de los empleados de la empresa, Indura ha llegado a la conclusión y convicción de que la acusación formulada en el requerimiento es infundada y descontextualizada”, dijo la empresa.

Y agregó que “Indura niega tajantemente la acusación y aportará todos los antecedentes necesarios para el debido esclarecimiento de los hechos relacionados con la referida conducta y la absolución de la empresa”.

Por otro lado, dijo que durante la pandemia de coronavirus, pudo abastecer a los recintos de salud, ante el aumento de la demanda de oxígeno.

“Indura puede afirmar que cumplió con su responsabilidad social, al haber abastecido con éxito a los recintos de salud que lo requirieron –cuya demanda de oxígeno creció explosiva y exponencialmente en el año 2020–, sin haber expuesto innecesariamente la vida de sus trabajadores y colaboradores ni de los pacientes atendidos por los establecimientos de salud suministrados por Indura y sin haber obtenido ningún tipo de beneficio indebido ni renta oportunista”, sostuvo la empresa.