Una serie de reformas al sistema de compras públicas que permitirían al Estado ahorrar al menos entre US$290 millones y US$850 millones al año, fue el que dio a conocer este martes la Fiscalía Nacional Económica (FNE), a través de un informe preliminar del estudio de mercados sobre compras públicas.
El análisis, que se inició en 2019, partió de la hipótesis de que existen espacios en el mercado de compras públicas que no se encuentran funcionando de forma adecuada desde el punto de vista de la competencia. Ante esto, se calificó que hay diversos asuntos “preocupantes” que debiesen abordarse y solucionarse.
El sistema de compras públicas que administra ChileCompra cumplió su ciclo, se señaló en el escrito. “En su formulación actual, tanto institucional como tecnológica, el sistema de compras públicas de Chile ha cumplido su ciclo y se necesita una reforma que lo modernice para que el Estado pueda elegir y enfrentar mercados competitivos, obteniendo así ahorros muy sustantivos”, señala la FNE.
Entre las principales deficiencias del actual mecanismo de compras estatales, el estudio identificó una mala planificación de las adquisiciones que realizan los organismos públicos, falta de sistematización de los datos disponibles sobre las compras y la inexistencia de reglas para determinar el tipo de contrato que se utiliza, lo que podría estar causando ineficiencias considerables.
El fiscal nacional Económico, Ricardo Riesco, destacó que este mercado mueve cerca de US$10 mil millones al año y que “cada peso que el Estado pueda ahorrar en compras públicas puede ser destinado a otros fines más prioritarios que hoy, además, son sumamente urgentes”, aludiendo a la crisis sanitaria, económica y social que vive el país.
Las falencias
En el estudio, la FNE identificó que participan pocos proveedores en las licitaciones (lo que ocurre en el 55% de los casos) y que falta competencia en la entrada y funcionamiento de los convenios marco (25% del total).
La Fiscalía también pudo determinar que el Fisco podría ahorrar otros US$50 millones si existieran reglas para definir el tipo de contrato que debe utilizarse en cada proceso de compra.
El diagnóstico también develó que es necesario robustecer la fiscalización de los procesos de compra, ya que se detectó que en casi 60% de los tratos directos las justificaciones entregadas por los órganos públicos no satisfacen los criterios establecidos en la regulación para su procedencia.
Propuestas
Ante esto, la entidad propone diversas medidas para que el Estado compre de manera más eficiente, actualice las instituciones fiscalizadoras y aumente los niveles de transparencia de la información.
Estas recomendaciones se agrupan en dos grandes áreas: aquellas relacionadas con optimizar la competencia y la eficiencia en las compras y aquellas de carácter estructural.
Las medidas de la FNE abordan ocho aspectos del sistema, que se refieren a la estructura del sistema, datos y transparencia, planificación y presupuesto, funcionamiento de licitaciones, de convenios marco y de tratos directos, además de selección y gestión de contratos.
En cuanto a las mejores institucionales, destacan dotar a ChileCompra de facultades regulatorias, robustecer el sistema de fiscalización, ampliar la competencia del Tribunal de Contratación Pública y modificar su orgánica y, al mismo tiempo, modernizar el sistema electrónico de ChileCompra, de tal manera que migre a una modalidad completamente digital.
