La Fiscalía Nacional Económica (FNE) recomendó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una serie de medidas a implementar en cuanto al diseño de las licitaciones convocadas por municipalidades para la concesión de obras públicas. Esto, con el fin de fomentar la competencia en los procesos.

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En concreto, las propuestas buscan aumentar la participación de oferentes en los procesos de este tipo de proyectos, propiciar la competencia por el factor precio y disminuir los riesgos de coordinación y colusión que se pueden presentar en licitaciones como estas.

La fiscalía detalló que, según un diagnóstico realizado por la misma entidad analizando 1.084 licitaciones entre 2020 y 2022 de montos superiores a 5.000 UTM, un 65% recibió sólo 2 o menos ofertas válidas. Por lo que la FNE recomendó que se dicten Instrucciones de Carácter General (ICG) que regulen las licitaciones en esta materia.

La entidad expuso ante el TDLC que las municipalidades tienen bajos incentivos para elaborar bases que privilegian la competencia de precios y, además, para administrar de forma eficiente los fondos que se han asignado para dichos proyectos. Lo anterior, sobre todo cuando las obras reciben un financiamiento externo como del Fondo Nacional de Desarrollo Comunal.

En esta línea, afirmó que la baja participación de oferentes se relaciona con una menor intensidad competitiva y un mayor riesgo de ilícitos anticompetitivos, “en particular de colusión entre competidores”, apuntó la FNE a través de un comunicado. Esto ya había sido advertido por la entidad en el 2011 en una guía en materia de licitaciones de obras públicas, y posteriormente en el 2020 en un estudio de mercado respecto a la misma temática.

En la instancia, la abogada de la división antimonopolios de la FNE, Carolina Olivares, recalcó que si bien algunas de las propuestas que entregó la institución ya se encuentran recocigas en la ley que moderniza el sistema de compras públicas, hay otros aspectos que requieren ser complementados a través de las ICG. Estos son: los principios de probidad y transparencia y con los registros oficiales de proveedores públicos.

“Mientras que entre los aspectos no abarcados por la nueva ley y que deberían ser cubiertos por las ICG se cuentan los criterios de evaluación de ofertas, la publicación del presupuesto disponible y la incidencia indirecta de otros organismos públicos en el diseño de las bases”, precisó la FNE.