En la industria del corretaje era un tema desde hace tiempo, y ayer la Fiscalía Nacional Económica (FNE) tomó una determinación al presentar en contra Bci, un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por infracciones en el mercado de los seguros hipotecarios, además de proponer una recomendación normativa al Ministerio de Hacienda y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Así, la entidad acusó a Bci de infringir el artículo 3° del Decreto Ley 211 en el marco de la licitación del seguro colectivo de desgravamen asociado a sus créditos hipotecarios de 2017. En concreto, reclama que el banco excluyó arbitrariamente la oferta que contenía el menor precio, presentada por la aseguradora Rigel con los servicios de corretaje de Burgos, para declarar ganadora a una propuesta más costosa, presentada por la aseguradora BICE con los servicios de corretaje de Bci Corredores.

Así, la FNE acusa que Bci se benefició económicamente de una licitación que no operó en condiciones competitivas, todo ello en directo perjuicio de los deudores hipotecarios de este banco, asegura el requerimiento. La FNE pide al TDLC que se le aplique una multa a Bci de 3.500 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a cerca de US$3 millones.

"Analizaremos los antecedentes cuando seamos notificados del requerimiento, con la convicción de que en Bci velamos permanentemente por el cumplimiento del marco legal y normativo vigente", señaló ayer Bci.

Cambios normativos

La FNE realizó una recomendación normativa al Ejecutivo, pues determinó que "existen algunas disposiciones en la Ley de Seguros (Decreto con Fuerza de Ley N° 251, de 1931) y en la normativa sectorial que regula estas licitaciones que podrían desincentivar la competencia, particularmente entre las corredoras de este tipo de seguros", informó la FNE en un comunicado.

Las principales recomendaciones de la FNE dicen relación con que se permita que las aseguradoras decidan si concurrirán a una licitación con o sin corredor, regular específicamente los servicios esperables de un corredor en esta industria, esclarecer normativamente quién y de qué forma recaudará las primas y eliminar el derecho de reemplazo, que permite al licitante cambiar al ganador de la licitación por otro participante del proceso, según sus criterios e intereses.

En la actualidad, se permite que las entidades crediticias exijan a las aseguradoras participar junto a un corredor de seguros en sus licitaciones. Al respecto, la investigación detectó que cuando existe integración vertical entre la entidad licitante y un corredor, la intensidad competitiva en el servicio de corretaje es muy baja.

De hecho, se constató que sólo en 5,2% de las licitaciones de entidades que se encuentran verticalmente integradas se presentó una oferta que incluía la presencia de un corredor no relacionado, pese a que las comisiones cobradas por estos últimos son hasta 70% más bajas que las fijadas por un corredor perteneciente al mismo grupo que el banco licitante.

Según las estimaciones de la FNE, en caso de ser acogidas sus propuestas, podrían verse beneficiados más de 1 millón de deudores hipotecarios. De hecho, para el caso de un deudor promedio (que posee un saldo insoluto de UF 1.400 y una tasa de interés de 4%), se lograría un ahorro de entre $1.300 y $2.200 mensuales, lo que, proyectado a la extensión total de un crédito de 20 años, sumaría entre $310.000 y $530.000.

De acuerdo a estas estimaciones, la FNE calcula que, en el total de la industria, los deudores ahorrarían cada año entre US$28,2 millones y US$37,8 millones.