La Fiscalía Nacional Económica (FNE) anunció este jueves el inicio de un estudio de mercado sobre compras públicas, debido a la relevancia que tiene este segmento en el funcionamiento de todos los organismos públicos regidos bajo esta ley y a que el Estado destina cada año más de US$13 mil millones (cerca de 4,6% del PIB) a estas transacciones.

Este es el quinto estudio que inicia la FNE haciendo uso de su facultad de analizar la evolución competitiva de los mercados, tras rentas vitalicias, notarios, textos escolares y medicamentos.

En este caso, la hipótesis de falta de competencia que guiará el trabajo es que "existen espacios en el mercado de compras públicas que no se encuentran funcionando de forma adecuada desde el punto de vista de la competencia, lo que estaría provocando que las condiciones comerciales a las que pueden acceder los organismos del Estado no sean las óptimas y por tanto se asignen de forma deficiente los recursos de este", precisó la FNE.

El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, explicó que la FNE decidió abordar este mercado porque "tiene una relevancia estratégica, ya que parte importante del presupuesto nacional se ejecuta por esta vía y hemos identificado ciertas razones que nos hacen creer que este mercado podría funcionar de mejor manera".

El Fiscal destacó también la importancia que podría tener este trabajo, señalando que "de comprobarse la hipótesis con la que se está trabajando, esperamos poder contribuir con propuestas para mejorar las compras públicas de nuestro país. Entendemos que las necesidades que atiende el Estado son múltiples y los recursos escasos, por lo cual cualquier ahorro en eficiencia en las compras será una buena noticia".

Investigación

En su investigación previa, la Fiscalía identificó cuatro razones que justifican la realización de este estudio. La primera de ellas es que, ante la inexistencia de un documento estándar que explicite la forma de comprar de cada servicio público, actualmente cada organismo posee un manual de compra propio.

Lo anterior obliga a los proveedores a conocer numerosas formas de compra, generando un costo de información que no todos los actores del mercado podrían abordar, señaló la entidad.

Asimismo, se constató que los órganos del Estado cuentan con pocos mecanismos de compra, en comparación a lo observado en países de la OCDE, lo que podría estar excluyendo formas de adquirir bienes y servicios posiblemente más eficientes y competitivas.

Las dos últimas razones para iniciar el estudio se relacionan con el sistema de convenio marco. En primer lugar, no ha sido posible encontrar una justificación técnica pública que explique su duración de entre 3 y 8 años, indicó.

En segundo lugar, existe una regla técnica que permite descartar ofertas muy altas y muy bajas, en el marco de un concurso para formar parte de un convenio marco, lo que se podría traducir en una disminución de la competencia efectiva en la entrada a este mecanismo de compra.

De acuerdo al calendario definido para este análisis, la versión final del estudio será publicada durante agosto del próximo año, una vez que sean procesados los comentarios realizados por los interesados a la versión preliminar, que estará disponible en julio del 2020.