FNE propone revisar el número de trámites y funciones asignados a los notarios

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó este miércoles el informe preliminar del Estudio de Mercado sobre Notarios que comenzó en julio del año pasado. El documento, que estará disponible para comentarios hasta el 17 de julio, muestra el diagnóstico y las propuestas de la Fiscalía para mejorar la competencia en este mercado.

La FNE precisó que durante el estudio comprobó la hipótesis de falta de competencia planteada, que señala que "la intensidad de competencia en el mercado de notarios es insuficiente, existiendo espacios de mejora regulatoria para corregir este aspecto".

Ante ello el organismo propuso al gobierno una serie de medidas entre las que destacan revisar el número de trámites y funciones asignados a los notarios y modificar las normas de entrada al mercado, permitiendo el libre ingreso y creación de notarías.

El estudio revela que sólo 17 servicios concentran el 90% de la demanda notarial, que las personas tardan aproximadamente 1 hora y 13 minutos en realizar trámites notariales, que aquellas notarías que enfrentan mayor competencia tienen mejor calidad de servicio, que los aranceles vigentes no se cumplen, y que las rentas obtenidas por quienes prestan el servicio son elevadas, llegando a $14 millones mensuales, en promedio a nivel nacional, y a $24 millones promedio en Santiago Centro.

Luego, considerando la regulación vigente y la información sobre el funcionamiento de las notarías, se observó tres ámbitos principales en que se generan obstáculos para el funcionamiento competitivo del mercado. Éstos son las barreras legales de entrada para operar en el mercado, una regulación muy restrictiva en relación a la conducta comercial de los notarios y una regulación muy detallada en cuanto a la forma en que deben proveerse los servicios, lo que impide la innovación y el uso de tecnologías modernas.

Tomando en cuenta estos impedimentos, en el informe se realiza un cálculo de las rentas monopólicas, que se cifran en torno a los US$25 millones; las ineficiencias productivas, que son de aproximadamente US$80 millones; y los costos indirectos que se derivan del funcionamiento actual de las notarías, situados entre US$33 millones y US$44 millones. Por tanto, a nivel agregado se podría ahorrar entre US$138 y US$149 millones al año, o entre 88% y 95% de los ingresos del sistema notarial.

Tras realizar el diagnóstico del mercado, la FNE propone al gobierno una serie de modificaciones:

Se propone, como medida general revisar el número de trámites y funciones asignados a los notarios.

Modificar normas de entrada al mercado, permitiendo el libre ingreso y creación de notarías.

Modificar las reglas de conducta comercial de los notarios, entregando mayor libertad a los notarios para estructurar su negocio desde el punto de vista comercial.

Modificar las reglas que regulan la forma en que debe proveerse el servicio, manteniendo a nivel legal solo funciones u objetivos dejando la definición de los medios para lograr dichos objetivos a regulación administrativa.

Estandarizar la forma de generar, almacenar y transmitir información, permitiendo mejor interconexión con, por ejemplo, los Conservadores de Bienes Raíces.

Reemplazar el actual fiscalizador por uno nuevo que tenga jurisdicción en todo el país.

Realizar los cambios propuestos en relación con la estructura regulatoria de las funciones notariales, con la estandarización de la forma en que se genera, almacena y transmite la información, y con la modificación del ente fiscalizador.

Creación de una categoría "notarios certificadores" que se hagan cargo de las funciones primordialmente mecánicas bajo un esquema de mayor competencia.

Mantener a los notarios públicos actuales proveyendo los servicios de mayor importancia pública, pero modificando sustancialmente la forma en que se eligen.

El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, destacó que "este Estudio de Mercado es un gran avance para el análisis de este mercado, porque permite, de manera inédita, contar con datos reales sobre su funcionamiento y llevar a cabo una discusión de políticas públicas sobre el mercado de los notarios con miras a una eventual reforma legal".

Asimismo indicó que "el sistema notarial chileno no está a la altura de los tiempos y de la sofisticación de la economía chilena".

La investigación de la FNE consideró la revisión de literatura especializada y de información pública disponible sobre el mercado, pero también el uso de otras herramientas que permitieron acceder a información sobre el mercado. Así, por ejemplo, se encargó una encuesta al Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que fue aplicada en 77 notarías ubicadas en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, que permitió explorar el comportamiento competitivo de las notarías.

Adicionalmente, se solicitó a 20 de las 77 notarías consideradas en la encuesta, información sobre boletas emitidas, tamaño de la oficina, trabajadores y antecedentes tributarios. Asimismo, se pidió al Servicio de Impuestos Internos (SII) información tributaria agregada sobre los notarios divididos por zonas del país.

Durante la realización de este estudio, la Fiscalía contó con la asesoría de los abogados Enrique Barros y Felipe Bulnes y de los economistas Claudio Agostini y Eduardo Engel.

Adicionalmente, la FNE encargó dos informes sobre diversos aspectos del estudio. Uno lo realizó el abogado y profesor de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Roger Van den Bergh, reconocido como una autoridad internacional en sistemas notariales. El otro, el experto en políticas tecnológicas y gobierno electrónico, Alejandro Barros.